{mosimage}SB-Noticias.- Las Agrupaciones sindicales de la Policía Canaria, tanto de FSP-UGT como de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), que representan a más del 75% de los cerca de 3600 funcionarios de la Policía Local que existen en Canarias, han acordado presentar un texto conjunto para la reforma de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, que fue aprobada por el Parlamento Canario en el año 1997.
Fruto de los acuerdos adoptados en la comisiones de coordinación de Policías Locales de Canarias, órgano consultivo, deliberante y de participación en materia de Policías Locales, con presencia del Gobierno de Canarias, de la FECAM y los representantes sindicales, se acordó comenzar una muy necesaria modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales, que tras muchos años en vigor, requiere una actualización para su convergencia con los cambios normativos y jurisprudenciales, así como su la adaptación a la realidad social de Canarias y de un colectivo policial formado por más de 3.500 efectivos.
A partir de ahí, desde la Agrupación de la Policía Canaria de la FSC-CCOO y de la FSP-UGT suscribieron el pasado 23 de febrero de 2015 una ambiciosa, pero realista y trabajada propuesta de modificación de la Ley, de acuerdo con las propuestas elevadas por muchos profesionales del sector de la Policía Local de Canarias, discutidas y consensuadas entre ambas organizaciones sindicales.
Se trata de una Ley necesaria para la adecuada y completa organización estatutaria de la Policía Local en Canarias, da cumplimiento a lo establecido por el mandato constitucional así como de reiterada jurisprudencia reciente, mejora las condiciones de trabajo y de vida de los miembros de la Policía Local en Canarias que dispondrán de más derechos y estarán mejor protegidos y es una iniciativa que reviste un carácter histórico ya que dota de acciones que mejoran la seguridad de los Canarios, de los visitante y de los propios profesionales.
Para ello se propone modificar, actualizar, armonizar o incorporar aspectos tan importantes como son el ámbito de actuación policial, el ámbito competencial y de coordinación, la formación policial unida a la necesaria carrera profesional, las situaciones administrativas como la segunda actividad y la jubilación, las escalas y empleos así como los sistemas de provisión de puestos de trabajo, la financiación de las Policías Locales por el Gobierno de Canarias, las medidas relativas a riesgos laborales, y muchos más aspectos de relevancia. Para ello se plantea la modificación de 33 artículos de los 56 artículos que tiene la Ley actual y la introducción específica de un capítulo para proteger la salud laboral de los funcionarios policiales. La mayor modificación presentada desde su aprobación en 1997.
Además, la propuesta presentada asume los principios de la Ley Orgánica 3/2007, y se hace especial referencia a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador de la interpretación y aplicación de sus preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, formación, promoción profesional y condiciones de trabajo.
Una de las novedades de esta modificación, que se plantea, es la referencia expresa a los derechos de los policías locales, destacando el respeto a la dignidad en el trabajo y, especialmente, frente a situaciones de acoso laboral o sexual.
El nuevo texto contempla también la exigencia de nuevas titulaciones para el ingreso en las diferentes categorías profesionales con el objetivo de adaptarse tanto al ‘Plan Bolonia' como al nivel educativo del país. Será necesario estar en posesión del título universitario de grado para acceder a la Escala Superior y ejecutiva y del título de Bachiller para ingresar en la Escala Básica.
La propuesta incluye la posibilidad de ascender a la categoría superior a la que se ostente dentro del mismo grupo profesional o escala por cualquiera de las dos modalidades, meritos y concurso-oposición, eliminando las limitaciones actuales para el ascenso a oficial de Policía, posibilitando así el rejuvenecimiento de los cuadros de mando y propiciando una progresión más rápida en la carrera profesional.
En la propuesta se fijan las bases de la estructura de la Policía Local, como cuerpo ordenado jerárquicamente. Se mantienen las mismas escalas, y categorías, con una única excepción en la Escala Básica donde se crea la categoría de oficial mayor enclavada en el nuevo Grupo B, establecido en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. A esta categoría podrán acceder los funcionarios que tengan el título de Técnico Superior o equivalente.
Se regula la movilidad en igualdad de condiciones entre todos los funcionarios policiales de Canarias, estableciendo unos requisitos mínimos a los funcionarios y unas obligaciones mínimas a las Entidades Locales, para impulsar y mejorar la movilidad de los Policías Locales en igualdad de condiciones.
Queda establecido que los municipios que por especiales circunstancias tengan sobre carga de servicios policiales en determinadas épocas del año, que no requieran un aumento de la plantilla de Policía Local, podrán reforzarla por medio de convenios bilaterales, con otros municipios, con el fin de que los Policiales Locales de éstos, puedan actuar en el término municipal del solicitante, por un tiempo determinado y en régimen de comisión de servicios, con las máximas garantías jurídicas y reconocimiento de los derechos a los funcionarios policiales.