Por: Jaime Bethencourt Rodríguez. Miembro de Intersindical Canaria-Salud
Nuestro sentimiento de solidaridad con todas las personas damnificadas por los incendios forestales ya extinguidos y con las de aquellos otros que aún hoy castigan a las poblaciones de Ávila, Madrid y Toledo. Nuestro reconocimiento a la sacrificada y meritoria labor de los equipos de bomberos y colectivos de auxilio. Nuestra consternación por la inmensa catástrofe ambiental que supera cualquier siniestro forestal anterior y que nos retrotrae, aunque a menor escala, a otra importante pérdida de la biodiversidad que supuso para el País canario el incendio del pasado 2023 en Tenerife.
La nueva ola de incendios forestales que azota a la Península ibérica, nunca antes vista en su voracidad y destrucción, está evidenciando la incapacidad de los medios técnicos y humanos para su control, y con ello, el inconmensurable número de hectáreas de bosque y vegetación calcinada, el confinamiento o evacuación de los habitantes de pueblos y ciudades, además de la pérdida de viviendas, propiedades y medios de subsistencia, especialmente lesiva para todas aquellas personas con escasos recursos y dependientes del medio rural.
Estas tormentas de fuego suponen un antes y un después en este tipo de siniestros al evidenciarse la difícil operatividad de las medidas de extinción y, ante ello, la necesidad imperiosa de que los organismos públicos asuman como tarea urgentísima la intensificación y ampliación de las medidas preventivas que los eviten, empezando por la revitalización integral del medio rural.
El cambio climático, y con él las más largas e intensas olas de calor que alientan los incendios, provocan la desaparición de la masa forestal oxigenante e intensifican el calentamiento mediante la emisión de CO2, provocando una espiral contaminante de alta letalidad para el medio natural y las personas.
En las actuales y dramáticas circunstancia, queremos resaltar que las llamas están contando con unos cómplices de excepción que son los negacionistas del cambio climático, quienes desde el espacio ideológico de la derecha, una vez logran el control de las corporaciones locales y gobiernos autonómicos, precarizan los equipos de profesionales y los medios para la prevención y extinción de la llamas, además de reducir drásticamente los presupuestos para las actividades públicas de protección ambiental y de gestión forestal. Por tanto, no es casual que, en esta crisis infernal, el gobierno de Madrid aparezca también señalado como enemigo público, ahora en materia de conservación medioambiental y lucha contra el cambio climático.
Con carácter general, pese a las declaraciones gubernamentales de emergencia climática, las medidas oficiales no han ido mucho más allá de simples poses ambientalistas, sin que se haya apostado decididamente por acciones siquiera paliativas que al menos amortigüe el cambio climático y sus efectos destructivos.
Así, cada año, la Cumbre del Clima reúne hipócritamente a los gobiernos responsables de la contaminación, quienes escenifican su indiferencia para frenar el calentamiento de la tierra, mientras se eleva a velocidad de vértigo el número de personas que sucumben por efectos directos del envenenamiento global. Un trágico panorama este que circunscrito al país canario adquiere también tintes apocalípticos por la acelerada y creciente destrucción de su biodiversidad, mediante el salvaje desarrollismo turístico y la extrema densidad poblacional en un frágil territorio que ha hecho también de nuestro espacio marítimo un nauseabundo espacio de aguas residuales y contaminadas.
Aquellos que desde los círculos del poder en el País canario continúan con su política de tierra quemada, arruinando y promoviendo esta orgía alojativa destructiva, no son menos culpables que aquellos otros negacionistas confesos. Será por ello por lo que, salvando sus macabras simulaciones ecológicas, los de Coalición Canaria unen sus letales programas medioambientales a los del PP para, pronto, muy probablemente hacerlo también con los de VOX.