Por: Manuel Marrero Morales. Miembro de Europa Laica
Tuve la curiosidad de escuchar el discurso-sermón del papa ante los representantes elegidos democráticamente y hablaba de la diferencia entre la realidad y el mundo de las ideas, a la par que apelaba a la libertad de conciencia; pero olvidándose de los ingentes privilegios de los que goza la Iglesia católica en este país. Se necesita más coherencia entre el decir y el hacer.
La libertad de conciencia es uno de los pilares de cualquier democracia avanzada. Sin ella resultan difíciles de ejercer plenamente otras libertades fundamentales como las de pensamiento, expresión, participación política o creación cultural. Sin embargo, continúa siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático.
Con frecuencia, este derecho se reduce al ámbito de la libertad religiosa. Pero la conciencia humana abarca mucho más: incluye también convicciones filosóficas, éticas, humanistas, ateas, agnósticas o cualquier otra forma de entender el mundo. Una sociedad democrática debe garantizar la igualdad de todas estas opciones, sin privilegios ni discriminaciones.
Por ello es necesario aprobar una verdadera Ley de Libertad de Conciencia que desarrolle los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y neutralidad institucional. No se trataría de una ley contra las religiones, sino de una norma a favor de la libertad de todas las personas, crean o no crean.
Esta reivindicación cuenta con una larga trayectoria. Europa Laica viene defendiendo desde hace años una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que sustituya el marco limitado de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. La organización elaboró una propuesta legislativa propia, presentada y debatida con diversos grupos parlamentarios y actualizada para responder a los cambios sociales de las últimas décadas. Sin embargo, pese a los compromisos expresados por distintas fuerzas políticas, el Estado español sigue sin contar con una legislación que reconozca plenamente este derecho y garantice su ejercicio efectivo en condiciones de igualdad.
La necesidad de esta reforma resulta evidente cuando observamos algunas anomalías que aún persisten. Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 continúan otorgando un tratamiento singular a la Iglesia católica; la enseñanza confesional de la religión mantiene una presencia privilegiada en el sistema educativo; y las administraciones públicas siguen financiando, promoviendo o participando en numerosos actos de carácter religioso. Estas situaciones son difíciles de conciliar con el principio de neutralidad que debe caracterizar a un Estado verdaderamente democrático.
Una Ley de Libertad de Conciencia debería garantizar el derecho de toda persona a creer, no creer o cambiar de creencias sin sufrir discriminación alguna; reforzar la neutralidad de las instituciones públicas; asegurar una educación basada en el conocimiento científico, el pensamiento crítico y los valores democráticos; proteger a la ciudadanía frente a cualquier forma de imposición ideológica o religiosa desde los poderes públicos; y reconocer plenamente las ceremonias civiles para quienes opten por ellas.
Desde Europa Laica defendemos que la libertad de conciencia constituye el fundamento de un Estado laico. La laicidad no es una ideología ni una creencia alternativa, sino un principio democrático que garantiza la separación entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas, así como la igualdad de derechos de toda la ciudadanía. Allí donde existen privilegios para determinadas creencias, la libertad de conciencia se debilita; allí donde el Estado actúa con imparcialidad, la libertad de todos se fortalece.
El Estado español ha experimentado importantes avances democráticos en las últimas décadas. Pero la construcción de un espacio público plenamente neutral, inclusivo y respetuoso con la diversidad de convicciones sigue siendo una tarea pendiente que, siendo coherentes, no debe caer en el olvido como consecuencia de la visita papal. Una Ley de Libertad de Conciencia no otorgaría privilegios a nadie; simplemente garantizaría que todas las personas fueran tratadas con la misma dignidad, el mismo respeto y los mismos derechos. Y esa es una exigencia democrática que ya no debería seguir esperando.