Por: Manuel Marrero Morales
Desde hace años venimos denunciando que la permanencia en las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife del monumento dedicado al dictador Francisco Franco constituye una anomalía democrática difícilmente justificable en una sociedad que se reclama comprometida con los derechos humanos, la memoria de las víctimas y los valores constitucionales.
No se trata de una controversia reciente ni de una reivindicación aislada. Durante años, asociaciones memorialistas, colectivos ciudadanos, historiadores y numerosos representantes públicos hemos reclamado la retirada de este monumento del espacio público. Se han promovido iniciativas en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Cabildo de Tenerife y en el Parlamento de Canarias; se han impulsado campañas de recogida de firmas y se han sucedido declaraciones públicas exigiendo el cumplimiento de la legislación memorialista estatal y autonómica.
Frente a estas demandas, personas como el Alcalde Bermúdez (Coalición Canaria) y el primer Teniente de Alcalde Carlos Tarife (Partido Popular), entre otros y bajo los auspicios de la Asociación San Miguel Arcángel, han mantenido una estrategia orientada a garantizar la permanencia del monumento, llegando a promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Una pretensión difícilmente compatible con la naturaleza y el significado de una obra concebida para exaltar la figura del responsable del golpe militar de 1936 y de la dictadura que sometió a España durante casi cuatro décadas.
Sin embargo, los hechos han terminado imponiéndose a los intentos de reinterpretación histórica. El Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas de Canarias, elaborado por especialistas de la Universidad de La Laguna, identificó claramente el carácter de exaltación franquista del conjunto escultórico. A ello se han sumado recientemente dos pronunciamientos de enorme relevancia. En abril de 2026, la Ponencia Técnica de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó por amplia mayoría que el monumento reuniera los valores excepcionales exigidos para ser declarado BIC. Posteriormente, el 11 de junio de 2026, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar definitivamente su declaración como Bien de Interés Cultural, con dieciséis votos en contra, una abstención y ningún voto favorable.
Estos acuerdos representan un contundente varapalo para quienes pretendían blindar el monumento bajo una supuesta protección patrimonial. Pero, sobre todo, desmontan el principal argumento utilizado durante años para justificar la inacción institucional. Si el monumento no reúne los valores patrimoniales necesarios para ser protegido y si su significado histórico está vinculado inequívocamente a la exaltación de la dictadura, ya no existen razones objetivas para mantenerlo ocupando un lugar de honor en el espacio público.
La cuestión no es únicamente política o moral. Es también una obligación legal. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece en su artículo 35 la obligación de retirar elementos, símbolos y monumentos que exalten personal o colectivamente la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. Por su parte, la Ley Canaria 5/2018 de Memoria Histórica contiene mandatos similares para las administraciones públicas del archipiélago. Ambas normas imponen a las instituciones el deber de actuar y no dejan margen para la perpetuación de símbolos de exaltación franquista en espacios públicos.
Quienes defienden la permanencia de este monumento suelen recurrir a argumentos artísticos o patrimoniales. Nadie cuestiona que las obras y los testimonios históricos deban conservarse cuando poseen interés documental. Pero conservar no significa homenajear. Una democracia puede preservar elementos del pasado en museos o espacios de interpretación, contextualizados críticamente, sin mantenerlos como símbolos visibles de reconocimiento público. Lo que resulta incompatible con los valores democráticos es que una obra erigida para glorificar a un dictador continúe presidiendo uno de los espacios más emblemáticos de la capital tinerfeña.
Como diputado del Parlamento de Canarias tuve ocasión de impulsar iniciativas dirigidas a la retirada de este monumento y al cumplimiento efectivo de la legislación memorialista. Lo hice convencido de que la memoria democrática no es una cuestión del pasado, sino una responsabilidad del presente. Una sociedad democrática no puede rendir honores públicos a quienes destruyeron la legalidad democrática, persiguieron las libertades y condenaron a miles de personas a la cárcel, el exilio o la muerte.
Los recientes acuerdos de los órganos de patrimonio deberían cerrar definitivamente un debate que se ha prolongado durante demasiado tiempo. Las excusas administrativas se han agotado. Los informes técnicos son concluyentes. La legislación es clara. Y la exigencia democrática resulta inaplazable. El monumento a Franco no es BIC, no es patrimonio: es un símbolo franquista.
Por ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como titular del monumento, junto con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y las administraciones estatales competentes, deben proceder sin más demora a dar cumplimiento a la legalidad vigente y culminar la retirada de este símbolo franquista del espacio público. No hacerlo supondría incumplir el mandato de las leyes de memoria y perpetuar una situación incompatible con los principios democráticos que nuestras instituciones están obligadas a defender.
La calidad de una democracia también se mide por los símbolos que decide mantener en sus plazas y avenidas. Sesenta años después de su inauguración y más de cuarenta años después del fin de la dictadura, ha llegado el momento de retirar definitivamente de las Ramblas de Santa Cruz este monumento a la infamia y sustituirlo, como propuesta, por un espacio ciudadano de memoria, reconocimiento y dignidad para las víctimas del franquismo.