Por: Red Feminista de Gran Canaria
Hay responsabilidades que no pueden maquillarse con notas de prensa, excusas o promesas aplazadas una y otra vez. Y una de ellas es la responsabilidad política frente a las violencias machistas.
Canarias atraviesa una situación alarmante. Las cifras de violencia de género siguen creciendo, las denuncias aumentan, los recursos especializados continúan saturados y las mujeres siguen siendo asesinadas. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias insiste en transmitir una imagen de normalidad institucional que no se corresponde ni con los datos ni con la realidad que sostienen cada día profesionales, asociaciones y víctimas.
Porque cuando hablamos de violencia machista no hablamos únicamente de estadísticas. Hablamos de mujeres asesinadas, de otras que esperan atención psicológica y de miles que viven vidas atravesadas por el miedo. Hablamos de menores expuestos a violencia vicaria, de adolescentes creciendo entre discursos misóginos cada vez más violentos y de profesionales desbordadas que sostienen recursos públicos gracias al esfuerzo individual y no por una planificación institucional real. Hablamos de prevención que no llega, de campañas inexistentes, de formación insuficiente y de estructuras públicas que llevan demasiado tiempo funcionando mal por inercia.
Y precisamente por eso resulta especialmente grave la situación del Instituto Canario de Igualdad y de la Consejería dirigida por Candelaria Delgado.
Durante meses, colectivos feministas y profesionales del sector han advertido de una parálisis evidente en las políticas públicas de igualdad. No hablamos de diferencias ideológicas ni de disputas partidistas. Hablamos de hechos: proyectos paralizados, fondos sin ejecutar y una ausencia casi absoluta de liderazgo político en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.
El propio Gobierno ha reconocido retrasos en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, justificándolos por problemas administrativos, falta de personal y cambios de protocolos ministeriales. Pero mientras las explicaciones se acumulan, el tiempo pasa. Y cuando las políticas públicas contra las violencias machistas se retrasan, quienes pagan las consecuencias son las mujeres.
La pregunta es sencilla: ¿cómo puede sostenerse que la lucha contra la violencia machista es una prioridad mientras los fondos destinados precisamente a combatirla siguen sin ejecutarse?
Porque a día de hoy seguimos sin conocer con claridad por qué los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género de 2026 no se están utilizando realmente, qué proyectos concretos están en marcha con los remanentes o cuál es el plan efectivo para responder a una situación que el propio Gobierno reconoce como preocupante.
Lo que sí sabemos es que asociaciones, recursos vitales y profesionales del sector han sufrido recortes importantes en los últimos años. Lo que sí sabemos es que programas de prevención y sensibilización han desaparecido o se han reducido drásticamente. Lo que sí sabemos es que las campañas públicas parecen limitarse a fechas concretas mientras la violencia permanece todo el año. Y, desde luego, lo que sí sabemos es que a las mujeres nos siguen matando: 115 mujeres asesinadas en Canarias desde que las contamos.
También sabemos otra cosa: este problema estructural no se arregla solo, ni con minutos de silencio ni con palabras vacías.
No basta con abrir centros si no se garantiza una buena atención, procedimientos eficientes y estabilidad. No basta con anunciar recursos si no se dotan de personal suficiente. No basta con decir que existe “muchísima actividad” si esa actividad no tiene impacto visible en las aulas, en la sanidad, en la justicia o en la vida cotidiana de las mujeres.
Las aulas siguen sin contar con estrategias sólidas de coeducación y prevención de violencias machistas. El profesorado continúa reclamando herramientas y formación específica. Los comités de igualdad sobreviven sin apoyo real. La formación especializada desaparece mientras crecen los discursos reaccionarios y antifeministas entre jóvenes y adolescentes. Los recursos de atención siguen funcionando bajo mínimos y las profesionales sostienen estructuras enteras sin respaldo suficiente.
Todo esto ocurre mientras desde el Gobierno se insiste en trasladar la idea de que “todo funciona” y en preocuparse más por las ratas que por las mujeres.
Y precisamente porque hablamos de violencia machista no podemos permitirnos la normalización de la inacción institucional. No podemos aceptar que la gestión de la igualdad quede atrapada entre retrasos administrativos, vacíos políticos y campañas superficiales. No podemos seguir tratando las políticas feministas como un espacio secundario que depende del momento político o de la voluntad individual de quienes ocupan cargos públicos.
Las políticas de igualdad salvan vidas. La prevención salva vidas. La educación feminista salva vidas. La coordinación institucional salva vidas. La financiación sostenida salva vidas.
Y cuando esas políticas desaparecen, se vacían o se retrasan, también debería haber consecuencias políticas.
Por eso no hablamos únicamente de mala gestión. Hablamos de responsabilidad institucional. Porque gobernar implica priorizar. Y hoy la sensación que atraviesa a buena parte del movimiento feminista canario, de las profesionales del sector y de muchas mujeres es profundamente preocupante: la igualdad ha dejado de ser una prioridad política real para este Gobierno.
Canarias no necesita discursos triunfalistas. Necesita transparencia, planificación, recursos ejecutados y políticas públicas feministas serias, sostenidas y valientes. Necesita liderazgo político real. Y, sobre todo, instituciones capaces de entender que frente a las violencias machistas no basta con reaccionar cuando hay titulares.
Porque cada retraso, cada fondo sin ejecutar, cada campaña que no llega y cada recurso debilitado tiene consecuencias concretas sobre la vida de las mujeres. Y exigimos responsabilidad política frente a ello.