La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, anunció en sede parlamentaria la intención del Gobierno regional de solicitar a Europa la inversión necesaria para poder finalizar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
Según indicó Santana, “actualmente, el Plan de Infraestructuras se encuentra aproximadamente a la mitad de su desarrollo y haría falta para terminarlo unos 71 millones de euros más”. “Si conseguimos que Europa preste la financiación para la finalización del Plan –explicó- sería muy beneficioso tanto para Cabildos, como para el Gobierno y, en definitiva, para la ciudadanía canaria y permitiría a Canarias ir saldando el actual déficit de plazas sociosanitarias”.
“Esto nos permitiría, además, derivar la inversión hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados, con residencias más pequeñas y de proximidad, comunidades residenciales de servicios compartidos tipo cohousing, potenciar la ayuda a domicilio e incrementar la digitalización y nuevas tecnologías en los servicios asociados a las personas mayores”, adelantó la consejera del área.
Hay que recordar que el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 (ahora 2022) de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta unos 160 millones y los Cabildos los 100 millones restantes. Ante la situación de pandemia, que obligó a paralizar la consejería de Derechos Sociales amplió el plazo de ejecución del citado Plan para los Cabildos hasta finales de 2022.
El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.
Este fue uno de los asuntos abordados hoy en sesión plenaria por la consejera de Derechos Sociales, en una sesión donde se realizó un balance de gestión de su departamento. En su intervención, Santana recordó las diversas medidas impulsadas por su equipo en el último año. A este respecto, aclaró que a finales de mes se llevará al Parlamento el proyecto de ley de Renta Ciudadana. Así, una vez que esta sea probada en el la Cámara regional complementará al Ingreso Mínimo Vital del Estado. “Estas dos rentas, juntas, permitirán sacar de la pobreza a esas 50.000 personas y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta que se apruebe, hemos permitido que la ciudadanía pueda seguir solicitando la PCI y que ambas prestaciones sean complementarias en su totalidad”, explicó la consejera del área.
En relación a la PCI, hay que recordar la modificación realizada por el Ejecutivo que permitió ampliar de 5.000 familias que se beneficiaban de esta ayuda, a las más de 8.000 familias actuales.
A esta medida hay que sumar otras como el desbloqueo de los 12 millones de euros correspondientes a los fondos de pobreza, el adelanto de la financiación a los ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y las medidas de mejora en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.
“Nuestro objetivo, con la situación de la que partíamos cuando asumimos la responsabilidad al frente de la Consejería de Derechos Sociales y la crisis social que trajo consigo la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19, no ha sido otro que gestionar más y mejor”, sentenció la consejera.