Todos los principios de año, desde 2011, nos enfrentamos a estadísticas, estudios y análisis sobre el envejecimiento de la población española, el imparable aumento –efectivo o previsible– de las pensiones y los pocos ingresos que recibe el Sistema Público de Seguridad Social.
Es una técnica utilizada por los diferentes gobiernos para generar una inquietud social imprecisa y persuadir a la opinión pública de que las pensiones no son sostenibles, recomendando a los pensionistas actuales que se conformen con la subida del 0.25% –en vez de adecuar esta subida al IPC– y a las nuevas generaciones que complementen con planes privados sus futuras prestaciones, para así poder generar una pensión digna.
Además, se nos sigue asustando con que el Tesoro Público nuevamente en este año 2018 tiene que hacer un préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social, para hacer frente a las pagas extra (como hizo otro de 10.100 millones en 2017), pues en el Fondo de Reserva únicamente quedan 8.000 millones de euros.
Todo esto es humo, una cortina de humo creada por el capitalismo y los despropósitos e incapacidad del Gobierno del PP para cambiar sus políticas, que siguen el camino marcado en 1994 por el Banco Mundial, haciéndonos creer que el sistema de pensiones públicas no es sostenible y que la causa de que la Seguridad Social se encuentre en números rojos es debida únicamente al desempleo de los últimos años y a la consiguiente bajada de las cotizaciones.
Nuestro sistema público de pensiones se caracteriza por la solidaridad intergeneracional, de manera que los trabajadores activos contribuyen a abonar con sus cotizaciones las prestaciones de los actuales pensionistas, y lo que sobra “teóricamente” pasa a engrosar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Según lo acordado por el Pacto de Toledo en 1995, el Sistema de Seguridad Social solo tenía que abonar las pensiones contributivas, estando las pensiones asistenciales o no contributivas y los complementos a mínimos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero esto no ha sido así; un Informe de la Intervención General de la Seguridad Social (órgano gestor contable del organismo) ha cuantificado que de 1990 a 2012 las arcas de la Seguridad Social financiaron con 72.371,5 millones de euros los complementos a mínimos, responsabilidad de los PGE. Nunca se ha compensado a la Seguridad Social por este gasto que no le correspondía.
Por otra parte, todos los gastos corrientes de bienes, servicios y nóminas que se generan en una Administración corren a cargo siempre de los PGE, a “excepción” de los derivados de la Seguridad Social.
En el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desvió 14.000 millones de euros de cotizaciones sociales para otros compromisos. Esta cantidad no se ha devuelto al Fondo de Reserva.
Además, aunque nunca se mencione, la Seguridad Social ha sido desde 2008 un “ente financiero” de empresas en crisis, mediante aplazamientos de recaudación de las cuotas sociales que han contribuido a mantener la liquidez de dichas empresas, amortiguando las dificultades económicas de buena parte de las mismas; lo que se ha dado tanto con gobiernos del PSOE como del PP.
A partir de 2012 el Partido Popular, no solo no corrigió esas políticas, sino que las incrementó de manera indiscriminada, bonificando las cotizaciones empresariales como medida de estímulo a la contratación laboral. En 2016 la Seguridad Social dejó de ingresar 2.100 millones de euros por estas reducciones directas de cotización, cantidad que superó en 500 millones a la que se dejó de percibir en 2015. El Estado no ha compensado tampoco esta pérdida de ingresos, que ni siquiera sirvió para conseguir el objetivo de incentivar la creación de empleo. Como se ha comprobado, la tasa de paro no se modificó sustancialmente esos años, pero, eso sí, los ingresos de la Seguridad Social sufrieron una notable reducción.
Y hay otros casos, por ejemplo, las compensaciones a los afectados por el terremoto de Lorca o a las víctimas de incendios u otras catástrofes naturales…; fines que nada han tenido que ver con el abono de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
Si los gobiernos de turno, no hubieran hecho un uso impropio del dinero de las cotizaciones sociales podríamos estar hablando de que el Fondo de Reserva tendría en estos momentos alrededor de medio billón de euros y no los 8.095 millones actuales. El Estado, los PGE y el Ministerio de Hacienda no están haciendo préstamos a la Seguridad Social para hacer frente a las pensiones; están devolviéndole unas cuantías que ya pertenecían por derecho al propio Sistema.
Como Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa de Sistema Público de Pensiones sacaremos a la luz cada cifra, cada mentira, cada manipulación que el Gobierno y sus fieles lacayos pretendan hacer para amedrentar a la población e inducirle a creer que nuestro Sistema no es sostenible.
Porque la Seguridad Social Pública no solo es sostenible, sino que es el mayor pilar del Estado de Bienestar y reformas como las del 2011 (PSOE) y 2013 (PP) perjudican mayoritariamente a todas las generaciones que, en un futuro próximo o más lejano, tengan la necesidad y/o el derecho de acceder a alguna de las prestaciones del sistema.
Queda clara la obligación de mantener –gobierne quien gobierne– unas pensiones públicas que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes a todas las personas que las necesiten.
*Victoria Portas es portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones