Acusan al Gobierno de presentarles hoy la propuesta de Presupuestos para 2018, «en un paripé para luego decir que los sindicatos le han dado el vistobueno».
Advierten de que van a tomar medidas. Se van a reunir con representantes de todos los grupos parlamentarios. Reclaman que es fundamental el aumento de las plantillas de empelados públicos, la consolidación de las condiciones laborales, hacer catálogos por Consejerías para poder dar la calidad asistencial necesaria.
Todas las organizaciones sindicales que conforman la Mesa general de Empleados Públicos de Canarias, en unidad de acción, han hecho un desplante al Gobierno de Canarias y se han levantado de la Mesa de Negociación donde el Gobierno habia llevado el borrador de la Ley de presupuestos.
Todos los representantes sindicales han informado en declaraciones a los medios de comunicación que hoy han decidido abandonar la mesa de negociación, dada la falta de voluntad de negociación manifestada por la administración. Afirman que una vez más este gobierno hace oídos sordos a las reivindicaciones realizadas por el conjunto sindical, e incumplen hasta el reglamento de la mesa, obviando la solicitud de las organizaciones sindicales quienes solicitábamos la convocatoria de una mesa en la que poder negociar propuestas de mejora para el empleo público, que también redundarían en la mejora de los servicios públicos ofertados a la ciudadanía.
Consideran que con esta forma de proceder, el Gobierno demuestra la falta de respeto hacia los empleados públicos y sus representantes, así como la falta de interés que tienen en mejorar los servicios públicos.
Recuerdan que el actual Gobierno -que se encuentra en minoría- se jacta de anunciar a diario una recuperación económica que no termina de verse reflejada en el sector público, ni en la calidad de la prestación de servicios ni tampoco en la recuperación de derechos perdidos tras las medidas de ajuste impuestas desde los distintos Gobiernos, para hacer frente a la crisis económica.
Mientras el señor Clavijo insiste en vender a la opinión pública un falso escenario de mejoría económica, Canarias se sitúa en el primer puesto de Europa con personas en riesgo de exclusión social (44,7 %), con un índice de paro que se acerca al 26% , con una población que ve sus procesos de enfermedad cronificados gracias a las interminables listas de espera sanitarias, y con un nivel de abandono escolar que supera con mucho las de la media del Estado español, con un inaceptable incumplimiento de la Ley de dependencia que obliga al ciudadano a estar hasta 4 años para que le sea concedida dicha prestación económica, con nefastas políticas sociales materializadas en el abandono institucional de menores , y un largo etc que coloca a nuestro archipiélago en una situación de grave fragilidad.
Los servicios públicos son los garantes de unos servicios universales ofrecidos a la ciudadanía,y estos se han visto gravemente afectados tras la aplicación de las medidas de ajuste en los últimos años, siendo los empleados públicos los que a pesar de los múltiples tijeretazos presupuestarios impuestos año tras año por la ley de presupuestos, han sacado con mucho esfuerzo y a duras penas el trabajo adelante. Justificándose en la crisis económica se han amparado en la reducción de personal en el conjunto del sector público, ocasionando ello graves perjuicios al ciudadano, que ve como sus derechos se incumplen de forma reiterada, en contra partida y dedocráticamente se han incrementado los puestos de confianza sin que ello sea valorado desde la misma perspectiva económica de restricción mantenida durante años al sector público.
Los empleados públicos no sólo han visto reducidas sus retribuciones mermando el poder adquisitivo, sino que a base decretazos e imposiciones se les han recortado multitud de derechos laborales, que a pesar de la mejoría económica anunciada por el gobierno no se ven recuperadas. Muchos de estos derechos suspendidos son tan básicos, como que se mantienen la suspensión de compra de ropa de trabajo para determinados empleados públicos, lo cual parece inadmisible. El incremento de la jornada de trabajo que lleva consigo un importante recorte de personal lleva apareado se hayan aumentado las cargas de trabajo, llegando en ocasiones a tener que desarrollar la actividad profesional en condiciones impensables.
Una de las fatídicas consecuencias del decretazo de Rajoy supuso la criminalización de la enfermedad de los empleados públicos, castigando duramente al empleado público que enferma, lo cual no se había producido jamás en la presente etapa democrática. Las siniestras intenciones operadas al respecto por el Gobierno del PP hayan, en el Gobierno de canarias un perfeccionamiento maquiavélico, pues han creado un servicio de inspección médica que no existe en ninguna otra comunidad del Estado español y que no pertenece al servicio canario de salud, que nosotros no dudamos en considerar como un comisariado político con batas blancas que se permite modificar diagnósticos emitidos por los médicos que atienden a los empleados, al objeto de que el descuento al estar en IT se produzca, pues existe un catálogo de enfermedades exentas de detracción económica cuando se padecen.
Tal injusta situación mantenida en el sector público durante años, unido a la desfachatez del actual Gobierno, que demuestra no tener interés en mejorar el servicio público y las condiciones laborales de sus empleados, es lo que provoca nuestra reacción. Es a partir de este momento cuando el conjunto de la representación sindical, en unidad de acción, estamos en disposición de anunciar que se ha roto la paz social, y estamos manteniendo reuniones en las que adoptar nuevas medidas de presión, que generen la respuesta social necesaria para que este Gobierno en minoría, cese en su comportamiento y realmente se pueda avanzar en la mejora del los servicios públicos y las condiciones laborales de los empleados públicos.