SB-Noticias.- Ningún servicio prestado por una administración pública es ajeno a una demanda por publicidad engañosa, contraria a las normas que regulan los derechos de los consumidores.
Los grupos municipales del Partido Socialista (PSC-PSOE), Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife firman una moción conjunta para que el pleno de la corporación suspenda la aplicación de la ordenanza que fija el copago en las Escuelas Infantiles Municipales para el curso académico 2016 – 2017.
Portavoces de los tres grupos opositores en la corporación defenderán en la sesión plenaria que se celebra este viernes, 30 de septiembre, que se den “los pasos legal y administrativamente necesarios para suspender la aplicación de la Ordenanza Reguladora de la Tarifa para la Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales para el curso académico 2016 – 2017”, tal como figura en el texto de la moción.
La iniciativa fue presentada esta mañana en rueda de prensa, con participación de las concejalas Elena Mateo (del PSC-PSOE) y Asun Frías (de Sí se puede) y el portavoz de la Plataforma de familias afectadas por el copago en las Escuelas Infantiles Municipales, Ángel Mesa. El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) no pudo estar presente en el acto informativo; sus compañeras de los otros grupos municipales insistieron en que la moción es impulsada por las tres organizaciones presentes en el pleno.
El portavoz ciudadano no dudó en calificar la publicación en julio de las tarifas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de “asalto vacacional”, una expresión que describe y se aplica a las publicaciones de leyes, ordenanzas y otros asuntos de interés público que cuentan con un amplio rechazo ciudadano, y se publican en periodos de vacaciones para evitar reacciones contrarias que puedan dejarlas sin efecto.
Mesa informó además que de las alrededor de 70 familias afectadas, en torno a 30 han presentado un contencioso administrativo para frenar la aplicación de la ordenanza que establece el copago del servicio de las Escuelas Infantiles Municipales en Santa Cruz, una medida que la mayoría de las personas afectadas se han negado a cumplir hasta ahora. “Esto es un problema social; estamos de acuerdo con que las familias con tarifa cero sean las primeras en acceder al servicio; para eso hay que hacer una ordenanza que lo establezca así”, dijo el portavoz ciudadano.
Las concejalas presentes en el acto destacaron que la clave del asunto del copago en las Escuelas Infantiles Municipales reside en la “ruptura de confianza” –en palabras de la socialista Elena Mateo–, a las familias afectadas por la fijación de una tarifa para acceder al servicio después de haberlas admitido como usuarias sin información sobre las previsibles condiciones en que este servicio se iba a prestar.
Esa confianza rota nace de la “publicidad engañosa” por parte del ayuntamiento, al difundir una nota de prensa que contenía “información falsa” en la que se indicaba que el servicio se mantendría con carácter gratuito, según explicó la ecosocialista Frías. “El grupo de gobierno municipal suele crear una realidad virtual a través de sus notas de prensa y este es un ejemplo clarísimo de cómo funciona ese mecanismo”, dijo la concejala de Sí se puede.
Ningún servicio prestado por una administración pública es ajeno al cumplimiento de las normas que regulan los derechos de los consumidores, según detalló Frías, de forma que esa publicidad engañosa es clave para frenar el copago en los tribunales.
Por su parte, la concejala socialista insistió en la cronología de los hechos, porque en ellos se evidencia la forma en la que han sido tratadas las familias afectadas: inscritas como demandantes del servicio en marzo, admitidas en junio y publicada en julio la ordenanza que cambiaba las condiciones del servicio al establecer el copago, cuando las familias ya no tenían posibilidades de buscar una alternativa.
Frías recordó que el derecho a la educación debe ser “universal y gratuito desde el nacimiento”, mientras que Mateo destacó que la injusta normativa sobre este servicio surge de decisiones del gobierno central del PP, que “por razones ideológicas, se ha propuesto eliminar los servicios públicos”.