Cree que esta es una de las consecuencias de la privatización
{mosimage}SB-Noticias.- Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acusó hoy al edil presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, de desentenderse de la situación laboral de las trabajadoras que prestan el servicio de atención a domicilio a través de la empresa Eulen.
La respuesta del concejal a esta pregunta, formulada en la Comisión de Control de este mes, dice que el contrato de gestión indirecta del servicio se ejecuta conforme a los pliegos de condiciones, “no correspondiendo a este organismo autónomo la tramitación o seguimiento de las condiciones laborales del personal perteneciente a la empresa adjudicataria del citado servicio”. Según Frías, esta respuesta es aceptable “desde un punto de vista técnico, pero no político, pues revela que Óscar García se desentiende por completo de un problema como es el de las condiciones laborales de personas que prestan un servicio municipal”.
Frías recordó la situación vivida a partir del verano de 2012, cuando la cooperativa Mararía dejó de prestar el servicio por una serie de irregularidades en la gestión de esta entidad. Al respecto, advirtió que el Ayuntamiento está obligado al control, fiscalización y seguimiento de la prestación de servicios –incluyendo los aspectos laborales–, como establece la ley de contratos públicos. “Las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras repercute directamente en la calidad de los citados servicios, cuyo último responsable es el propio Ayuntamiento”, señaló Frías.
No a la privatización
Por ello, Sí se puede siempre ha manifestado su oposición a la privatización de servicios –especialmente los sociales– y en 2012, cuando comenzó la crisis derivada del cierre de Mararía, ya propuso que la Corporación asumiera directamente la atención a los mayores del municipio. Sin embargo, esta recayó finalmente en una multinacional que, “como todas las de su clase, tiene como principal objetivo el obtener el máximo beneficio económico, lo que no suele coincidir con el máximo beneficio social”, denunció Frías.
La situación actual de las trabajadoras supone que, si bien el salario base es proporcionalmente el mismo con la nueva adjudicataria del servicio que cuando lo prestaba la cooperativa Mararía, dado que viene establecido por convenio, las trabajadoras no tienen ahora un contrato a jornada completa fijo, sino que les pagan según el número de horas trabajadas, lo que les genera inseguridad.
Como ejemplo de esta situación, Frías indicó que si una trabajadora va a una casa a realizar un servicio contratado y la familia no está, se queda sin cobrar esas horas. Además, en Mararía les pagaban un plus de transporte que ahora no reciben. Si bien recientemente se acordó el abono a las auxiliares de una hora semanal por traslados, en muchos casos esa cantidad no cubre ni por asomo el tiempo que tardan semanalmente en trasladarse a los domicilios donde prestan el servicio ni, muchísimo menos, lo que gastan en gasolina, añadió la concejala ecosocialista.