El Gobierno canario no se plantea modificar la pregunta de la consulta
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha señalado este jueves que el presidente autonómico, Paulino Rivero, ha instado al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, a que tome "cartas en el asunto" de las prospecciones en aguas cercanas a las islas y solicita la suspensión de estos sondeos hasta que exista un pronunciamiento judicial en firme.
Añadió que se pide a Rajoy que como presidente del Gobierno de España, y al margen de la instancia judicial, "suspenda esas prospecciones hasta que haya pronunciamiento judicial en firme debido al daño que se pueda producir entre tanto".
Asimismo, dijo, se le recuerda en esa carta que dicho planteamiento por parte del Ejecutivo canario "no es nuevo", ya que Rivero "se lo había efectuado personalmente" a Rajoy.
"Por tanto, el Gobierno de España no puede mantenerse al margen de este asunto. No se puede considerar un asunto meramente sectorial, de un Ministerio –de Industria–, que está rebasado por los acontecimientos y como presidente del Ejecutivo estatal –Rajoy– debe tomar cartas en el asunto en el sentido de suspender esas prospecciones", sentenció.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no se ha planteado modificar la pregunta de la consulta que preveía llevar a cabo el 23 de noviembre en relación a las prospecciones porque consideran que es "legal".
La pregunta que el Ejecutivo regional preveía hacer el 23 de noviembre en una consulta que ha sido recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC) dictaba así '¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?'. En relación a ello, Marrero ha incidido en que el Gobierno canario entiende que "es totalmente constitucional".
"El Gobierno no se ha planteado modificar la pregunta porque entiende que es totalmente constitucional no solo por la Carta Magna sino porque desarrolla el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la Ley de Participación Ciudadana. Por tanto, no tenemos necesidad de modificar algo de lo que estamos totalmente convencidos de que es legal", apostilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Asimismo, y cuestionado sobre que previsiblemente la empresa encargada de llevar a cabo los sondeos los iniciará antes de que el TC se pronuncie, ya que dispone de un plazo de cinco meses para ello, Marrero señaló que precisamente por ello el Gobierno autónomo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "la suspensión –cautelar– de las prospecciones porque los daños que puede ocasionar esas prospecciones son irreversibles y podrían producirse antes de que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto".
Por otro lado, al ser cuestionado si ya ha comenzado la encuesta que el Gobierno canario ha encargado a las universidades del archipiélago para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posición que el Ejecutivo regional ha adoptado sobre las prospecciones, Marrero en un principio afirmó que la "referencia" que tenía es que se habían iniciado, si bien acto seguido admitió que no tenía "constancia oficial" de que esto fuera así, tras ser cuestionado por el acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que no se habría suscrito aún.
De todos modos, matizó que el calendario de la encuesta depende de las universidades, si bien el Gobierno canario lo que ha hecho es encomendarlas para que realicen dicho cuestionario, apuntando que lo que sí se ha pedido es que la misma tenga un grado de confianza "del 95 por ciento para que sea representativa", de ahí que se prevé hacer a casi 3.000 personas.
COMUNICACIÓN PARA DEBATIR EN EL PARLAMENTO
Por otro lado, el Ejecutivo canario ha aprobado, en Consejo de Gobierno, una comunicación para solicitar la suspensión cautelar de los sondeos para que se debata en el Parlamento autonómico.
El escrito, indicó Marrero, recoge que "nadie entendería que los tribunales se pronunciaran una vez que se hayan realizado las prospecciones o, lo que sería peor, si mientras analizan si se han cumplido las condiciones formales y materiales que la normativa exige para este tipo de actividades peligrosas se produjera algún incidente", con consecuencias apuntó que "serían irreversibles dada la naturaleza altamente contaminante y peligrosa de la actividad".
Por ello, dijo, la comunicación recuerda los "riesgos" que entrañan las prospecciones para el medioambiente y la economía de Canarias, incidiendo en la "afección a la potabilización de agua, la contaminación acústica, lumínica y química asociadas al proceso de perforación y el riesgo de una fuga descontrolada de crudo (blowout) que llegaría a todas las islas", entre otras.
Asimismo, resalta que los riesgos económicos se centran en la "afección al turismo, principal actividad de Canarias", que recibe más de 13 millones de visitantes extranjeros anuales y que el Gobierno regional considera "puede verse seriamente perjudicada, ya que las prospecciones son incompatibles" con el modelo económico que se está desarrollando basado en las condiciones naturales y la biodiversidad.
La comunicación también recuerda los frentes políticos, judiciales y sociales que el Gobierno canario mantiene abierto.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha informado este jueves la declaración de la delimitación de los grabados rupestres de la Zona Arqueológica de la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que ya cuentan con el sello de Bien de Interés Cultural (BIC), atribuidos a la cultura aborigen de la isla, constituyendo un espacio cultural "único" al ser uno de los yacimientos arqueológicos "más espectaculares y enigmáticos" de Canarias, y que permitiría llevar a cabo el proyecto de Eduardo Chillida en la zona.
"Ese radio de 100 metros –de protección– entorno a esta zona es la que viene recogido en la Ley de Patrimonios de Canarias y efectivamente la idea es que sea compatible la protección adecuada de una zona, de una gran trascendencia en cuanto a la cultura aborigen, con otro tipo de actividades como la de observación que pudiera ser el proyecto, de tantos años, en la montaña de Tindaya", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En relación a la zona delimitada, señaló que la mayoría de los investigadores admiten su relación con el mundo mágico-religioso de la cultura preeuropea de la isla aunque con diversas interpretaciones que van desde impartir justicia hasta forma de posesión de un territorio, celebración de rituales de carácter mágico y astronómico.
De esta forma, a partir del perímetro establecido para la delimitación de la Zona Arqueológica grabados rupestres de la Montaña de Tindaya, se ha delimitado su entorno de protección, tal y como establece la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias, fijándose un entorno de 100 metros por considerarlo como criterio adecuado a estos efectos.
Este radio de protección, explicó, es el habitualmente usado por el Cabildo de Fuerteventura para delimitar los yacimientos declarados como BIC con la categoría de Zona Arqueológica. De esta forma, se le otorga a la Zona Arqueológica un espacio suficiente para su adecuada protección frente a intervenciones que repercutan en el bien, en su contemplación, estudio o apreciación de sus valores.
Así, señaló, se consigue el equilibrio entre la necesidad de crear un área de protección alrededor de la Zona Arqueológica que "garantice suficientemente el control sobre su entorno y la voluntad de no afectar a más espacio de lo estrictamente indispensable para su correcta" percepción, estudios e investigaciones que den a conocer en el futuro el significado de los grabados y la relación con su entorno más inmediato, al tiempo que permite "el disfrute de sus valores culturales y la visualización de los grabados, que sólo es posible desde su inmediata proximidad".
La Montaña de Tindaya está situada en el municipio de La Oliva, en el pueblo homónimo de Tindaya, y se caracteriza por su "gran valor paisajístico y geológico", contando con un grado de protección especial en la Ley de Espacios Naturales de Canarias adquiriendo la categoría de Monumento Natural en 1994.
En el nivel cultural, el elemento "más relevante y singular" de la montaña son los grabados rupestres con motivos podomorfos, atribuidos a la cultura aborigen de la isla, "merecedores de la máxima protección legal".
Los grabados, declarados BIC con la categoría de Zona Arqueológica, se localizan alrededor de la cima de la montaña, entre la cota 300 metros y la cúspide. Los grabados se presentan de forma individual, formado por un solo podomorfo o bien formando conjuntos de dos o más podomorfos, registrándose, según dicho inventario, un total de 111 grabados existentes en la Montaña, que contienen aproximadamente un total de 244 podomorfos y 8 incisiones en forma de líneas, concentrados alrededor de la cima, excepto dos grabados situados en la dorsal de la ladera sur de la montaña.
Asimismo, en la zona de los grabados de la cima existe material arqueológico compuesto por restos de cerámica, atribuida a la etapa aborigen, líticos, óseos y malacológicos, con perfiles estratigráficos "muy deteriorados y alterados por el paso de los visitantes a los grabados".