Reclama también que impulse la profunda transformación que precisa nuestra justicia
{mosimage}SB-Noticias.- Arcadio Díaz Tejera afirma que la situación actual de la justica en España es “muy negativa” y propone una serie de medidas alternativas al nuevo Ministro Catalá, tales como la derogación de la Ley de Tasas, una rectificación de la reforma de la Ley de Justicia Universal para que “vuelvan a la cárcel los 53 narcotraficantes que se han puesto en libertad”, reivindicar la Ley de Plazos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 y retirar la reforma del Código Penal y la tramitación parlamentaria de la Ley de asistencia Gratuita.
De hecho, Díaz Tejera ha iniciado su intervención haciendo hincapié en que “se hace urgente la apertura de un nuevo tiempo en el que el nuevo Ministro de Justicia proceda a una rectificación de raíz de las numerosas medidas desacertadas impulsadas por su antecesor en el cargo y de impulsar una gestión que pueda continuar la amplia transformación que precisa nuestra justicia”. Sin embargo, ha lamentado que con la ambigüedad mostrada por el nuevo ministro, que ha jugado “a la distracción y a las palabras vacías”, no cabe albergar grandes esperanzas y la realidad es que el futuro de la justicia y de nuestro Estado de Derecho “sigue estando en el aire”.
Díaz Tejera ha recalcado que si evaluamos la actual situación de la justicia en España, la conclusión que podemos sacar es “muy negativa”. “Se han puesto en marcha leyes que quitan el derecho a la tutela judicial efectiva, leyes que criminalizan a los ciudadanos que piensan de forma distinta al Gobierno y que se manifiestan en la calle y otra ley que pretendía quitar el derecho a decidir de las mujeres que, gracias a la presión social, se ha conseguido frenar”, señaló.
Durante su intervención, el senador del PSOE ha desmontado el engañoso anuncio realizado por el Presidente del Gobierno de incorporar 300 nuevos jueces para luchar contra la corrupción pues solo “se ha regularizado la situación de casi 300 jueces que llevaban bastante tiempo incorporados pero que esperaban un destino al no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. En la práctica, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen sino que, únicamente, se va a regularizar esta situación a efectos administrativos”.
Díaz Tejera también ha mostrado su extrañeza y dirigiéndose a la bancada del Grupo Popular les ha preguntado “¿qué sentido tiene suprimir el seguro de responsabilidad civil de los jueces”. En su opinión, quizás no es grave para quienes están en el Tribunal Supremo o en los tribunales superiores pero si es relevante para quienes están en la primera instancia de la carrera judicial, porque “errar es humano y se puede cometer algún error” y tener un seguro de responsabilidad civil es “una medida de prudencia”, subrayó, para seguir añadiendo: “No entendemos porque se ha suprimido este seguro a los jueces españoles”. “Supone un grado de crueldad, de un empecinamiento anti-juez que no entendemos”, remachó.
En la defensa de su moción, el portavoz socialista ha propuesto un bloque de iniciativas entre las que destacan la derogación de la Ley de Tasas, una rectificación de la reforma de la Ley de Justicia Universal para que “vuelvan a la cárcel los 53 narcotraficantes que se han puesto en libertad”, reivindicar la Ley de Plazos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 y retirar la reforma del Código Penal y la tramitación parlamentaria de la Ley de Asistencia Gratuita. Además, ha reclamado que se paralice la Ley de modificación del Poder Judicial, que se convoquen nuevas plazas judiciales, hasta alcanzar la media europea, como garantía del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y de lucha contra la corrupción y que se doten, a través de los Presupuestos, con medios humanos y materiales suficientes a los órganos judiciales.
Díaz Tejera ha lamentado que España se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante y que, además, la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados. En este sentido, ha detallado que España sólo destina un 0,9% de sus presupuestos al sistema judicial, frente a la media de los países europeos, que invierten un 2,2%, lo cual, a pesar de ser la quinta potencia europea nos sitúa en el puesto 45 del Consejo de Europa. “Gastamos 30 euros por habitante en materia de justicia cuando la media europea es de 60 euros, lo que nos hace estar en el puesto número 40” agregó.
Por otra parte, el portavoz del PSOE en Justicia ha recalcado que la efectividad del derecho de acceso a la justicia se ha entorpecido de forma notable con la “agresiva implantación de unas tasas judiciales que han vulnerado gravemente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia, por razones económicas, a amplios sectores de la población”.
Asimismo, Díaz Tejera ha cuestionado el proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita en un contexto de recorte presupuestario en relación al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos y ha añadido que “del mismo modo y de manera innecesaria, y en perjuicio del servicio público y de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, ha procedido a la privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles”.
Asimismo ha recriminado al Gobierno del PP que haya enterrado definitivamente la jurisdicción universal de los tribunales españoles con la modificación del artículo 23 de la LOPJ, dando un paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional.
El parlamentario del PSOE ha subrayado que la dimisión de Ruiz Gallardón como ministro fue un alivio para la justicia de nuestro país y ha insistido en que su etapa ha sido especialmente nefasta para nuestros juzgados y tribunales, para la independencia judicial y para los derechos fundamentales y las libertades públicas de nuestro país”. También ha apuntado que el anterior titular de la cartera de Justicia prometió un proceso de modernización de la administración de justicia pero desarrolló un acentuado proceso contrarreformista de claros tintes ideológicos predemocráticos que provocó la ralentización de la justicia en una sociedad lastrada por la crisis económica y los casos de corrupción.
Arcadio Díaz Tejera ha destacado que su gestión ha estado marcada por el sistemático recorte de elementos esenciales del servicio público de la justicia en nuestro país ejecutando severas reducciones presupuestarias a una administración de justicia que ya contaba con ajustados recursos. En este punto, ha hecho hincapié en la paralización de la creación de nuevas unidades judiciales, en la falta de cobertura de vacantes, la supresión de más de 1.200 plazas de jueces sustitutos o la incapacidad por organizar la nueva oficina judicial y en el hecho de que Gallardón recortó más de 200 millones de euros a la justicia y no creó ni un solo juzgado nuevo en tres años. “El ataque más socialmente inaceptable del ya exministro Ruiz Gallardón a los derechos fundamentales ha sido su frustrada reforma de la Ley del Aborto que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior” remachó.
También ha reprochado al Ejecutivo que, en materia de libertades, impulsó una reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad, conocida como “prisión permanente revisable”.
Finalmente, la propuesta socialista, a la que se ha sumada una enmienda añadida por el Grupo Mixto, ha sido rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular con 147 votos en contra, frente al resto de los grupos parlamentarios -85 votos a favor y 15 abstenciones-.