{mosimage}El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez, ha acusado al Estado de pretender impedir que el Ejecutivo regional dé una respuesta "legítima" a las singularidades educativas de las islas y ha afirmado que el Gobierno central ha puesto en marcha el procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley Canaria de Educación no Universitaria.
Así lo entiende el Ejecutivo canario del proceso que ha iniciado la Administración estatal, a través de sus Ministerios de Hacienda y Educación, apuntando discrepancias en relación a 17 puntos recogidos en el documento y que podría acabar en un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional de la norma autonómica.
En concreto, los puntos de desacuerdo señalados por el Ministerio se refieren a los artículos 29.6 y 29.7, sobre educación infantil; 30.3 y 30.5.a de Educación Primaria; 31.3 de Educación Secundaria Obligatoria; 33.6, 33.13.a y b sobre Formación Profesional; 63.3 y 63.5 sobre el acceso y el ejercicio de la función pública docente; 64.3, de formación y promoción de la carrera docente; 68.1, 68.2, 68.3 y 68.4 de evaluaciones de diagnóstico y las disposiciones adicionales tercera, de estabilidad laboral del personal interino, y sexta, sobre el sistema retributivo.
"El Estado duda de que Canarias pueda ejercer su margen legal de competencia autonómica cuando nuestra Comunidad intenta dar una respuesta educativa legítima adaptada a las características propias de estas Islas", manifestó Pérez.
Para Pérez, el Gobierno regional ha actuado respetando escrupulosamente la normativa básica del Estado. "En ningún caso –agregó– la contradecimos, pero allí donde entendemos que dicha normativa es mínima e insuficiente para atender las singularidades canarias, desarrollamos nuestra capacidad legal de actuación, como se hizo con la Ley aprobada por el Parlamento de Canarias".
Aspectos planteados en la Ley canaria como la regulación por parte del Gobierno autonómico de la participación del Archipiélago en las evaluaciones de diagnósticos nacionales e internacionales, la convocatoria con carácter provisional de puestos de trabajo docentes laborales, las competencias autonómicas en la regulación del primer y segundo ciclo de educación infantil, el arbitrio por la Comunidad de fórmulas para favorecer la estabilidad de interinos de más de 55 años y 5 años de servicio o el reconocimiento y retribución del profesorado en los términos que se definan en los órganos de negociación correspondientes, "que no contradicen en ningún caso la norma básica, no son motivos para recurrir estos artículos".
"Vamos a defender nuestras propuestas, que son las acordadas entre todos los sectores implicados en la Educación de Canarias, aunque nos las recurran", expresó mientras añadió sobre los aspectos apuntados por el Gobierno central contra la Ley canaria que "son inconsistentes"
Aquí, agregó que esta actuación del Estado "parece más una estrategia de revancha contra el Ejecutivo canario por haber recurrido en su momento la Lomce, una Ley hecha de espaldas a toda la sociedad".
"El Gobierno de España debe considerar que la Lomce es la única norma posible en materia educativa y pretende ignorar el papel de las Comunidades Autónomas", expresó el vicepresidente.
Por su parte, el consejero recordó que la Ley Canaria de Educación no Universitaria tiene como objetivos preservar la equidad del sistema educativo, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas, actualizar la normativa sobre la materia actualmente vigente y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero y eso siempre atendiendo a las especiales necesidades de la Comunidad.
Finalmente, hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias intentará en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias negociar para intentar resolver las discrepancias apuntadas por el Estado.