{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.– El Consejo de Gobierno acordó la interposición de un recurso de amparo constitucional contra el auto de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la sentencia de la misma sala, que desestimó el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, que convalidó otro anterior por el que se otorgaron los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Canarias-1’ a ‘Canarias-9’.
En este sentido, el Gobierno considera que, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que “las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso”, resulta procedente ejercer este derecho, tanto en cuanto se cumplen los requisitos previstos.
Los vicios de nulidad que se denunciaban en el incidente de nulidad desestimado por el Supremo y que ahora se recurren ante el Constitucional son los siguientes:
Se debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (artículo 267 del Tratado de la UE), a fin de verificar que el RD 547/2012 no vulnera las directivas que se citan en la demanda y que debían ser interpretadas.
Incongruencia de la sentencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas (ausencia de informes técnicos sobre la suficiencia de las medidas de protección medioambiental presentadas por Repsol en el año 2004).
Infracción de los artículos 205 y 206 de la LO del Poder Judicial, ya que la sentencia fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular.
El Consejo ha acordado igualmente facultar a la Dirección General del Servicio Jurídico para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, considerando que el plazo para interponerlo es de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
El Consejo de Gobierno celebrado hoy, 16 de octubre, ha aprobado un Decreto que regula la estructura organizativa para la preparación y respuesta frente a la posible aparición de Emergencias Sanitarias a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Consejera de Sanidad.
La estructura organizativa tiene carácter multisectorial dada la importancia de una actuación coordinada que se verá reforzado por una estructura de grupos de trabajo formados por científicos, asesores y técnicos que servirán de apoyo.
El nuevo decreto crea y pone en funcionamiento el Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias sanitarias así como su órgano asesor, el Comité Científico. Asimismo, establece las funciones del los Órganos del Servicio Canario de la Salud.
Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias sanitarias
El Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias sanitarias actuará como órgano colegiado de carácter decisorio y ejecutivo adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La composición del Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a la posible a situaciones de emergencias sanitarias contará con la Presidencia de la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad; la Vicepresidencia de la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y las Vocalías de la persona titular de la Dirección General competente en materia de salud pública; seis representantes con el rango, al menos, de Director General, competentes en materia de Comunicación, Relaciones con la Unión Europea, Seguridad y Emergencias, Educación, Turismo y Asuntos Sociales; un representante de la Sociedad Pública de Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad; el representante del Comité Científico; un representante de la organización más representativa que agrupe a las islas y un representante de la organización más representativa que agrupe a los municipios. Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General competente en materia de salud pública.
En las reuniones del Comité Ejecutivo de Canarias podrán participar, además de sus miembros, las personas expertas que el Comité considere oportuno para alcanzar los objetivos marcados en ellas, así como representantes de otras administraciones.
El Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta ante la posible aparición de casos de emergencias sanitarias, desarrollará las siguientes funciones:
a) Aprobación del Plan de preparación y respuesta, que incluya los aspectos sanitarios y no sanitarios, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante), la Unión Europea y la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en materia de sanidad.
Comité Científico
El nuevo decreto aprobado hoy también crea el Comité Científico, como órgano asesor del Comité Ejecutivo, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Este Comité Científico se encargará del asesoramiento e información al Comité Ejecutivo en los temas de carácter científico y técnico, necesarios para dar respuesta a emergencias sanitarias.
Estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidencia: la persona que designe el/la titular de la Consejería competente en materia de sanidad, de entre sus miembros.
b) Secretaría: La persona titular de la Dirección General competente en materia de salud pública.
c) Vocales: Dos representantes de la administración sanitaria, un representante por cada uno de los colegios oficiales de Médicos, de Farmacéuticos y de Enfermería, dos representantes por cada universidad pública canaria, dos representantes del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.
Estos vocales serán nombrados mediante orden departamental de sanidad a propuesta de cada organización.
También establece el Decreto que, cuando por razón de la especificidad de la cuestión sometida al Comité se considere necesario, la presidencia podrá autorizar la asistencia a las reuniones de aquellas personas que, por razón de sus conocimientos y experiencia, puedan dar soporte en el estudio de aquella materia concreta.
Funciones de los órganos del Servicio Canario de la Salud
Finalmente, el nuevo Decreto establece las funciones de los órganos del Servicio Canario de la Salud que tienen carácter temporal, vinculadas a la puesta en funcionamiento del Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a una posible aparición de casos de emergencias sanitarias y hasta la superación de las mismas.
Por tanto, establece, en este marco, como funciones del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud el desarrollo y evaluación de las actividades de preparación y respuesta frente a una posible aparición de emergencias sanitarias y, específicamente, desarrollará las siguientes funciones:
a) Seguimiento y evaluación de la información epidemiológica, virológica, así como de cualquier otra información que pueda tener interés para la valoración del riesgo o para la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias, y transmisión de dicha información al Comité Ejecutivo de Canarias, así como su asesoramiento en esta materia.
También este Consejo de Dirección podrá acordar la participación en sus reuniones, además de sus miembros, de las personas expertas que se considere oportuno de acuerdo con los objetivos fijados en ellas.
Por otro lado, también establece el nuevo Decreto las funciones de la Dirección General competente en materia de salud pública que proporcionará el apoyo técnico al Consejo de Dirección en relación con la situación de la posible aparición de casos de emergencias sanitarias y, específicamente, asumirá las siguientes funciones:
a) Propondrá y recomendará las actividades y criterios que considere oportunos para su inclusión en el Plan de preparación y respuesta en relación con la posible aparición de casos de emergencias sanitarias..
El nuevo Decreto establece, asimismo, las funciones de los Consejos de Dirección de las Áreas de Salud, a quienes corresponde la planificación y ejecución de los Planes Operativos de Área de Salud, integrando la respuesta sanitaria y la extrasanitaria en cada isla. Específicamente, ejercerán las siguientes funciones:
a) Establecer los aspectos operativos del Plan en cada Área de Salud y establecer las correspondientes medidas organizativas, siguiendo las directrices establecidas en el Plan de preparación y respuesta frente a posibles casos de emergencias sanitarias
También en las reuniones de los Consejos de Dirección de las Áreas de Salud podrán participar, además de sus miembros, las personas expertas que se considere oportuno de acuerdo con los objetivos fijados en ellas.
Finalmente, en una Disposición adicional única, el decreto especifica que por orden de la Consejería de Sanidad podrán constituirse los grupos de trabajo técnicos que sean necesarios para el asesoramiento, coordinación, desarrollo de funciones y cumplimiento de los fines de este Decreto.
El Decreto faculta al Consejero o Consejera competente en materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del decreto aprobado hoy y, específicamente, las destinadas a que el Comité Ejecutivo creado en este Decreto asuma las actuaciones de preparación y respuesta ante otras alarmas en materia de salud pública.
Bases del Decreto
En una sociedad globalizada como la actual se aumenta el riesgo de alarmas sanitarias de importancia internacional que exigen una respuesta coordinada de los diferentes Estados y de las organizaciones internacionales de protección de la salud.
El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 es una normativa de la Organización Mundial de la Salud y define una emergencia de salud pública de importancia internacional como un "evento extraordinario de salud pública que, mediante procedimientos concretos, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional coordinada".
Sólo desde una perspectiva de prevención y coordinación se pueden superar situaciones que pueden provocar graves alteraciones en los sistemas sanitarios y de inquietud en la población. La evaluación de riesgos, el conocimiento de alertas anteriores, la concreción de objetivos y una política de información que llegue a la población son factores que se deben priorizar en el abordaje de cualquier medida de prevención ante emergencias sanitarias
La Red de Vigilancia Epidemiológica de Canarias, integrada en la Red del Sistema Nacional de la Salud constituye el elemento esencial de vigilancia del sistema de alerta sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, que junto con la elaboración de planes de contingencia específicos y la formación de los profesionales sanitarios, constituyen la base de las medidas de preparación y respuesta ante cualquier alerta o emergencia sanitaria.
Todas las actuaciones previas deben tener una base científica sólida así como las decisiones que las autoridades sanitarias adopten en la fase de emergencia. Para ello es imprescindible dotarse de elementos de organización que ayuden a la evaluación y asesoramiento de las decisiones y que sean reflejo del carácter multidisciplinar de los posibles riesgos que se pueden afrontar, a través de representación de profesionales cualificados y de la aplicación de procedimientos y protocolos ad hoc.
La articulación de un Plan que integre dichos protocolos y procedimientos y la actualización de los mismos, en función de la situación epidemiológica y su implementación, exigen que se cuente con una estructura organizativa adecuada, con los correspondientes niveles de decisión, asesoramiento y de ejecución y coordinación, tanto sanitaria como no sanitaria, aprovechando la estructura organizativa vigente en el Servicio Canario de la Salud, tanto a nivel central como territorial.
La estructura organizativa que se crea con este Decreto tiene carácter multisectorial dada la importancia de una actuación coordinada de los sectores materiales y organizaciones implicados que se verá reforzado por una estructura de grupos de trabajo formados por científicos, asesores y técnicos que servirán de apoyo.
El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al decreto por el cual se crea la comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos en la empresa privada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Empleo del Gobierno regional que hará funciones de arbitraje en los casos en los que no haya acuerdo para llevar a cabo el descuelgue. De esta comisión queda excluido el sector público.
Esta comisión se crea como consecuencia de lo establecido en la Ley 3/2012 de 6 de julio por el Gobierno central de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que modifica el apartado 3 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece el procedimiento para la inaplicación en la empresa de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, previendo la creación de un órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos que es donde se resuelven los conflictos en la actualidad.
La comisión, que se renovará cada cuatro años, estará formada por un presidente designado entre los empleados públicos por el consejero competente en Empleo previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; seis vocales: Dos en representación de la Administración pública de Canarias; dos de las organizaciones sindicales más representativas; dos de las organizaciones empresariales y una secretaría, así como dos suplentes en cada grupo.
La decisión que adopte la comisión requerirá el voto favorable de la mayoría de los asistentes con derecho a voto y no cierra la vía de la justicia ordinaria.
El Gobierno canario aprueba el Reglamento de Apuestas Externas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas Externas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se modifican otras disposiciones de carácter general relacionadas con el juego y las apuestas. El Ejecutivo canario aprueba este Decreto tras el paso por el Consejo Consultivo y una vez que el Parlamento de Canarias ha dado su conformidad a la planificación sobre locales de apuestas realizada por el Gobierno, que se recoge en la disposición adicional única del texto.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 7.672.632,89 € para la clausura, sellado, recuperación y restauración paisajística de los terrenos ocupados por los vertederos ilegales de Montaña del Tesoro, en Valverde (El Hierro); Butihondo, en Pájara (Fuerteventura), y Barranco de Tejina, en Guía de Isora (Tenerife)
La viceconsejería de Medio Ambiente ha actualizado este año los proyectos redactados en 2009 y en estos momentos se encuentra tramitando las declaraciones de impacto ambiental y la cesión de los terrenos ocupados, como trámites previos a la contratación de las obras.
El vertedero de Butihondo, en Fuerteventura, ocupa una superficie de aproximadamente 66.000 m2 y, en su parte septentrional, se encuentra en suelo rústico de categoría A, el de mayor valor natural. Concretamente, en el espacio protegido del Parque Natural de Jandía.
En cuanto al de Montaña del Tesoro, en la Isla de El Hierro, se encuentra en un cono volcánico ocupando una superficie de 20.000 m2 de suelo rústico de protección paisajística.
Por último, el vertedero ilegal del Barranco de Tejina, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, afecta a 12.700m2 de suelo de protección agrícola y de protección ambiental, teniendo en sus cercanías el monumento natural de la Montaña de Tejina ( a unos 700 m) y el paisaje protegido del Barranco de Erques a unos 3 km.