PODEMOS Gran Canaria rechaza la reforma electoral del PP

{mosimage}SB-Noticias.- Los resultados electorales obtenidos por PODEMOS en los últimos comicios europeos, así como la tendencia que se observa en los diferentes estudios de intención de voto que se vienen realizando desde entonces, ponen de manifiesto que en el estado español, también en Canarias, está teniendo lugar un transformador proceso sociológico, que no sólo tiene traducción en una más que posible caída del bipartidismo, sino en un claro empoderamiento activo y creciente de la ciudadanía, que puede hacer saltar por los aires la inercia de un  modelo político caduco,  ineficaz y alejado de las necesidades de la mayoría social.

Las masivas movilizaciones y la explosión del movimiento 15M sirvieron en su momento como vehículo de expresión del hartazgo  ciudadano frente a las políticas anti personas que, en respuesta a la crisis, desarrollaba entonces un gobierno del PSOE.  Sin embargo, esa expresión rotunda en las calles no tuvo las  consecuencias esperadas en las urnas en las inmediatas elecciones locales y autonómicas de 2011. El voto de castigo al partido del gobierno sin presencia de referencias políticas alternativas y el consecuente aumento del abstencionismo, abrieron las puertas a una desconcertante victoria de un Partido Popular que, de forma generalizada, obtenía mayorías absolutas en las instituciones de las principales ciudades y en la práctica totalidad de los parlamentos autonómicos. 

 

El PP, socio natural en la alternancia, se vería refrendado nuevamente en las elecciones generales de ese mismo año y con unos resultados que a la postre le servirían,  no sólo para mantener la línea de recortes del estado social y de derechos iniciada en la segunda legislatura del gobierno de Zapatero, sino para profundizar en ella,  a golpe de rodillo y vía decretazos,  hasta el punto de arrastrarnos a una absoluta involución democrática y a una sustracción de derechos sin precedentes. Desde entonces, el PP se ha enfrentado a la mayor, más continua,  transversal y extendida  movilización ciudadana de nuestra historia reciente, incluidas varias huelgas generales, a la que ha respondido sistemáticamente desde el desprecio, esgrimiendo la rotundidad de los resultados electorales obtenidos.

 

Esos resultados, interpretados como un cheque en blanco, le han permitido incluso pasar por encima de los mayores escándalos de corrupción, como el caso Gúrtel o el caso Bárcenas. Su incontestable representación en las Cámaras, unida a la ausencia de las necesarias herramientas revocatorias  en un  régimen jurídico heredado de la transición,  le van a permitir agotar la legislatura, aunque sea  atrincherados y siempre parapetados en la legitimidad otorgada por las urnas.

Pero el orden de las cosas ha cambiado. La ciudadanía, sencillamente ha entendido que no basta con la movilización, sino que debe convertir en opción de poder su indignación y propiciar el necesario vuelco a través de los votos. Las encuestan indican con claridad meridiana que aquellos resultados obtenidos por el PP no volverán a darse, pero tampoco serán transferidos nuevamente a un partido socialista que, a pesar de sus operaciones de maquillaje, no consigue paliar el que está siendo y en buena lógica, el mayor episodio de descrédito de su existencia como organización.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en 2013 que “el programa de reformas estructurales  en España se enfrentaba a dos grandes riesgos: las posibles revueltas generadas por la frustración ciudadana y, sobre todo, la caída del bipartidismo”.  Ambos platos están servidos y el partido encaramado actualmente en el poder tiene el encargo de retirarlos.

La reforma electoral anunciada por el PP a escasos meses de las próximas elecciones responde a ese encargo, pero además pretende desarrollarlo barriendo para casa, planteando una fórmula que le permita teñir de azul mono-color el mapa institucional del estado.

No es una cuestión baladí: Mantener el control municipal significará, por una parte, asegurar una de las más importantes fuentes de financiación irregular -por la puerta de atrás- de una organización política  que se sabrá omnipresente y por tanto omnipotente, de la que dependerán todas las maniobras y movimientos financieros, al tiempo que le permitirá sustentar la fidelidad de sus redes clientelares.  Por otra parte, El histórico poder municipal del que goza en la actualidad ha sido uno de los pilares que ha sustentado la política de recortes del PP en los últimos tres años: con esta reforma electoral no va a haber quien los pare.

Además, la reforma del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de la actividad de los cargos públicos. No sólo imposibilitará en la práctica la presentación de mociones de censura   y la apertura de procesos revocatorios sino que impedirá de facto el necesario control y la  fiscalización de la actividad política.

La reforma del Partido Popular se coloca incluso por encima de la reforma del artículo 135  de la Constitución, porque significa la imposición de una dictadura revestida de legalidad.

En respuesta a una maniobra de tal calado, a una estafa democrática de tal magnitud, ni las organizaciones democráticas y progresistas, ni la ciudadanía en general, podemos responder desde la tibieza y la expectación pasiva. Es responsabilidad de todas y todos enfrentarnos a una inmoralidad de tal magnitud que supondrá el golpe definitivo al estado social, democrático y de derecho y estamos obligadas y obligados a utilizar todas las herramientas democráticas a nuestro alcance para evitarlo.