La ley, dotada de insuficiente financiación, garantizará a los docentes interinos mayores de 55 años la estabilidad laboral.
{mosimage}SB-Noticias.– Mañana martes 8 de julio se llevará a votación en el Parlamento de Canarias la Ley Canaria de Educación. Previsiblemente la misma será apoyada por la mayoría del arco parlamentario a excepción del Partido Popular que nuevamente volverá a escenificar su absoluta soledad social y política, no apoyando la misma como ya hiciera en el momento de admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular que sustenta la mencionada Ley.
Es significativo reseñar que la Ley Canaria de Educación es consecuencia directa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el STEC-IC, junto con otras organizaciones y colectivos del ámbito educativo, con el respaldo de más de 36.000 firmas de apoyo, más del doble de las necesarias legalmente para tramitar una ILP.
Desde el STEC-IC manifestamos nuestra moderada satisfacción por la más que previsible aprobación de esta Ley al considerar que recoge, en esencia, la mayoría de los aspectos contemplados en la Iniciativa Legislativa Popular cuyo objetivo último, en resumen, era el fortalecimiento del Sistema Público Educativo en Canarias frente a las ansias privatizadoras de los poderes políticos y económicos.
En todo caso, desde el STEC-IC consideramos que la Ley mantiene una posición más que tibia respecto a la red de centros concertados, reconociéndolos y no apostando por su deseable desaparición progresiva. El único avance en este sentido es el de proponer un mayor control de los centros concertados y la obligación ineludible de que los mismos, sostenidos con los impuestos de todos y todas, dejen de filtrar sistemáticamente al alumnado con dificultades del tipo que sean. Desde el STEC-IC, seguimos apostando –sin titubeos- por una única red: la pública.
Otro de los “puntos negros” de la Ley Canaria de Educación reside, indudablemente, en su propuesta de financiación. Se plantea un incremento de la financiación en 8 años hasta llegar al 5% del PIB de nuestro archipiélago. Desde el STEC-IC consideramos la propuesta insuficiente. Canarias padece unas tasas elevadísimas de fracaso y abandono escolar temprano (las mayores de la Unión Europea) así como un déficit en infraestructuras y plantillas que requieren de una mayor inversión a corto plazo que la planteada. La inversión educativa debiera alcanzar el 7% del PIB en pocos años, si existe voluntad política real de mejorar y fortalecer definitivamente nuestro Sistema Público Educativo.
Pese a lo anterior, desde el STEC-IC consideramos que la Ley Canaria de Educación sí recoge muchos de los aspectos de la ILP y de las propias reivindicaciones históricas de nuestra organización, en relación a numerosos temas. En este sentido, señalar aspectos de capital importancia que plantea la Ley, especialmente si la contraponemos a la LOMCE: la apuesta por una suficiente oferta pública de plazas (tanto en las enseñanzas obligatorias como no obligatorias), el reconocimiento de la competencia de los poderes públicos en cuanto a la prestación del servicio educativo (frente a las facultades otorgadas a los "agentes privados" que propone la LOMCE), la apuesta por el reconocimiento y fortalecimiento de una Educación Infantil de carácter público, tanto en el tramo de 0 a 3 años, como de los 3 a 6 años, etapa totalmente ninguneada en la LOMCE. Otro aspecto relevante es la garantía de estabilidad laboral para el profesorado interino mayor de 55 años y con 5 años de servicio, más allá de los procedimientos selectivos. El STEC-IC sigue apostando por la estabilidad laboral de la totalidad del colectivo interino aunque no podemos dejar de valorar como positivo este avance que supondrá la garantía de estabilidad laboral para muchos compañeros y compañeras.
La recuperación de la gestión democrática de los centros educativos que plantea la Ley Canaria de Educación, a través del reconocimiento de los Consejos Escolares y Claustros docentes como máximos órganos de gestión y gobierno de los centros educativos, frente al modelo de gestión empresarial y jerarquizada que plantea la LOMCE, nos resulta un elemento también digno de valoración positiva. La apuesta por el reconocimiento social y retributivo del profesorado aunque sin concretar explícitamente, la no configuración de una “carrera docente” basada en la meritocracia, el fortalecimiento del aprendizaje idiomático y el plurilingüismo, el desarrollo de numerosos aspectos relacionados con la mejora de la atención a la diversidad en los centros educativos o el establecimiento de una política propia de becas de la Comunidad Autónoma, son elementos dignos de ser reseñados también por su contenido positivo.
Frente al estricto modelo privatizador propuesto por la LOMCE, la Ley Canaria de Educación –que no contempla la cesión de suelo público a agentes privados para la construcción de centros educativos ni tampoco su especialización- puede suponer, si se desarrolla y lleva a efecto, un dique de contención frente al desmantelamiento del Sistema Público Educativo que supondría la aplicación y desarrollo de la LOMCE.
No es menos cierto que, pese a los elementos positivos resaltados, la Ley contempla aspectos que son meras declaraciones de buenas intenciones. Desde el STEC-IC nos comprometemos públicamente a exigir diariamente ante los poderes públicos su concreción, cumplimiento y exhaustivo desarrollo al tiempo que exigimos al Gobierno de Canarias que, más allá de las buenas palabras y los discursos grandilocuentes, se declare en manifiesta “rebeldía” frente a la LOMCE. La Ley Canaria de Educación y los legítimos y soberanos intereses de la ciudadanía canaria, son argumentos cualificados para ello.