A falta de valentía política, la falta de financiación denunciada por el Gobierno de Canarias debiera motivar la insumisión del gobierno CC-PSOE ante la LOMCE
{mosimage}SB-Noticias.– Desde el STEC-IC, junto con otros sectores de la Comunidad Educativa, se ha venido plantando cara a la LOMCE en Canarias y en el conjunto del estado español, por considerarla gravemente perjudicial para los derechos del profesorado y la propia persistencia del sistema público educativo. Si se tuviera que resumir de forma breve, se podría decir que la LOMCE es una ley impuesta, mercantilista, privatizadora, segregadora, antidemocrática, competitiva, adoctrinadora, sexista y recentralizadora.
La extensión en sus diferentes aspectos de la nueva Ley educativa del PP, la LOMCE, podría suponer la privatización de buena parte de la educación obligatoria (Primaria y ESO) y, especialmente, de las enseñanzas consideradas no obligatorias o de régimen especial. Ello, junto con otras múltiples consideraciones, ha sido insistentemente denunciado por el STEC-IC al tiempo que se ha llamado a las Comunidades Educativas y al Gobierno de Canarias a impedir, dentro del marco de su autonomía competencial, la implantación y desarrollo de la LOMCE en nuestro archipiélago.
El Gobierno de Canarias ha respondido con “medias tintas”, intentando supuestamente “amortiguar” –según palabras del propio Consejero de Educación-, los “efectos” de la LOMCE pero sin adoptar una postura clara y definitiva frente a la misma. Ahora nos tropezamos con la denuncia del Consejero de Educación del Gobierno autónomo respecto a la inadecuada financiación que recibirá Canarias para el desarrollo de la Ley durante los próximos años, 44 millones de euros frente a los 170 que reclama la Comunidad Autónoma. Si estos cálculos del Gobierno de Canarias fueran correctos, significaría que se practicarían nuevos recortes en el ámbito educativo, además de que Canarias tendría que detraer de otras partidas presupuestarias el déficit de financiación denunciado. En resumen, el gasto generado por el desarrollo de esta ley, absolutamente perniciosa para el sistema público educativo, generaría recortes en educación y en otros ámbitos del gasto presupuestario autonómico.
Ante esta nueva situación añadida, es hora de que el Gobierno de Canarias abandone el doble discurso y la política de “paños calientes”. Desde el STEC-IC se exige al mismo una postura decidida y clara de rechazo a la LOMCE, negándose a implantar la misma en Canarias por las razones argumentadas.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Lo contrario vendría simplemente a demostrar la connivencia del Gobierno de Canarias con las políticas privatizadoras impulsadas desde el Gobierno central.