La Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife constata graves deficiencias en salud laboral tras la implantación de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un requerimiento formal contra la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) del Gobierno de Canarias tras estimar las denuncias presentadas por el sindicato Intersindical Canaria. Según recoge el informe oficial, fechado el pasado 3 de noviembre, la Administración autonómica ha ejecutado la reorganización derivada de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin garantizar la seguridad ni la salud de las plantillas en los juzgados y tribunales.
Tras investigar los hechos y mantener reuniones con los responsables de la DGRAJ y del servicio de prevención, el inspector actuante ha constatado cuatro incumplimientos graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). La autoridad laboral concluye que el despliegue de la nueva estructura judicial se ha llevado a cabo omitiendo trámites esenciales de protección para los trabajadores.
Riesgos sin evaluar y planes de emergencia desactualizados
El documento de la Inspección señala que, pese a la creación de los Tribunales de Instancia, la puesta en marcha de los servicios comunes y el cambio sustancial en las funciones y cargas de trabajo, la Administración no ha actualizado las evaluaciones de riesgos de las sedes judiciales afectadas. Asimismo, la entidad carece de la planificación preventiva obligatoria y de medidas de emergencia adaptadas a la nueva realidad organizativa.
En esta misma línea, la DGRAJ tampoco ha analizado el impacto psicosocial de los nuevos protocolos, dejando sin evaluar factores como la sobrecarga de trabajo, la definición de funciones, la autonomía o el clima laboral. El informe subraya además que las evaluaciones existentes son parciales y omiten un aspecto crítico en el ámbito de la Justicia, como son los riesgos derivados de la violencia externa.
Falta de coordinación y consulta sindical
Por otro lado, la autoridad laboral advierte de una vulneración de los derechos sindicales. Según la resolución, la Administración ha ocultado información y ha omitido la consulta preceptiva a los delegados de prevención sobre unas reformas que alteran de forma directa las condiciones laborales del personal.
A esto se suma la ausencia de coordinación entre administraciones. El organismo autonómico no ha acreditado ningún procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) para gestionar la prevención en unos centros de trabajo donde conviven cuerpos de funcionarios dependientes de distintas instituciones, como el personal transferido a la Comunidad Autónoma y los Letrados de la Administración de Justicia, adscritos al Ministerio.
Vigilancia sobre las medidas correctoras
Desde Intersindical Canaria han valorado de forma muy positiva esta resolución, al considerar que respalda las advertencias que la organización sindical venía realizando. Fuentes del sindicato han señalado que la modernización y reorganización de la Justicia no puede ejecutarse a costa de la salud física y mental de quienes sostienen el servicio público a diario.
Asimismo, la central sindical ha anunciado que permanecerá vigilante para exigir el cumplimiento estricto e inmediato de las medidas correctoras impuestas por la Inspección de Trabajo, con el objetivo de garantizar que se respete el derecho de participación de la representación legal de los trabajadores durante todo el proceso.