Por: Javier Madrazo Lavín
Nadie discute que el acceso a la vivienda es la preocupación principal de la ciudadanía; tampoco nadie discute que las instituciones no están adoptando medidas para impulsar respuestas reales, efectivas y eficaces, que contribuyan a garantizar el mandato constitucional recogido en el artículo 47. Disponer de un lugar para vivir no es un deseo; es un derecho.
La Comisión Europea y el Banco de España han identificado la carencia de un parque de vivienda asequible de primer acceso, protegidas y también libres, no sólo como una urgencia social sino como un déficit económico-estructural que afecta al conjunto de la ciudadanía, especialmente a una juventud, con empleo precario y cero posibilidades de emanciparse, salvo que cuente con una herencia familiar. Resulta imposible atraer talento, profesionales y personas trabajadoras sin ofrecerles una alternativa habitacional. Ante la insuficiencia de un parque de vivienda protegida suficiente de precio asequible, debido a la dejadez institucional, se focaliza la atención en el mercado libre, especulativo e inaccesible para la mayoría de la población.
En Catalunya, los planes urbanísticos municipales pueden obligar a que las transmisiones de viviendas libres, nuevas o usadas, en venta o alquiler, se destinen exclusivamente a vivienda habitual y permanente en cumplimiento de su función social y con el objetivo de frenar las compras especulativas.
¿Por qué en Euskadi no se aprueba una ley que prohíba comprar o alquilar viviendas si no son para residencia habitual y permanente?
Esta función social también la deben cumplir las viviendas protegidas. Hablamos de viviendas construidas con el esfuerzo de toda la población, vía impuestos, a través de los presupuestos públicos. Siendo consejero de Vivienda y Asuntos Sociales (2001-2009), decidimos intervenir en todas las ventas de VPO de segunda mano, seleccionando desde la Delegación de Vivienda, a la persona compradora, siguiendo el orden de la lista de Etxebide; si la persona v endedora no lo aceptaba sería el Gobierno Vasco quien la adquiriría , ejerciendo el derecho de tanteo que le corresponde. Así pusimos punto final a los apaños encubiertos y se evitaron los sobreprecios.
Lamentablemente, quienes nos sucedieron dieron marcha atrás, delegando este proceso en manos de las inmobiliarias. La mayoría de ellas se han aprovechado de esta falta de control, siendo agentes activos del fraude, junto a quienes venden su vivienda protegida, ante la inacción y complicidad del Gobierno Vasco.
¿Cómo funciona el fraude? Es la agencia inmobiliaria quién selecciona a la persona compradora de la VPO. Visan en la Delegación de Vivienda el contrato oficial de compraventa con el precio legalmente establecido, pero “bajo cuerda” obligan a quien compra a firmar otro contrato, ilegal a todas luces, abonando un sobreprecio. Es inadmisible que el Gobierno Vasco siga permitiendo estas prácticas fraudulentas en las compraventas de VPO.
Para poder frenar el fraude no es preciso constituir una inmobiliaria pública ni nada por el estilo, tal y como ha anunciado el Consejero Denis Itxaso. Basta con firmar una instrucción, estableciendo que sean las propias Delegaciones de Vivienda quienes elijan a la persona compradora, siguiendo la lista y directrices de Etxebide. ¿Por qué PNV y PSE no dan este paso? ¿Qué intereses defienden?
En Catalunya se ha puesto en marcha un sistema de ayudas para la compra de primera vivienda libre condicionado, entre otras cuestiones, al compromiso de la persona compradora de mantener congelado -actualizado al IPC- el mismo precio de la vivienda en las futuras transmisiones, renunciando a especular con esa vivienda. Deberá ejercerse un control público sobre la futura transmisión de estas viviendas libres para asegurar el buen fin de las ayudas.
En Euskadi, por el contrario, el Gobierno Vasco avala el 20% de las hipotecas sin exigir contrapartidas a quien percibe la ayuda.
Apostar por un servicio público de vivienda sólido debe ir unido a la defensa de un servicio potente de control e inspección. Hace aproximadamente veinte años pusimos en marcha el servicio vasco de inspección, que visitó todo el parque vasco de viviendas protegidas (unas 60.000) para comprobar su correcta utilización. El fraude detectado se situó en el 6% y, además de las sanciones económicas, en casos graves se ejerció la potestad de expropiación forzosa por mantener viviendas protegidas vacías o con un uso distinto al residencial.
Es obvio que, en la medida en que las ayudas públicas se extiendan a facilitar este acceso al mercado libre de vivienda en venta o en alquiler, los sistemas públicos de control e inspección se deberán implementar, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las operaciones. De ahí la importancia de modificar la ley vasca de vivienda del 2015 para disponer de un régimen sancionador actualizado y útil tanto para viviendas protegidas como para libres.
Junto al liderazgo institucional, la ciudadanía también debe ser corresponsable de velar por el cumplimiento de la legalidad y la ética para evitar el fraude y asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.