Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias, analiza la compleja crisis multidimensional en Ceuta, critica la visión puramente policial de la Unión Europea y defiende la regularización como un acto de justicia social y económica.
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La reciente llegada masiva de miles de personas a Ceuta ha vuelto a encender las alarmas de la política migratoria en España. Para Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, este fenómeno no puede despacharse con análisis simplistas. En una profunda reflexión para Radio San Borondón, Lorenzo desmorona el discurso del miedo, señala directamente el papel de Marruecos y exige una respuesta ejemplar basada estrictamente en los derechos humanos.
La vulnerabilidad de la infancia en la calle
«Un Estado de derecho y una sociedad madura no pueden permitir que niños y niñas migrantes, que son la parte más vulnerable, se queden solos y desamparados en las calles de Ceuta, expuestos a cualquier tipo de violencia», arranca Lorenzo con firmeza. Desde CEAR hacen un llamamiento urgente a la responsabilidad política y social para garantizar la dignidad de estas personas y frenar en seco los discursos de odio.
El portavoz recuerda que el perfil de quienes llegan es poliédrico: «Las administraciones responsables deben estar muy atentas tanto a los menores como a los solicitantes de asilo. Unos huyen por motivos socioeconómicos, pero muchos otros lo hacen escapando de conflictos bélicos, violencia estructural, persecución por orientación sexual o ideología política».
El fracaso de las «islas cárcel» y la contención
Lorenzo se muestra muy crítico con la falta de memoria institucional en la gestión de las fronteras. «Parece que no terminamos de aprender de la experiencia. Las políticas basadas puramente en la contención migratoria en un punto concreto no funcionan. Lo vimos en Canarias en 2020 con la dolorosa percepción de las ‘islas cárcel’. Esa contención forzosa solo genera una enorme inestabilidad psicológica en los migrantes y tensiona gravemente a la población autóctona». Frente a esto, el coordinador de CEAR ensalza el papel de la ciudadanía: «La población civil y las asociaciones han vuelto a dar una lección admirable de humanidad, solidaridad y colaboración, volcándose especialmente en proteger a los niños».
Marruecos y la externalización del chantaje
Al abordar la geopolítica del norte de África, Lorenzo no esquiva la polémica sobre si las autoridades marroquíes permitieron el flujo. «Es materialmente imposible que miles de personas se muevan de esa manera tan dimensionada y en tan poco tiempo sin que la policía marroquí lo supiera o pudiera evitarlo», afirma.
Para el experto, el país vecino utiliza los flujos migratorios de forma recurrente como herramienta de presión: «Sabemos que Marruecos juega con la migración para sus negociaciones bilaterales, ya sea por sus pretensiones soberanistas sobre el Sáhara Occidental, el control de las aguas, la soberanía de Ceuta y Melilla o para buscar acuerdos privilegiados con la Unión Europea. Eso es lo que ocurre cuando delegas tus fronteras en terceros países: corres el riesgo de sufrir un chantaje. No se puede utilizar la vida y los derechos de las personas como moneda de cambio».
Por otro lado, Lorenzo califica de «despropósito» los desajustes en los balances estadísticos oficiales del Ministerio del Interior, que llegaron a registrar cero entradas por vía marítima en Ceuta en pleno auge de la crisis. «La tendencia de aumento por vía terrestre ya se venía observando respecto al año anterior; quizás la lectura política que se hizo de esos datos previos no fue la más correcta».
Regularización: justicia frente al ruido partidista
Respecto a las duras críticas de la oposición y el rechazo de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a acoger a menores no acompañados, Lorenzo es tajante: «Hablar de ‘invasión’ es simplificar y deshumanizar la realidad».
El portavoz defiende firmemente el reciente proceso de regularización en España como una medida valiente y transformadora. «Hablamos de ciudadanos y vecinos que ya vivían entre nosotros, trabajando en la economía sumergida sin derechos. Informes económicos empíricos demuestran que el aporte neto de una persona regularizada se tasa entre los 3.000 y 4.000 euros para las arcas públicas. Ante esto solo existen dos opciones: o los regularizamos o los expulsamos. Se ha optado por la justicia social». Asimismo, lanza un mensaje al tejido empresarial: «Ahora es el turno de los empleadores; toca dar un paso al frente y contratar de forma legal a quienes ya tienen sus papeles en regla».
La reforma de Extranjería y el laberinto europeo
El modelo canario, que ha registrado un descenso de llegadas en los últimos meses, sirve de espejo para Ceuta. Lorenzo defiende la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo obligatorio y vinculante de reubicación de menores por todo el territorio nacional, superando el boicot de ciertas autonomías.
«Es cierto que el escenario ideal para un niño es estar con su familia de origen, pero si en su país no se garantizan sus derechos, el Estado español tiene la obligación legal y moral de tutelarlo. Quienes se autodefinen como gobernantes progresistas deben aplicar políticas transformadoras de largo recorrido, no parches miopes para el día a día».
Finalmente, Lorenzo muestra su profunda preocupación por el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. «Es un armazón legislativo diseñado bajo una obsesión policial y de seguridad. Está pensado para legitimar la externalización de fronteras y priorizar el ‘retorno’, una palabra edulcorada que la UE utiliza para no decir expulsiones y devoluciones. Además, los procedimientos exprés e hipersimplificados que propone corren el gravísimo riesgo de vulnerar las garantías jurídicas y el derecho de asilo de miles de personas vulnerables», concluye.