Defienden la labor de las asociaciones de memoria como freno de los discursos que se sustentan en bulos del franquismo y que rechazan el modelo democrático vigente
La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha reclamado que las administraciones doten de recursos económicos y jurídicos a las entidades memorialistas para que puedan hacer frente a los procedimientos judiciales necesarios para garantizar el cumplimiento de las leyes de memoria democrática.
Pérez Schwartz considera que este respaldo resulta imprescindible en un momento en el que son las propias asociaciones las que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a acudir a los tribunales para exigir la aplicación efectiva de la legislación vigente. Como ejemplo cita el proceso judicial abierto en torno al Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, donde ha sido necesario recurrir a la vía judicial para instar el cumplimiento de las normas de memoria.
Esta reivindicación se suma al escrito que la Asociación ha remitido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el que solicita la celebración de un gran encuentro estatal de entidades memorialistas. En el documento, la organización recuerda que lleva desarrollando su labor desde 2007, coincidiendo con la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica, y que durante casi dos décadas ha impulsado proyectos de sensibilización, seguimiento del cumplimiento de la legislación y defensa de los derechos de las víctimas del franquismo. Considera que el auge de los discursos de odio, antidemocráticos y de justificación del franquismo, tiene como una herramienta de prevención a las asociaciones de memoria, que dan voz y ponen en su lugar a las víctimas de ese régimen. “No se puede admitir que el retroceso en las políticas de memoria, acordado en algunas administraciones, se extienda, dañando todavía más la memoria de decenas de miles de víctimas que siguen desaparecidas noventa años después”, asegura.
En el escrito, la asociación advierte además del contexto de creciente proliferación de discursos antidemocráticos y del desgaste que han sufrido las entidades de memoria, denunciando la eliminación de fondos públicos, las campañas de descrédito, la anulación de leyes de memoria autonómicas en territorios con pactos entre PP-VOX y el riesgo de que futuros cambios políticos supongan un retroceso en las políticas memorialistas.
Ante esta situación, la organización plantea al Ministerio la convocatoria de un encuentro estatal que reúna a las asociaciones de memoria democrática de todo el país para compartir experiencias, fortalecer la cooperación y aprobar una declaración institucional en defensa de las políticas de memoria como herramienta de reparación para las víctimas de la dictadura. Asimismo, solicita que se tengan en cuenta las especiales dificultades de desplazamiento y financiación que afrontan las entidades de Canarias para participar en este tipo de iniciativas. “Nos parece clave que se fomente esta colaboración y acción institucional conjunta, como familias de víctimas, para tener herramientas que ayuden a acabar con una situación en la que son las organizaciones que defienden y amparan el franquismo, las que disponen de medios para afrontar procesos judiciales con los que evitar cumplir con la legalidad, como hemos visto recientemente en Tenerife”, explica.
Para Mercedes Pérez Schwartz, ese apoyo institucional debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse también en instrumentos que permitan a las asociaciones defender jurídicamente el cumplimiento de las leyes cuando las administraciones no las aplican de forma efectiva. A su juicio, garantizar recursos para afrontar estos procedimientos es una condición necesaria para que los derechos reconocidos en la legislación de memoria democrática puedan hacerse efectivos.
La entidad de memoria de Canarias indica, además, que esta misma semana han reiterado las solicitudes de reunión con el presidente del Gobierno canario y la Consejera de Justicia autonómica, para avanzar en acciones que favorezcan el recuerdo y la memoria sobre las víctimas del periodo más violento y sanguinario de la represión en el Archipiélago, el del año 1937, del que en breve se cumplirán noventa años. Informa que llevan siete meses esperando por una respuesta a estas peticiones de reunión con las autoridades canarias, que esperan pueda resolverse en breve y que se encuentre un momento para poder abordar asuntos pendientes de desarrollar del propio texto canario de memoria, aprobado por el Parlamento de Canarias en 2018.