Según el informe Destrucción a toda Costa, Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año por la asfixia del cemento y el avance del mar; las construcciones ilegales en el dominio público y la desregulación normativa amenazan la integridad de la costa de las islas y las escolleras artificiales o la reparación de paseos marítimos tras los temporales son solo un parche muy caro y cada vez menos duradero frente a las Soluciones basadas en la Naturaleza.
Greenpeace ha presentado su informe Destrucción a Toda Costa 2026, alertando de la grave crisis que sufre el litoral por los efectos cruzados de la presión humana y el cambio climático. Con proyecciones científicas que estiman una subida del océano cercana al metro para finales de siglo, unos 150 kilómetros de costa canaria se encuentran bajo riesgo inminente. Los 18 puntos más críticos aparecen recogidos en este mapa.
Principales problemas de la costa canaria
Este año se están produciendo ataques a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas, entre las que figura Canarias, así como de partidos políticos que no son, o no quieren ser, conscientes de que el cambio climático ya ha llegado y es letal. Se habla de defensa del patrimonio para mantener construcciones en zonas de riesgo, pero se ignora la realidad física: ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas.
“Quienes señalan a la Ley de Costas como una ‘sentencia de muerte’ para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La actividad humana destruye cada año cuatro kilómetros de costa natural debido a la artificialización, destacando conflictos como el macroproyecto Cuna del Alma en Adeje, investigado judicialmente por invadir la servidumbre de protección, las protestas contra el hotel La Tejita, por destruir dunas protegidas, o la orden de derribo del hotel Oliva Beach en Fuerteventura. El descontrol del suelo queda patente en los 1.419 expedientes de sanción abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en solo un año.
El azote de los temporales, como la borrasca Therese, que causó daños por ocho millones de euros y destrozó las piscinas naturales de La Laguna, ha desnudado la fragilidad de este litoral artificializado. Las lluvias provocaron vertidos masivos de aguas fecales en el sur de Tenerife y generaron áreas de hipoxia que asfixian los bancos de rodolitos.
Los problemas se extienden al mar, donde la biodiversidad padece alteraciones biológicas alarmantes. Colectivos científicos y la plataforma Salvar Punta Blanca, de la que Greenpeace forma parte, han denunciado el proyecto de la empresa Underwater Gardens en Tenerife como un flagrante ejercicio de lavado verde (greenwashing) que oculta un parque temático privado sobre la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca. La última noticia sobre la posible anulación de la Declaración de Interés Insular es una buena noticia. Paralelamente, la reserva marina del norte de Lanzarote sufre el desplome de su biomasa pesquera por el cambio climático y la alteración de corrientes, que propicia la expansión de especies tropicales como la vieja (Sparisoma cretense) en detrimento de la caballa, mientras la Universidad de La Laguna confirma que el alza térmica daña a tres especies esenciales de macroalgas. Greenpeace celebra, no obstante, que el Cabildo de Gran Canaria haya frenado una macrogranja de lubinas en La Aldea para proteger el entorno y la pesca sostenible.
Greenpeace destaca también la agresión sufrida en la playa de la Veneguera (Gran Canaria) por los movimientos de tierra masivos de una filial del grupo Lopesan que está a la espera de la sanción de Costas.
Frente a infraestructuras obsoletas como el macropuerto de Fonsalía, que todavía no ha desaparecido del plan de puertos canarios, Greenpeace destaca soluciones basadas en la naturaleza y planes de retirada estratégica: la demolición del hotel abandonado de Añaza para renaturalizar el frente costero de Santa Cruz de Tenerife, la inversión de 1,2 millones en la playa de Las Caletillas (Candelaria, Tenerife) para habilitar accesos integrados sin escolleras y, de forma ejemplar, la gestión en La Cícer (Las Palmas de Gran Canaria), donde el Ayuntamiento evitó verter arena artificial al demostrarse científicamente que la propia hidrodinámica del mar recupera los sedimentos en primavera.
“La costa canaria se enfrenta a una crisis climática que cada vez deja impactos más visibles y violentos. La Administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral”, declara Caballero, responsable de la campaña de Adaptación de la Costa en Greenpeace.