Canarias Tiene un Límite denuncia públicamente las intenciones del PSOE, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Nueva Canarias y VOX, que buscan rebajar la calificación de la vivienda vacacional de actividad no inocua a inocua dentro de la Ley de Vivienda Vacacional. Una modificación que, de prosperar, facilitaría el alta de nuevas viviendas turísticas y la continuidad de muchas otras al eliminar las exigencias reforzadas en materia de ruidos, salubridad, seguridad y tramitación administrativa que hoy exige la norma.
Para CTL resulta incomprensible que formaciones políticas trabajen para debilitar una ley que, hasta el momento, apenas ha logrado reducir en un millar las viviendas vacacionales registradas, de las más de 74.000 que llegó a contabilizar el registro. La moratoria a la vivienda vacacional es una de las medidas centrales exigidas por la sociedad canaria y los colectivos que forman parte de Canarias Tiene un Límite, con un peso equiparable al de la moratoria turística. Su efecto sobre el acceso a la vivienda es, si cabe, más agravado: no se trata únicamente de contener el crecimiento turístico, sino de frenar la conversión directa de vivienda residencial en alojamiento turístico.
La ley apenas ha tenido tiempo de desplegar efectos reales. Su alcance dependerá en gran medida de la voluntad de las administraciones locales para inspeccionar y regular esta actividad en sus municipios, algo que todavía está por comprobarse. Sin embargo, antes incluso de conocer ese resultado, ya hay partidos trabajando mano a mano con el lobby vacacional para suavizarla.
“Resulta evidente que una actividad turística que se implanta en suelo residencial, que genera molestias, deterioro del entorno y un mayor consumo de recursos, debe seguir clasificada como actividad no inocua. Pese a ello, una vez más, hay partidos dispuestos a hacerle el trabajo al lobby turístico, en este caso a Ascav”, declaran.
A esta enmienda, se suman otras iniciativas que apuntan en la misma dirección de desarmar la Ley de Alquiler Vacacional. ASG y el Grupo Mixto han presentado sendas enmiendas para blindar la situación de El Hierro, La Gomera y La Palma, y que pretenden amparar viviendas vacacionales que no se adaptan a la nueva Ley; la segunda duplica de cinco a diez años el plazo transitorio del que disponen las viviendas ya existentes en Islas Verdes para seguir explotándose antes de regularizarse. A esto se suma la petición del presidente insular de La Palma, Sergio Rodríguez, de excepciones adicionales para la isla alegando la necesidad de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, un argumento que los propios datos desmienten: La Palma tiene hoy 500 viviendas vacacionales más que antes de la erupción.
La acumulación de estas enmiendas confirma que no se trata de un caso aislado, sino de un movimiento coordinado desde distintos grupos para vaciar de contenido una ley que, muy al contrario, debiera ser más protectora del derecho a la vivienda. Las llamadas Islas Verdes no deben convertirse en zonas de sacrificio, permitiendo una mayor flexibilidad que perpetúe la crisis de la vivienda y sus impactos ambientales.
La Ley canaria de vivienda vacacional se trata de una norma limitadora poco «radical» en comparación con las normativas de lugares como Barcelona, que ha sentenciado la desaparición de todas las viviendas de uso turístico de la ciudad para noviembre de 2028, cuando venzan las más de 10.000 licencias vigentes y dejen de renovarse. El propio Ayuntamiento barcelonés ha optado por que ni una sola vivienda de uso turístico conserve su licencia, devolviendo ese parque al mercado residencial. Mientras otros territorios entienden que la vivienda debe estar al servicio de quienes la habitan y no del negocio turístico, en Canarias tres partidos, PSOE, Nueva Canarias y ASG, que dicen representar posiciones en favor del acceso a la vivienda, coinciden en allanar el camino a la actividad que más está expulsando a la población de sus viviendas y generando graves efectos medioambientales.
“Si revisamos las declaraciones de bienes públicas de algunos de estos parlamentarios y parlamentarias como Casimiro Curbelo, entendemos que estas presiones son también por interés económico personal”.
Desde Canarias Tiene un Límite exigimos que se retracten de estas intenciones y reclamamos al conjunto del Parlamento canario un compromiso real por la defensa del derecho a la vivienda y por la reducción de las actuales e insostenibles cifras turísticas que soportan las islas, cifras que tienen graves consecuencias ambientales y sociales.