Por: José Manuel Rivero, Abogado y Analista Político
La Declaración de la Cumbre de Ankara, firmada en julio de 2026 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no es un gesto defensivo más ni una reiteración de retórica multilateral sobre la paz. Leída sin la niebla propagandística de los comunicados oficiales, la declaración expone la maduración de una estructura de gobernanza militar globalizada cuyo fundamento último es macroeconómico y de ocupación territorial. No estamos ante una respuesta coyuntural a la inestabilidad internacional, sino ante la planificación metódica de una economía de guerra permanente. Su propósito es blindar los intereses del bloque hegemónico occidental subordinando financieramente a sus aliados, relanzando agresiones imperialistas en Oriente Medio y utilizando territorios de terceros como plataformas de una estrategia de desgaste global.
El núcleo del documento, legitimado bajo el rótulo de «Compromiso de Defensa de La Haya», revela una transferencia masiva de esfuerzo económico desde las haciendas públicas de los Estados miembros europeos y Canadá hacia las grandes corporaciones industriales, fundamentalmente al complejo industrial estadounidense. Al anunciar un incremento histórico de más de 139.000 millones de dólares en inversiones de defensa durante el último ejercicio, el centro de gravedad del coste operativo se desplaza aceleradamente hacia el Viejo Continente. Este reparto de cargas, bautizado con el eufemismo técnico de burden-sharing (reparto de cargas), no representa una democratización de la Alianza sino una asimetría imperialista sofisticada, cuya jefatura absoluta permanece en Estados Unidos. Bajo la dirección de Donald Trump —vértice político de este directorio corporativo transatlántico y arquitecto de un nuevo autoritarismo hegemónico que reedita las aspiraciones de dominación del Tercer Reich—, Washington utiliza la estructura aliada para el beneficio exclusivo de su complejo industrial-militar. El texto anuncia más de 50.000 millones de dólares en nuevas adquisiciones y exige la eliminación de las barreras comerciales de defensa. No se persigue seguridad colectiva alguna: se fabrican mercados cautivos para absorber los excedentes armamentísticos estadounidenses, convirtiendo los presupuestos estatales europeos en un flujo permanente de acumulación de capital privado norteamericano.
La subordinación se vuelve irreversible al examinar la dimensión tecnológica del comunicado. Los aliados, después de mencionar la utilización de las capacidades nucleares, confiesan sin ambages: “Estamos invirtiendo en nuestra capacidad para desplegar, capacitar y mantener nuestras fuerzas armadas y alcanzar nuestros objetivos de capacidad en todos los ámbitos, incluyendo el ataque de precisión profunda, la defensa aérea y antimisiles integrada, los sistemas no tripulados, las tecnologías de vanguardia y las capacidades de inteligencia. Estamos desarrollando una nube de guerra transatlántica interoperable y adoptando potentes modelos de IA”. Estas líneas condensan el verdadero mecanismo de control soberano. La «nube de guerra» (warfighting cloud) y la centralización de la inteligencia artificial no son simples herramientas de interoperabilidad: constituyen un cepo digital que amarra irreversiblemente a los ejércitos subordinados al nodo tecnológico de Washington. Al monopolizar el flujo de datos tácticos, la inteligencia artificial y los sistemas de ataque de precisión profunda, Estados Unidos se reserva el cerebro operativo de la maquinaria bélica y reduce a los demás Estados miembros a la condición de proveedores de capital, infraestructura y mano de obra militar subalterna.
En esta arquitectura de bloques, el espacio soberano de Ucrania queda reducido, conceptual y materialmente, a la condición de protectorado militar. La afirmación institucional de que el territorio ucraniano “contribuye a la seguridad transatlántica” hace explícita la externalización del coste humano y la conversión de un país entero en una plataforma diseñada no para la contención, sino para el desgaste absoluto de la Federación Rusa. El texto del comunicado de Ankara incluye, además, lo siguiente: “Para 2026, los Aliados se comprometen a aportar 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania y reafirman su compromiso soberano de mantener, como mínimo, niveles equivalentes en 2027”. El objetivo estratégico es nítido: extenuar material, demográfica y económicamente a Moscú hasta forzar su implosión y, sobre todo, aislarla por completo de China, quebrando el eje euroasiático antes de que este consolide un orden multipolar. Esta lógica de cerco geográfico recuerda con precisión la estrategia criminal formulada por Hermann Göring en las directrices del Plan de los Cuatro Años, donde se teorizaba que el control y el vaciado material de Ucrania eran requisitos indispensables para estrangular económicamente e invadir la Unión Soviética. Hoy, la Declaración de Ankara reactiva los paralelismos de aquella geometría de la destrucción, configurando un IV Reich de facto en el que una estructura de dominación continental, bajo una férrea disciplina militar-industrial y el liderazgo supremo de la Casa Blanca, anula las soberanías europeas para lanzar un desafío de balcanización sobre el Este.
Las ondas expansivas de esta estrategia de «enfoque de 360 grados» golpean de manera directa y asimétrica las realidades territoriales más vulnerables, como el Archipiélago Canario. Al fijar la atención en el llamado Flanco Sur, se acelera un proceso histórico de militarización que quiebra la vocación de neutralidad de las islas. Por su condición ultraperiférica y su cercanía al convulso escenario del Sahel, Canarias está siendo consolidada como plataforma logística de vanguardia y enclave avanzado para la proyección de fuerzas de la Alianza. Esta asimilación del archipiélago como bastión defensivo no solo ignora el mandato popular expresado en 1986, cuando el pueblo canario votó mayoritariamente en contra de la integración en la OTAN, sino que subordina las potencialidades de las islas a las exigencias operativas de un mando unificado. Frente a esta deriva, se vuelve imperativo contraponer la tesis de la Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde) como una auténtica Zona de Paz, estrictamente desnuclearizada, que exija la neutralización de sus archipiélagos. Para Canarias, eso se traduce en la reclamación de un Estatuto de Neutralidad Permanente que la extraiga definitivamente de la lógica de la guerra híbrida y la sitúe como nodo de distensión internacional.
La traducción presupuestaria de estos compromisos en el Estado español -desde 2019 hasta 2026, España habrá destinado más de 159.983 millones de euros en gasto militar- se ejecuta mediante una severa transferencia de riqueza social hacia partidas de gasto improductivo. En un contexto de recursos finitos, el desvío coercitivo de fondos públicos para cumplir con las cuotas de adquisición de armamento impuestas en Ankara acarrea un coste de oportunidad devastador. Cada euro destinado a financiar la nube de guerra, las flotas no tripuladas o las infraestructuras bélicas se detrae directamente de los pilares del contrato social: la sanidad pública, la educación, la vivienda digna y los sistemas de protección a la dependencia y pensiones. El robustecimiento del aparato militar del Estado se paga con la moneda de la precarización y el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, liquidando el Estado del Bienestar bajo la coartada absoluta de la “seguridad”. Se trata de un keynesianismo armamentista que socializa los costes y privatiza los beneficios, canalizando el ahorro público hacia un complejo industrial que escapa a todo control democrático real.
Son las clases populares quienes soportan el coste material e ideológico de esta deriva belicista. La conversión de la economía civil en una economía supeditada a las directrices de los gastos de guerra alimenta tensiones inflacionarias crónicas en los bienes de consumo y encarece el coste de la vida, mientras la clase trabajadora ve cómo su salario real se deprecia bajo mandatos de contención económica.
Esta dinámica de agresión e imposición no se limita al teatro europeo, sino que se proyecta de forma directa sobre Oriente Medio. La Declaración de Ankara, en la parte final de su comunicado, incluye una mención expresa donde la OTAN secunda y respalda oficialmente las pretensiones de los Estados Unidos contra Irán, lo que constituye un aval explícito a la agresión militar contra la nación persa —en perfecta sintonía con las recientes acciones ofensivas reanudadas y desplegadas por el CENTCOM—. Este consenso forzado desvela la verdadera naturaleza de los movimientos previos de Donald Trump: simuló un memorándum firmado con Teherán, para ganar tiempo, al no contar en la agresión militar a Irán, iniciada el 28 de febrero pasado, con las bases logísticas de aliados occidentales, enfrentando serias reticencias en Roma y en Madrid, cuyos enclaves geoestratégicos esenciales —como las bases de Morón y Rota en España— son indispensables para operativizar una agresión de tal magnitud. De ahí se explican las virulentas presiones y ataques dirigidos recientemente contra Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Donald Trump aguardaba precisamente la Cumbre de Ankara para forzar la claudicación de los gobiernos inicialmente reacios y reanudar la agresión militar a Irán. Con la firma de este comunicado final y su respaldo explícito a la agresión militar a Irán, tanto el Gobierno español como el italiano han capitulado por completo, poniendo a todos los aliados de la OTAN bajo la bota y el mando indiscutible de la Casa Blanca para actuar ahora sin disidencia interna.
Paralelamente, la construcción institucional de una «amenaza a largo plazo» de Rusia y “el terrorismo” opera como un potente dispositivo de disciplina social, donde las matrices mediáticas otánicas juegan un papel esencial. El discurso de la emergencia geopolítica permanente es instrumentalizado por los aparatos de poder para cohesionar ideológicamente a la sociedad bajo una falsa unanimidad nacional, desactivar el conflicto de clases y postergar indefinidamente las demandas legítimas de redistribución de la riqueza. La Declaración de Ankara, por tanto, no es un tratado para la paz, sino el armazón jurídico y económico de una maquinaria diseñada para perpetuar la subordinación material de los pueblos en favor del orden corporativo transatlántico.
Sin embargo, la geometría del desgaste adolece de un error de cálculo fatal en su diseño de impunidad. La premisa táctica de que el centro imperial puede dirigir la destrucción periférica sin sufrir las consecuencias directas es hoy una falacia técnica. En el escenario contemporáneo, ningún centro de decisión geopolítica, por geográficamente distante que se encuentre, está a salvo de las represalias materiales que permiten las armas de última generación, especialmente los misiles de larguísimo alcance. La ilusión de una guerra asimétrica y controlada se desvanece ante una escalada cuyo vector final es, de manera evidente, el conflicto nuclear. En ese umbral de conflagración absoluta, la retaguardia deja de existir: el desenlace inexorable no es la desaparición física de la Tierra como planeta, el cual podría subsistir a los impactos, sino la extinción absoluta de la especie humana y de la vida tal como la conocemos hoy en ella. Esa es la verdadera y terminal arquitectura que se ha institucionalizado en Ankara.
Frente a esta encrucijada de devastación planificada, la pasividad de la sociedad civil y de la clase trabajadora no es una opción neutral; constituye una capitulación anticipada. Romper el engranaje de esta economía de guerra permanente exige, de manera inaplazable, que los pueblos se alcen conscientemente contra la institucionalización de la barbarie militarista. La preservación de la vida y el freno a la escalada nuclear no emanarán jamás de los despachos corporativos de la OTAN ni de las concesiones de los gobiernos claudicantes, sino de la movilización masiva, sostenida y organizada de la ciudadanía. La construcción activa de la paz es hoy el imperativo histórico fundamental de nuestro tiempo. Si las mayorías sociales no asumen de inmediato la urgencia de subvertir este orden bélico y recuperar su soberanía material, la inacción popular terminará por pavimentar el camino hacia el colapso definitivo de la humanidad.