Por: José Manuel Rivero. Abogado – Analista político
La madrugada del 10 de mayo de 2026, el puerto de Granadilla se convirtió en el escenario de una operación que ya había dejado de ser sanitaria para transformarse en un tablero de ajedrez político. El buque de bandera neerlandesa MV Hondius, con 149 personas a bordo y un brote activo de hantavirus de la cepa Andes —la única variante con transmisión interhumana demostrada y una letalidad que puede alcanzar el 50 %—, solicitaba fondeo en Tenerife tras un periplo de cuarenta días que había sembrado el patógeno por tres continentes. Lo que sucedió en las horas previas a su llegada no fue una discrepancia técnica entre administraciones, sino la activación de un plan minuciosamente calculado para dejar al Gobierno de España en una soledad institucional absoluta. La Unión Europea y la OMS, tras una cadena de rechazos soberanos —varios Estados: Sudáfrica desentendiéndose y Cabo Verde explícitamente, se negaron a acoger el buque en sus puertos, prohibiendo, además Marruecos el uso de sus aeropuertos para un avión con señal de auxilio transportando contagiados —externalizaron el riesgo hacia la periferia meridional: Canarias recibió el buque que nadie quiso asumir en la metrópoli continental. Sobre ese riesgo ya impuesto, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y el Partido Popular, su socio de gobierno en las islas, no se limitaron a discrepar: tendieron, así lo pienso, una emboscada en comandita, aceptando aparentemente, en principio, el sacrificio sanitario de su propia tierra para intentar ejecutar después la desestabilización del Ejecutivo central. Ejecutaron con ello la doctrina que José María Aznar lanzó en 2023 como silbato para la jauría: «el que pueda hacer que haga». Canarias, una vez más, ha sido instrumentalizada como laboratorio de un sacrificio colonial de dos filos: el centro externaliza el riesgo que no quiere gestionar, y las élites insulares opositoras, en connivencia con el bloque reaccionario español (PP-Vox) aceptan ese riesgo para convertirlo en trampa política.
La secuencia de los hechos revela la premeditación. El 7 de mayo, tras ser informado por los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, el propio Clavijo explicó a la prensa que el crucero «fondeará pero no atracará» en Granadilla. En ese momento no había veto ni prohibición: el Gobierno canario aceptaba el operativo. Sin embargo, 72 horas después, en la noche del sábado 9 de mayo, Clavijo compareció flanqueado por la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla para anunciar la prohibición del fondeo. El argumento oficial —el retraso de dos aviones de repatriación hasta el lunes— era la coartada; la maniobra real consistía en retirar a Canarias de la cogestión en el minuto crítico para transferir al Gobierno central la responsabilidad íntegra de cualquier contingencia. «Si lo quiere imponer el Estado, como ha hecho hasta ahora, que lo imponga, pero nosotros no lo vamos a autorizar», declaró Clavijo, sabiendo perfectamente que el puerto es de interés general y que Marina Mercante —cuya directora firmó la resolución de entrada a la 01:12 de la madrugada— impondría la acogida del buque. Lo que parecía una rectificación era en realidad la activación de la trampa: Clavijo ya había dejado dicho que si el barco entraba por imposición del Ejecutivo central, «serían ellos los responsables de lo que pudiera ocurrir».
La operación no fue improvisada ni unilateral. El Partido Popular, socio de Clavijo en el Gobierno canario y titular de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sincronizó su ofensiva con precisión quirúrgica. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la gestión de «caos absoluto» y registró una petición de comparecencia de la ministra de Sanidad para exigir explicaciones «cuanto antes» porque «no es de recibo». El Grupo Popular no esperó a que el operativo fracasara: invirtió políticamente en el desastre desde el primer minuto, construyendo un relato de incompetencia y negligencia criminal. Mientras tanto, Vox vinculó la crisis con la inmigración irregular y su líder, Santiago Abascal, insinuó que Pedro Sánchez era capaz de «provocar una pandemia» para desviar la atención del caso Koldo. La estrategia es nítida: aislar al Ejecutivo central, sembrar la idea del caos y esperar a que cualquier fallo —un contagio accidental, un desborde logístico— se convierta en el mazo para derrocar al Consejo de Ministros. La «gramática del odio» no es una metáfora: es una hoja de ruta que Aznar explicitó ante Feijóo en abril de 2024: «¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. […] La inhibición no tiene hueco». Esa consigna, reiterada en actos posteriores, es el marco que explica el comportamiento del bloque reaccionario en la crisis del Hondius: no se trata de proteger a la población canaria, sino de asaltar el poder utilizando cualquier instrumento disponible, incluida una emergencia humanitaria.
En este esquema de subordinación estructural, Canarias vuelve a ser el laboratorio del riesgo que nadie quiere asumir en la metrópoli. El puerto elegido —Granadilla, un recinto industrial alejado de la capital de Santa Cruz de Tenerife, donde está su puerto principal— confirma la voluntad de alejar el riesgo de la población capitalina. Pero el sacrificio colonial de esta crisis no lo ejecuta solo el centro respecto de la periferia: lo agravan las propias élites insulares cuando utilizan a su tierra como moneda de cambio en una guerra de posiciones que se libra en Madrid. La retirada de Clavijo y el PP canario no protege a los tinerfeños —la OMS había comunicado que el riesgo de transmisión era «bajo»—; expone al archipiélago a un aislamiento institucional que solo sirve a los intereses del asedio político contra el Gobierno español. Ni siquiera la llamada del Rey Felipe VI a Clavijo, en la que el monarca se interesó por el operativo, logró calmar una tensión que el presidente canario se encargó de escalar deliberadamente.
El desenlace de esta crisis no se medirá en partes epidemiológicos, sino en la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para desactivar un cerco que ya está en marcha. La única vacuna contra esta operación de acoso y derribo es el éxito rotundo del operativo: que todos los pasajeros sean repatriados sin incidencias, que no se produzca ningún contagio local y que la coordinación internacional funcione con la precisión de un mecanismo de relojería. Si algo falla, la jauría mediática y política ya tiene preparado el titular. Si todo sale bien, el argumentario del desastre se desvanece y la intentona golpista queda en evidencia como lo que siempre fue: una apuesta por el fracaso que instrumentaliza a Canarias mientras aplica, con la frialdad de un manual, la doctrina Aznar. La pregunta que queda en el aire no es solo si el operativo saldrá bien, sino si alguien en Madrid comprenderá que tratar a los territorios periféricos como estaciones de cuarentena no solo es una injusticia histórica, sino una torpeza política que, tarde o temprano, se vuelve contra quien la practica.