Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
La decisión consumada este martes 5 de mayo de 2026, por la noche, de convertir al Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el epicentro de la crisis sanitaria del buque MV Hondius no es solo un hecho fortuito ni una mera cuestión de proximidad geográfica; es un acto de soberanía externa que desnuda, con una crudeza hiriente, la vigencia de una política colonial sobre el archipiélago canario. La llegada de este crucero de lujo, propiedad de la naviera holandesa Oceanwide Expeditions, ha dejado de ser una potencial amenaza para convertirse en una imposición política de primer orden. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad han acordado, a espaldas de la voluntad del pueblo canario, que nuestras islas asuman el riesgo biológico de un brote de Hantavirus que ya se ha cobrado la vida de una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, manteniendo al resto del pasaje en un confinamiento de nivel 3. Estamos ante un «diktat» administrativo que reduce al Gobierno de Canarias a un mero ejecutor de órdenes diseñadas en despachos de Ginebra y Madrid.
Para comprender la magnitud de la irresponsabilidad que se nos impone, es necesario detallar el periplo de este buque, una auténtica travesía de cuarenta y seis días que comenzó el 1 de abril de 2026 en Ushuaia, Argentina. El MV Hondius, diseñado para expediciones polares de élite, navegó por los confines del Atlántico Sur, recalando en la Antártida, las Islas Falkland y las remotas Georgias del Sur. Fue en este entorno austral donde el patógeno se infiltró en la nave. El virus identificado pertenece a la familia de los Hantavirus, presumiblemente la variante Andes, un patógeno zoonótico de extrema gravedad que en Sudamérica se asocia al contacto con excretas de roedores. Sin embargo, lo que eleva esta situación a la categoría de «bomba biológica» es que la variante Andes es la única de su familia con evidencia científica de transmisión interhumana. El brote, que ya suma al menos siete casos confirmados y sospechosos, se manifiesta como un síndrome cardiopulmonar de alta letalidad, donde la insuficiencia respiratoria y el shock cardiovascular pueden conducir a la muerte en cuestión de días.
Tras su paso por aguas australes, resulta sospechoso y digno de análisis el papel de Sudáfrica en este periplo. Allí se produjo una evacuación de emergencia de un ciudadano británico en estado crítico, pero el buque no fue retenido ni se procedió a la gestión integral del brote en territorio continental africano. Debemos preguntarnos por qué Sudáfrica, con sus históricas y profundas vinculaciones económicas y políticas con los Países Bajos —lazos que facilitan una interlocución directa entre Pretoria y Ámsterdam—, no fue el destino final para el tratamiento del pasaje. ¿Acaso la diplomacia neerlandesa prefirió evitar la gestión de una crisis de esta envergadura en un territorio soberano con el que mantiene relaciones de igual a igual, optando en su lugar por presionar a la estructura estatal española para que sea su periferia insular la que asuma la carga? La negativa sudafricana a gestionar el grueso del brote y el posterior rechazo de Cabo Verde han dejado al MV Hondius navegando hacia el norte, hasta que la orden de desvío hacia nuestro archipiélago ha cerrado el círculo de la imposición.
Resulta especialmente revelador, desde un análisis de las dinámicas de poder, el hecho de que el Ejecutivo de los Países Bajos —patria de la naviera y metrópoli del capital que sustenta este negocio de expediciones polares— haya emitido una «petición de auxilio» al Gobierno de España para que sea Canarias quien trate a los pacientes más graves. La evacuación inminente de un médico infectado, trasladado en avión medicalizado desde Cabo Verde hasta el aeropuerto de Tenerife Norte para ser ingresado en el Hospital de La Candelaria, es la prueba definitiva de la externalización del riesgo. Resulta insultante que una potencia europea con recursos masivos prefiera delegar la atención de sus nacionales en una infraestructura sanitaria ultraperiférica ya de por sí tensionada. Mientras los beneficios de Oceanwide Expeditions fluyen hacia el norte de Europa, el hantavirus y sus consecuencias se descargan en el muelle de Santa Cruz. Es la socialización de las pérdidas biológicas en su estado más puro: la periferia como zona de sacrificio para que el núcleo del continente respire tranquilo.
Este atropello a nuestra seguridad colectiva ignora deliberadamente que la Unión Europea posee una flota hospitalaria de vanguardia que habría evitado someter a la población isleña a este riesgo. Europa dispone de medios técnicos que superan cualquier instalación de tierra en capacidad de aislamiento. España cuenta con el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa, clínicas flotantes dotadas de salas de aislamiento específicas para patógenos peligrosos. Francia opera los buques de la clase Mistral, auténticos hospitales Role-3 de la OTAN con quirófanos y laboratorios de microbiología. Alemania dispone del Centro de Rescate Operativo Naval Integrado (iMERZ) y los propios Países Bajos poseen el HNLMS Karel Doorman, una unidad de apoyo con instalaciones médicas avanzadas. ¿Por qué, teniendo estos colosos de la medicina naval capaces de gestionar la crisis en alta mar o en puertos militares alejados de núcleos urbanos, se nos impone el atraque en el corazón de Santa Cruz de Tenerife? La respuesta no es médica, es política: Canarias sigue siendo tratada como un «territorio tapón» o un lazareto del siglo XXI donde las reglas de protección se flexibilizan en favor de la comodidad logística de la metrópoli.
La preparación de las unidades de emergencias en el Hospital de La Candelaria para recibir a los infectados es un acto de profesionalidad de nuestros sanitarios, pero políticamente es una claudicación ante una estructura de mando donde la autonomía de Canarias es inexistente. En un contexto de verdadera soberanía, el archipiélago tendría la facultad de vetar una operación que amenaza su salud pública y su estabilidad social. No podemos aceptar que se nos utilice como una estación de transferencia para lo que se genera negativamente de una actividad recreativa privada ajena a nuestra realidad económica. Canarias no es el patio trasero sanitario de Europa ni el escudo biológico de un continente que nos mira con condescendencia colonial. La dignidad de este pueblo y su derecho a la seguridad no pueden estar supeditados a la conveniencia de una empresa holandesa ni a la dejadez de un Ministerio que prefiere el desembarco fácil en las islas antes que exigir a Europa que movilice sus propios recursos navales. Esta imposición es un acto de desprecio que exige una denuncia contundente: Canarias exige respeto, no imposiciones que nos conviertan, una vez más, en la frontera que todo lo aguanta.