Por: José Manuel Rivero. Abogado y Analista Político
En 1933, frente al tribunal nazi que pretendía lincharlo legalmente por el incendio del Reichstag, Georgi Dimitrov lanzó una pregunta que hoy resuena con escalofriante vigencia en las instituciones del Estado español: «¿En qué país no son los fascistas bárbaros y salvajes?». El dirigente comunista búlgaro, con una clarividencia dialéctica impecable, no denunciaba únicamente la brutalidad callejera de las camisas pardas, sino la metamorfosis estructural del propio aparato del Estado. Dimitrov alertaba de cómo la maquinaria institucional estaba siendo capturada para transformarse en un engranaje de exclusión, sanción y odio sistemático. Aquella advertencia, pronunciada en la soledad del banquillo de Leipzig, cobra hoy una actualidad aterradora, no solo en los boletines oficiales, sino en la jauría que asedia la democracia en las calles. En la España de los pactos entre el Partido Popular y Vox, la barbarie ha mudado de piel pero conserva intacta su matriz ideológica y su función de clase. Se despliega en una doble ofensiva, íntimamente conectada: la agitación como músculo de choque y la perversión administrativa como esqueleto jurídico del nuevo fascismo.
Antonio Scurati ha diseccionado magistralmente que el fascismo nunca nace como una doctrina acabada, sino como una praxis que vacía el Estado de Derecho desde dentro. Esa praxis, sin embargo, necesita también un músculo callejero, una vanguardia de choque que genere el terror ambiental imprescindible para quebrar los diques de la convivencia. En la España actual, ese músculo lo encarnan figuras como Vito Quiles y otros agitadores que, bajo el disfraz de periodistas, operan como auténticos destacamentos de acoso. Los incidentes de hostigamiento contra profesionales de TVE, señalados y perseguidos en el ejercicio de su labor, no son hechos aislados: son tentativas de dinamitar la libertad de prensa mediante la intimidación sistemática. Esta estrategia alcanzó una cota de especial ignominia el pasado 29 de abril, con el asedio sufrido por la esposa del Presidente del Gobierno en una cafetería. Ahí la frontera entre la discrepancia política y la violencia personal se disuelve deliberadamente, buscando la deshumanización absoluta del adversario. Lo más alarmante de este escenario no es la existencia de provocadores, sino el paraguas institucional que el Partido Popular les proporciona. La claudicación del PP no es solo discursiva; es logística y moral. Ver a dirigentes de la formación conservadora salir en defensa de agitadores como Quiles —quien llegó incluso a cerrar un acto electoral del propio PP— revela una simbiosis orgánica. En los actos públicos de la derecha y la extrema derecha, el lenguaje se ha degradado hasta convertir el insulto soez y la calumnia contra el Presidente Sánchez en la moneda de cambio común. Esta «gramática del odio» no es accidental: busca generar un clima de ilegitimidad que justifique cualquier atropello. Al validar a estos provocadores, el bloque reaccionario subcontrata la violencia verbal para mantener las manos «limpias» mientras se dinamita la convivencia democrática.
Si la agitación en la calle es el músculo del nuevo fascismo, la «prioridad nacional» es su arquitectura jurídica. Esta consigna, convertida en eje programático de la formación de Santiago Abascal y suscrita —por asimilación ideológica o por un colaboracionismo táctico que anula cualquier pretensión democrática— por el Partido Popular en Extremadura, Aragón y que amenaza con extenderse a Castilla y León, no es una mera concesión electoral. Es una sofisticada técnica de fascistización administrativa diseñada para operar desde las entrañas mismas del Estado. Retomando la advertencia de Dimitrov, no necesita derogar formalmente la Constitución; le basta con pervertir el derecho administrativo, introducir categorías diferenciadas de ciudadanía y hacer de la excepción la norma cotidiana de gobierno. Es la heredera directa de la Volksgemeinschaftnazi —la «comunidad popular»—, un constructo que unificaba a los incluidos generando un falso sentimiento de pertenencia interclasista, mientras alimentaba el odio hacia quienes quedaban fuera de sus fronteras identitarias. Su lógica subyacente es la anulación del derecho universal: la titularidad de los derechos ya no deriva de la condición humana, sino de la pertenencia a una nación concebida como un club privado con un férreo derecho de admisión. El peligro alcanza su expresión más letal en el asalto a la universalidad de la sanidad pública. Al imponer barreras de exclusión —como ya vimos con el fatídico Real Decreto 16/2012 y como se reproduce ahora mediante trabas burocráticas de empadronamiento o exigencia de «arraigo» para acceder a un médico de cabecera—, el Estado deja de ser garante de la vida para convertirse en un aparato que sanciona la existencia del «otro». No se deroga el derecho a la salud de golpe; se sitia mediante reglamentos y ventanillas hostiles, convirtiendo la gestión sanitaria en una herramienta de purga identitaria. Esta exclusión sanitaria es la punta de lanza de un auténtico apartheid burocrático con consecuencias criminales. Resulta profundamente revelador escuchar a Abascal defender esta discriminación apelando al «sentido común» y declarándose «muy tranquilo» ante posibles recursos de inconstitucionalidad. Su objetivo no es solo legislativo, sino cultural: normalizar la muerte civil, lo que puede suponer poner en riesgo la muerte biológica del excluido.
Ambas dimensiones de la barbarie —la callejera y la institucional— cumplen una función material fundamental en el actual contexto de crisis estructural. En términos gramscianos, la extrema derecha libra una guerra de posiciones para construir un nuevo «sentido común» reaccionario. El discurso de radicalidad xenófoba ejecuta a la perfección el objetivo histórico del reaccionarismo: fracturar el bloque histórico de la clase trabajadora. Al señalar al inmigrante como el «usurpador» de una sanidad colapsada por los recortes y la privatización, el bloque PP-Vox desvía la mirada de las contradicciones del modelo económico de desposesión que ellos mismos apuntalan. Sustituyen el conflicto vertical —clase contra clase, explotación contra derechos— por un conflicto horizontal —nacional contra extranjero—. Es la vieja táctica de dividir a las capas populares para que se disputen las migajas de un sistema público deliberadamente desmantelado, asegurando así la hegemonía intacta de las élites económicas. En este proceso, la claudicación del Partido Popular es absoluta. Al asumir el marco discursivo de la «invasión», al validar a los agitadores y aceptar la ruptura de la universalidad sanitaria, el PP no está domesticando a la extrema derecha; está permitiendo que el veneno fascista se convierta en praxis administrativa cotidiana. Han ignorado sistemáticamente las advertencias de juristas, estamentos médicos y voces de la propia sociedad civil —incluida la Conferencia Episcopal— que señalan que la exclusión sanitaria es ilegal e inhumana. Pero al fascismo nunca le ha importado la realidad material; solo le importa la construcción del enemigo.
Dimitrov tenía razón: el fascismo es la barbarie instalada en el poder y en la calle. La fascistización del Estado español no llegará, en caso que no lo impidamos democráticamente, anunciada por marchas militares, sino por el goteo incesante de decretos excluyentes, por los baremos de exclusión, por las tarjetas sanitarias denegadas y por el silencio cómplice ante el acoso a periodistas y familiares de políticos. Frente a esta ofensiva hegemónica, la respuesta exige claridad dialéctica sin un ápice de equidistancia. Es imperativo recuperar la contundencia de Leipzig: señalar a los bárbaros contemporáneos sin eufemismos y defender, con la ley en la mano y la movilización en la calle, que no hay democracia posible allí donde la «prioridad» de unos se edifica sobre la deshumanización, el asedio y el apartheid de los otros. La historia no absolverá a quienes callaron mientras la provocación se disfrazaba de periodismo y la barbarie de mera gestión administrativa.