Por: Chema Tante
El Cabildo de La Palma gestiona el Centro Residencial La Dehesa, donde residían, en las plantas 2ª y 3ª, alrededor de veinte personas mayores.
Para justificar una obra de reforma valorada en seis millones de euros, con cargo a fondos europeos Next Generation, el Cabildo se apoya en una supuesta declaración de ruina de dichas plantas, que no ha sido suficientemente explicada ni acreditada ante las personas residentes. El proyecto resulta irregular desde su origen, ya que se elaboró sin consultar ni permitir la participación de los residentes, tal como exigen el Reglamento del propio Centro y la legislación de servicios sociales.
Además, las personas afectadas cuestionan la propia declaración de ruina. Llevan años viviendo en esas habitaciones y saben que no se trata de espacios ruinosos, sino de instalaciones deterioradas por la falta de mantenimiento, responsabilidad directa de la Administración.
El proyecto, por tanto, no solo es irregular, sino también innecesario y desproporcionado en su presupuesto. Acondicionar dos plantas no requiere una inversión de seis millones de euros. Y, en el supuesto —poco probable— de que la ruina fuera real y obedeciera a vicios ocultos, el Cabildo tendría que asumir una responsabilidad gravísima por haber alojado durante años a personas mayores en dependencias inseguras.
Para poder iniciar las obras, el Cabildo necesitaba desalojar a las personas residentes, pretendiendo trasladarlas a habitaciones compartidas y de peores condiciones. Esto vulnera derechos básicos de las personas usuarias: a la dignidad, a la intimidad, a no perder condiciones de alojamiento y a no compartir habitación contra su voluntad. Por ese motivo, los residentes se negaron.
Conviene añadir que tanto el proyecto de reforma como las medidas de traslado han sido formalmente recurridos ante el propio Cabildo Insular de La Palma, y que se han presentado quejas ante la Diputación del Común, sin que hasta la fecha el Cabildo haya dado respuesta alguna.
Finalmente, mediante presiones, información parcial y advertencias intimidatorias, el Cabildo consiguió trasladar a 17 de esas personas a habitaciones de la 4ª y 5ª planta, compartidas, incómodas y obligándolas a renunciar a muchas de sus pertenencias.
Sin embargo, tres residentes, de alrededor de ochenta años, se han negado y permanecen en sus habitaciones. Ahora han recibido una notificación en la que se les ordena abandonar sus alojamientos el miércoles 28 de enero, advirtiendo incluso de la posible intervención de la Policía Local. Una afirmación impropia de una Administración pública y jurídicamente muy discutible. La notificación añade que el traslado sería al Hospital de Dolores, a habitaciones de cinco personas y con baños comunes por planta. Los afectados, lógicamente, mantienen su negativa.
El Cabildo justifica esta actuación en la necesidad de crear más plazas sociosanitarias. Nadie discute que esa necesidad exista. Lo que sí demuestran los hechos es que este Cabildo tiene obsesión por construir, pero una enorme incapacidad para gestionar. En La Palma, las plazas sociosanitarias existentes están lejos de ocuparse plenamente: las vacantes superan el 40 %. Además, el Centro de Alzheimer anexo a La Dehesa, terminado y completamente equipado desde hace cuatro años, con 30 plazas, permanece cerrado y vacío.
El Cabildo quiere construir más plazas, pero no es capaz de gestionar ni las que ya tiene.
Debe demostrar, además, que la supuesta ruina de las plantas es real, porque de lo contrario podría haber incurrido en una grave irregularidad al solicitar fondos europeos. Y si esa ruina fuera real, debería asumir su responsabilidad por haber alojado a personas mayores en esas condiciones.
En cualquier caso, la obligación legal del Cabildo es clara: garantizar que cualquier realojo, provisional o definitivo, se produzca en alojamientos iguales o mejores que los que actualmente disfrutan las personas residentes. Lo contrario no es progreso social: es retroceso y abuso de poder.