Por: José Manuel Rivero, Abogado y analista político
El ataque al petrolero turco MT Mersin frente a las costas de Dakar no es un simple «incidente técnico», como pretendió presentarlo inicialmente la naviera Beşiktaş Shipping. Las cuatro explosiones externas que sacudieron el casco del buque entre el 27 y 28 de noviembre, mientras transportaba 39.000 toneladas de gasóleo ruso, llevan la inconfundible firma de una operación de sabotaje deliberada. Y todo apunta, con una probabilidad cercana al 90%, a la autoría ucraniana o de agentes extranjeros operando bajo las directrices del régimen de Kiev.
No estamos ante un hecho aislado ni fortuito. Este ataque representa una escalada peligrosa en la estrategia de guerra híbrida que Ucrania ha venido desplegando sistemáticamente contra la infraestructura energética rusa y sus rutas de suministro. Lo que comenzó con sabotajes en territorio europeo (explosión de la red de gaseoductos Nord Stream) ahora se extiende a las aguas internacionales del Atlántico africano, a miles de kilómetros del teatro de operaciones tradicional. La elección del objetivo no es casual: un buque cargado con producto energético ruso, el recurso que Kiev y sus aliados occidentales buscan estrangular para debilitar económicamente a Moscú.
Las explosiones externas descartando cualquier fallo mecánico interno son el sello distintivo de operaciones especiales navales. Recordemos que Ucrania ya ha reivindicado ataques similares contra infraestructuras rusas en el Mar Negro y ha desarrollado capacidades de drones marítimos que han demostrado su eficacia letal. Pero llevar estas operaciones hasta Senegal implica un nivel de sofisticación, recursos y probablemente apoyo logístico de servicios de inteligencia occidentales que no puede ignorarse.
Las consecuencias de este acto van mucho más allá del daño material al buque o incluso del potencial desastre ecológico que amenaza las costas africanas. Estamos presenciando la militarización de rutas comerciales globales, la conversión del comercio internacional en campo de batalla y la instrumentalización del terrorismo marítimo como herramienta geopolítica. Senegal, una nación que nada tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, se encuentra ahora enfrentando una crisis ambiental de proporciones catastróficas, con sus costas, su pesca y su turismo en grave riesgo.
Para el Archipiélago Canario, este suceso debería encender todas las alarmas. Las islas se encuentran en la misma región atlántica, servidas por las mismas rutas marítimas y corrientes oceánicas que podrían transportar cualquier derrame de hidrocarburos hacia nuestras costas. Pero más preocupante aún es la constatación de que Canarias, como hub logístico estratégico entre Europa, África y América, podría convertirse en escenario de operaciones similares si buques con carga rusa escalan en nuestros puertos o transitan nuestras aguas.
La comunidad internacional debe condenar inequívocamente este tipo de acciones. No podemos permitir que la guerra de Ucrania se exporte mediante actos de sabotaje que ponen en peligro la seguridad marítima global, amenazan ecosistemas frágiles y victimiza a naciones completamente ajenas al conflicto. El derecho internacional marítimo y las convenciones sobre protección del medio ambiente no pueden quedar suspendidos porque a Kiev le resulte conveniente atacar cualquier objetivo vinculado a Rusia, sin importar dónde se encuentre ni las consecuencias colaterales.
Si confirmamos que agentes ucranianos o sus colaboradores están detrás del ataque al Mersin, estaremos ante un acto de terrorismo marítimo que exige respuesta judicial internacional. Las autoridades senegalesas, turcas y los organismos marítimos globales tienen la obligación de investigar exhaustivamente y señalar responsabilidades. Occidente, que tan vehementemente condena acciones rusas, debería aplicar el mismo rasero cuando los perpetradores sirven a intereses que considera afines.
La guerra tiene límites, incluso en estos tiempos convulsos. Atacar buques mercantes en aguas internacionales, poner en riesgo catástrofes ambientales y extender operaciones militares a territorios neutrales representa cruzar líneas rojas que no deberían transgredirse. El precedente del MT Mersin es sombrío: si esta acción queda impune, cualquier embarcación, en cualquier océano, podrá convertirse en objetivo legítimo en nombre de objetivos geopolíticos difusos.
Canarias y toda la región atlántica deben prepararse para un escenario de creciente inseguridad marítima. Ya no se trata solo de vigilar nuestras costas contra el narcotráfico y atender humanitariamente a la inmigración africana. Ahora debemos considerar que la guerra, con toda su brutalidad y desprecio por las normas, ha llegado a nuestras aguas. Y llegó de la mano de quienes se presentan ante el mundo como defensores del orden internacional.
Ante esta nueva realidad, se impone una reflexión profunda sobre el futuro de nuestro archipiélago y de toda la región atlántica del África occidental. El incidente del MT Mersin demuestra que la inserción de Canarias en estructuras militares como la OTAN, contra la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo canario en el referéndum de 1986, lejos de garantizar nuestra seguridad, nos convierte en objetivo potencial de conflictos que no son nuestros. Canarias dijo No a la OTAN, y ese mandato democrático sigue vigente. Es hora de recuperar y materializar ese anhelo de neutralidad siguiendo modelos exitosos de naciones que han sabido preservar su paz y prosperidad manteniéndose al margen de bloques militares enfrentados.
Esta neutralidad canaria debería inscribirse en un proyecto más amplio: la declaración de toda esta zona atlántica del África occidental como Zona de Paz, libre de confrontaciones militares y operaciones de sabotaje. Una región donde el derecho internacional marítimo prevalezca sobre las lógicas de guerra, donde el comercio fluya sin amenazas y donde los ecosistemas marinos estén protegidos de catástrofes provocadas por aventuras militares ajenas.
Y este proyecto de paz atlántica no puede construirse sobre la negación de derechos fundamentales. La estabilidad duradera de nuestra región exige resolver las heridas abiertas de la descolonización. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido por las Naciones Unidas pero sistemáticamente ignorado, es una pieza clave para la paz en el Atlántico del África occidental. No puede haber zona de paz sostenible mientras persista la ocupación ilegal por la satrapía marroquí sionista del Sáhara Occidental y se niegue a un pueblo su derecho legítimo a decidir su futuro. La justicia y la estabilidad regional son inseparables.
Canarias tiene la responsabilidad histórica y la posición geográfica privilegiada para liderar esta iniciativa. Un archipiélago neutral, promotor de una Zona de Paz en el Atlántico del África occidental y defensor de la autodeterminación saharaui podría convertirse en factor de estabilidad y prosperidad para toda la región, en lugar de ser arrastrado a conflictos que solo traerán destrucción a nuestras costas. La alternativa es clara: o construimos un futuro de paz y cooperación, o permitimos que la guerra siga extendiéndose hasta convertir nuestras aguas en un nuevo escenario de confrontación global.