Por: José Manuel Rivero
El 4 de noviembre de 2025, el litoral sureste de Gran Canaria amaneció herido. Los ayuntamientos de Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana, actuando más por obligación que por voluntad, izaron la bandera roja y decretaron el cierre al baño de cuatro playas: Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras. La causa: una mancha amarillenta y residuos de olor fétido que invadieron la costa, imponiendo una medida de emergencia sanitaria y ambiental. Casi en espejo, en Lanzarote, la playa de El Reducto en Arrecife repite un guion ya conocido, con la prohibición de baño por contaminación fecal, mientras la Salud Pública urge actuaciones a un entramado de consorcios y empresas gestoras.
Los indicios, señalados por colectivos ecologistas y algunas administraciones locales con menos poder que convicción, apuntan aguas adentro, hacia las instalaciones de acuicultura frente a la costa de Telde. Las piscifactorías emergen como el foco potencial del impacto, cuyos vertidos y desechos, empujados por las corrientes, parecen extender el daño hacia el sur. Esta no es una hipótesis marginal; es una línea de investigación que exige transparencia y celeridad, no el silencio administrativo que suele sepultar las responsabilidades.
Lo que se presenta como una sucesión de incidentes técnicos aislados es, en realidad, la manifestación aguda de un patrón estructural. La gestión de los recursos comunes —el agua, el litoral, la salud pública— ha sido sistemáticamente delegada, fragmentada y, en última instancia, subordinada a una lógica de rentabilidad inmediata. Este modelo, que administra lo público como si de un negocio privado se tratara, externaliza sus costos hacia la comunidad: la degradación ambiental no es un error del sistema, sino su producto inevitable. La clase trabajadora, las economías locales ligadas al mar y el derecho al disfrute del espacio público son las variables de ajuste. Mientras el beneficio se privatiza, el riesgo se socializa.
Ante esta agresión, la respuesta no puede limitarse a la retórica de la preocupación. Se exige, de forma concreta e innegociable: transparencia radical en las analíticas y en los contratos de concesión; auditorías independientes sobre las redes de saneamiento y los concesionarios; sanciones ejemplares una vez se determinen las responsabilidades; y un plan de choque que repare la infraestructura pública colapsada —colectores, estaciones de bombeo y depuradoras—. Asimismo, es imperativo establecer mecanismos de protección social para quienes ven mermados sus ingresos, su salud o su acceso al litoral.
Sin embargo, abordar la emergencia sin cuestionar el marco que la produce es condenarse a repetirla. La disputa de fondo es política: se trata de arrebatar la soberanía sobre lo común a los intereses que lo conciben como una frontera de extracción. Recuperar nuestras playas implica un proyecto de descolonización interna: rechazar que el archipiélago funcione como un enclave donde capitales foráneos y lógicas depredadoras operen sin rendir cuentas a la población que habita este territorio. Priorizar la reproducción de la vida —la salud de los ecosistemas y de las comunidades— por encima de la acumulación de riqueza abstracta no es una postura romántica, es una necesidad material.
Es el momento de exigir pruebas, responsabilidades y, sobre todo, cambios estructurales. Las banderas rojas en la playa son un síntoma; la enfermedad es un modelo socioeconómico neocolonial que tolera el saqueo. No basta con gestos de advertencia; urge una movilización popular integral constante que presione a las instituciones a que, con diligencia y justicia social, tengan en la defensa del litoral una prioridad en la defensa de los intereses colectivos de la comunidad. Porque el derecho al mar no es una concesión turística; es un pilar de la vida colectiva.