Por Santiago Pérez
Que la gran derecha está dispuesta a hacerse con el poder político al precio que sea no es ninguna novedad. Se trata de la insaciabilidad de los grandes poderes económicos que quieren volver a concentrar en sus manos, también, el control de las Instituciones.
No me refiero al PP, que es un mero brazo ejecutor dirigido (en estos tiempos) por personajes de una zafiedad sólo comparable con su mediocridad.
Si el precio a pagar es cargarse la democracia, tampoco debe extrañarnos. En la II República a eso se le llamó accidentalismo democrático.O sea: aceptan la democracia si, y sólo si, les sirve como otro régimen político más, que les garantice la dominación y la imposición de sus intereses. Y si no, no.
Y los caminos trazados son cada vez más escrutables.
Cualquiera demócrata que observe desde afuera de España el actual panorama, no dejará de quedar consternado cuando se entere de que no se ha tramitado, más de cuatro años después de la Pandemia, ninguna investigación judicial seria sobre el Protocolo que dictó el Gobierno madrileño impidiendo el traslado de miles de ancianos a los hospitales durante lo más duro de la crisis sanitaria. Sobre las personas que fallecieron y que, si hubieran sido hospitalizadas, habrían sobrevivido. Ni sobre cómo tener un seguro privado fue un auténtico salvoconducto. Para quienes lo tenían, claro.
Tampoco hasta ahora leerá noticias que le informen de alguna investigación judicial sobre cómo la Generalitat valenciana, y su presidente absentista, se desenvolvieron durante la Dana. Mejor, sobre cómo no se desenvolvieron. Por esas cosas del cambio climático, pocos días después hubo en la misma región y en otras una nueva DANA, que dejó en evidencia qué autoridades y hasta dónde tienen competencias en el Estado de las Autonomías para afrontar este tipo de catástrofes.
Le llamará la atención cómo, por el contrario,hay un excepcional celo judicial en investigar la filtración de unos correos intercambiados entre la fiscalía y un defraudador de Hacienda, a instancias de éste, tratando de evitar la cárcel a cambio de reconocer su comportamiento delictivo. Tanto celo como para dirigir la investigación, a velocidad del rayo, contra el Fiscal General del Estado.
Ah!, casi se me olvida: que la tan investigada filtración se produjo, quien quiera que haya(n) sido su(s) autor(es), después de que desde el Gobierno de Madrid, cuya presidenta es pareja del defraudador, hubiera efectuado una filtración según la cual había sido la Fiscalía y no la defensa del delincuente quien habría propuesto el pacto para evitarle una pena de prisión efectiva. Y, además, que la Fiscalía se había echado atrás en “su” propuesta, por órdenes de “arriba”. Es decir, del Fiscal General…y de Sánchez, para entendernos.
Y le escandalizará igualmente a nuestro observador cómo una muralla de medios informativos se ocupa del caso “filtración” y para nada hablan de posibles responsabilidades penales por todas aquellas muertes (7.291+222) , ni de si tuvieron una relación de causa/efecto con el “Protocolo de las residencias de mayores”, ni de si las 222 muertes de la DANA fueron la consecuencia de graves negligencias de las autoridades competentes.
Habrá que explicarle a nuestro observador extraneus, aunque su consternación y asombro puedan ir derivando en indignación, que en nuestro país existe un órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, concebido por la Constitución con la finalidad de que la selección, la formación, los ascensos y el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los jueces no estuviera en manos del Poder Ejecutivo. Que la legitimidad democrática de ese órgano, como el de todos los poderes del Estado, emana del pueblo. Y que, en consecuencia, la designación de gran parte de sus integrantes le corresponde a las Cortes Generales, que representan al pueblo español, titular de la soberanía.
Pero habrá que explicarle también que el Partido Popular se las ha arreglado, mediante un fraude constitucional de libro, para mantener el control del Gobierno de los Jueces durante 22 de los últimos 27 años. Que durante ese largo “secuestro” la mayoría conservadora del Consejo se ha dedicado a seleccionar “discrecionalmente”, porque ése el procedimiento establecido, a gran parte de los magistrados que presiden o integran órganos judiciales muy relevantes, en particular el Tribunal Supremo.
El fraude constitucional ha consistido en ejercer un auténtico derecho de veto a la renovación del Consejo General, aprovechándose de la exigencia constitucional de mayorías parlamentarias cualificadas para el nombramiento de sus miembros. Esa mayoría cualificada fue concebida por el Constituyente para lograr amplios consensos políticos sobre esos nombramientos e impedir que su composición y renovación sea una imposición de la mayoría parlamentaria o gubernamental de turno.
Y también habrá que explicarle que una parte importante de los jueces es sociológicamente de extracción conservadora. Y que es muy rara, cuando no excepcional, una condena por delito de prevaricación judicial en un país en el que el espíritu corporativo de determinados estamentos tiene una muy antigua y sólida raigambre. Con estos mimbres, la sensación de impunidad con la que actúan algunos jueces es simplemente obscena.
Con todas estas explicaciones, nuestro observador empezará a entender algo de lo que está ocurriendo. Aunque probablemente le vendrá a la mente aquello de “Spain is different”, que nos trae tan malos recuerdos y peores presagios.
¿Ustedes se imaginan, aunque sea por un momento, la que habría armado —la acorazada judicial y mediática y de “La Contra”, claro— si el Gobierno de Madrid que dictó el Protocolo de las Residencias o el actual Gobierno de la Generalitat valenciana estuvieran o estuviesen presididos por el PSOE?
Santiago Pérez, La Laguna, 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución.