Santiago Pérez
Hace algunos -pocos- años, cuando Pablo Iglesias estaba en la cresta de la ola, se permitió sentenciar que los escraches a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría y a otras personalidades conservadoras eran una expresión de la “justicia popular”. Me pareció absolutamente rechazable ese “veredicto” y así lo escribí y lo expresé públicamente. El trasfondo de esas manifestaciones de Iglesias era una expresión de puro autoritarismo.
Estos días se ha realizado una “sentada” por fuera de la casa familiar de Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, y me parece igualmente inadmisible. He oído hoy que se prepara de nuevo algún evento de esta naturaleza para los próximos días, cuya justificación pretenden sustentarla sus promotores invocando el derecho constitucional de manifestación.
Los derechos fundamentales son una cuestión de principios en una sociedad de libertades. Con esto quiero decir que ni su ejercicio ni su lesión pueden limitarse o aplaudirse por cuestiones de conveniencia política. Ni tampoco mantenerse, en caso de su limitación o de su violación, un silencio cómplice por razones de conveniencia política.
Su ejercicio y su protección son, en ese sentido, innegociables.
Pero tampoco son absolutos. De forma que en caso de que colisionen varios derechos es imprescindible efectuar una ponderación y adoptar decisiones razonables, que permitan preservarlos a todos en la mayor medida posible. Y que las potenciales restricciones de cualquiera de esos derechos en conflicto -que sea fruto de esa ponderación-colisión deberá ser la menor posible. NO lo digo yo. Es jurisprudencia consolidadísima de todos los tribunales imaginables en materia de derechos humanos.
En consecuencia, como el derecho de manifestación -cuyo objeto es dar a conocer a la opinión pública denuncias, información o reivindicaciones- puede ejercerse sin merma alguna siempre que se mantengan esencialmente las circunstancias elegidas por los convocantes para su ejercicio (objeto, fecha, hora, lugar, recorrido) y, por el contrario, los derechos a la intimidad, a la privacidad, a la seguridad…y, en definitiva, a la libertad ligados a la morada individual y familiar no son trasladables, por su propia naturaleza, mi opinión jurídica y mi convicción política es que la vivienda de las personas -desempeñen o no cargos institucionales y con independencia de su relevancia pública- debe ser preservada a toda costa.
En consecuencia, la Autoridad gubernativa no debe poner impedimentos a la celebración de las manifestaciones o actos públicos de los que se preparan para estos días en La Laguna, pero su celebración o su recorrido no deben en ningún caso producirse en las inmediaciones de la residencia particular de Fernando Clavijo y de su familia. Bajo ningún concepto.
De forma que podrán celebrarse con el mismo objeto y en la misma ciudad: La Laguna; el mismo día y hora, pero en un emplazamiento o a lo largo de un recorrido que no suponga ni lesión ni riesgo apreciable para los derechos individuales del actual presidente del Gobierno de Canarias.
Y esto expresado desde el respeto y admiración que siento y he expresado a las personas activamente comprometidas con la defensa de los intereses generales de la Canarias de hoy y de la del futuro.
Santiago Pérez, La Laguna, 24 de abril de 2024.