La vivienda se ha convertido en un drama social que afecta a millones de españoles.
Alquilar una casa es un calvario. Ahora, hacemos un nuevo camino que empieza a ser impopular: «el peregrinaje mafioso del alquiler». Los precios de los alquileres son un atraco inmoral y sin escrúpulos perpetrado a la manera de ciertos «amos», caseros y dueños convertidos en auténticos latifundistas del ladrillo alquilado a precio de oro. Un asalto a los bolsillos de los más pobres y sin recursos que es sangrante e inhumano.
¿Quién controla y fiscaliza los ingresos que los propietarios reciben de sus inquilinos? ¿Quién vigila y audita el mercado del alquiler en España? Quede claro que no generalizo. Hay propietarios honrados y serios que marcan la diferencia.
¿Quién controla a la compañía financiera SAREB o ‘banco malo’ que actualmente cuenta con 46.542 viviendas. La función de esta compañía financiera impulsada en 2012 por el ex presidente Mariano Rajoy (PP) es rescatar los capitales más afectados de la crisis de 2008. Compran dichos activos a un precio inferior al que se adquirieron.
¿Para qué ha aprobado recientemente el Gobierno la nueva y ambigua Ley de la Vivienda?
Según prometió el presidente Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter el pasado 16 de abril de 2023: ‘Tras impulsar la primera Ley de Vivienda de la democracia, el próximo martes en el Consejo de Ministros movilizaremos hasta 50.000 viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para alquiler asequible. 50.000 viviendas para los jóvenes y las familias de nuestro país «, aseguró el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE.
¿Por qué el Gobierno no ha encargado un estudio jurídico para debatir y aprobar en el Congreso de los Diputados y el Senado una ley que ampare legalmente incautar a los Bancos las miles y miles de viviendas que tienen bloqueadas con candados en sus puertas?
«En el año 2015, en España existían 389.000 viviendas desocupadas, de las que un 80% estaban en mano de las entidades financieras y el resto las controlaban los promotores que las construyeron para su futura venta».
Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado por el Grupo de Tasación de Inmuebles (Tinsa), que ha analizado el parque de viviendas vacías en los 8.000 municipios españoles.
Con datos actualizados el 30 de junio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra el número de viviendas vacías en España a 1 de enero de 2021 en más de 3,8 millones, el equivalente al 14,4% del total del parque contabilizado por el organismo oficial que, hoy por hoy, se eleva a 26.623.708 viviendas vacías. Esta situación se hace insoportable. Estamos ante un escenario corrompido cuya «política» oscura, grotesca, ineficaz y antidemocratica protege a la banca, a las empresas constructoras y a las inmobiliarias, y deja en situación de desamparo a millones de familias que no tienen un techo.
«Canarias tiene más de 211.000 casas vacías; 110.000 de esas viviendas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y otras 100.000 en la provincia de Las Palmas», según la última publicación del INE.
Nos encontramos ante un drama social muy alarmante: faltan miles de viviendas públicas (VPO), los alquileres son abusivos y desorbitados, se mantiene el paro juvenil y los parados de larga duración.
Hay que construir más vivienda pública. ¿Cuál es el Plan de Viviendas Sociales del Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, para los próximos cuatro años? ¿Cuántas casas se construyeron en todo el Archipiélago durante el mandato del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres? ¿Cuántas personas nacidas o residentes en nuestras Islas se han inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias? ¿Cuántos millones de euros invirtió la consejería de Vivienda y Obras Públicas que gestionaba el consejero Sebastián Franquis (PSOE) en la edificación de viviendas sociales? ¿Qué se hizo, presuntamente, con ese presupuesto millonario? ¿No sería políticamente correcto y «saludable» que el Gobierno del presidente Clavijo (CC) iniciara con urgencia una investigación a modo de auditoría en la consejería de la que fue titular Sebastián Franquis? Auditoría extensiva, por supuesto, a todas las obras públicas. (Y carreteras)
Si el presidente Fernando Clavijo dice y jura que «voy a ser transparente», pues que lo demuestre cuanto antes. Las cuentas, claras y el chocolate espeso, señor Clavijo…
¿Y qué hacer con el mercado de las propiedades privadas vacías o abandonadas por sus propietarios?
Un Gobierno democrático no puede consentir este atraco de la banca que es la que manda en España. La misma que controla todos los poderes fácticos y hasta el Poder Judicial. La misma que quita y pone gobiernos y financia a los partidos políticos para, luego, pasarles «factura» o exigirles que los rescaten con dinero público cuando se ven con el agua llegándole al cuello blanco de sus finanzas.
¿Quién controla «La Cosa Nostra» de ciertos bancos? ¿Controlan los ministerios de Economía y Hacienda el bandidismo bancario?
La vivienda es un derecho constitucional, así lo deja bien claro el artículo 47 de la Constitución Española (CE): «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Pero, no es así. Si el Gobierno no cumple la Constitución, ¿ para qué sirve la Constitución?
Armando Marcos