Charlamos en radio San Borondón con Koldobi Velasco, reconocida activista y profesora de Trabajo Social de la ULPGC, sobre una sanción por 4.400€ a cuatro activistas tras una concentración pacífica el pasado 18 de septiembre para denunciar el asesinato, a manos de la policía marroquí, de una joven migrante que pretendía llegar a Canarias en una patera con otras 35 personas, para señalar la responsabilidad de los gobiernos de Marruecos y España.
Koldobi afirma que este hecho está dentro de una lógica de criminalización de la migración, de la protesta y de los activistas por los derechos humanos, que busca tanto la ley de extranjería como la llamada ley mordaza. “Lo que persiguen es meternos el miedo en el cuerpo y negarnos los derechos básicos, como el de reunión y de libre expresión, indispensables en una sociedad que quiere llamarse democrática”, afirma.
Esta concentración, que se hacía en distintos lugares del Estado, fue planteada como una convocatoria de urgencia dadas las dimensiones trágicas del hecho, delante del consulado de Marruecos, para expresar el rechazo y la denuncia contra este control migratorio, los asesinatos, exigir vías seguras etcétera. Y lo que se encontraron es que la policía abordó a las primeras cuatro personas que llegaron para identificarlas. “Dijeron que por si acaso se producía cualquier problema de desobediencia o de altercado público”. Velasco recuerda que la concentración se produjo de forma pacífica, en forma de fila de personas dejando paso a los viandantes y sin ningún tipo de interrupción de paso de peatones y coches.
Al tiempo, a esas mismas personas les llegó una notificación de iniciación de procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa prevista en el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, vulnerando el derecho de las participantes a la libertad de reunión y de expresión, indispensables en una sociedad que se quiera llamar democrática.
Tras desarrollar una defensa administrativa frente a este ataque y criminalización de la protesta, recurso tras recurso, que han sido denegados, en este mes de Julio, la Delegación del Gobierno ha reclamado el pago de la primera multa, de 720 euros a Koldobi Velasco Vázquez, que indica que van a iniciar una demanda al Contencioso administrativo, con el apoyo de Legal Sol (Defender a quien defiende) y otras organizaciones por la Justicia social y los derechos para todas las personas.
Denunciar a quien denuncia crímenes
Koldobi Velasco indicó en Radio San Borondón que la protesta realizada el 18 de septiembre de 2022, tenía por objeto denunciar que el control migratorio está siendo criminal con las personas y que las fronteras matan, tanto a las personas desaparecidas en el tránsito por tierra o por mar, como también directamente están matando a personas antes de salir del territorio continental africano, como a esta joven asesinada el 12 septiembre del pasado año.
Tal como reportó la ONG Caminando Fronteras, esta mujer recibió un tiro en el pecho por parte de un policía marroquí, que Koldobi Velasco define como “los matones contratados por España y la Unión Europea para la externalización de las fronteras”.
La activista considera que este tipo de hechos brutales constituyen un crimen de estado contra la humanidad, porque han convertido las fronteras en espacio de guerra y de excepcionalidad de derechos y libertades.
En este sentido recuerda que el último informe de Caminando Frontes correspondiente a los primeros seis meses de 2023, documenta 951 personas víctimas en las rutas de acceso al estado español y dentro de ellas 778 en la ruta canaria. “Por eso nosotros denunciamos estos asesinatos y exigimos vías seguras y legales para cumplir el derecho de migrar, así como políticas migratorias de justicia decoloniales y de cumplimiento de derechos y de reparación y restitución a estas familias. Exigimos también un compromiso político para que no vuelva a repetirse este crimen contra la humanidad que se está desarrollando también en las fronteras, y que se depuren responsabilidades políticas y sanciones a quienes dan las órdenes”, explica.
“Y lo que recibimos a cambio por parte del estado son denuncias por expresar nuestro derecho a participar en la libertad de reunión y el derecho a la libre expresión, que son derechos básicos”.