Aunque se vienen notando algunas manifestaciones de mayor inversión en este nivel asistencial de la Sanidad Canaria, cabe decir que la misma además de ser insuficiente, ya que el porcentaje de gasto sanitario público destinado a la AP en los presupuestos para 2023 asciende a solo un 15,40% muy lejos del 25% recomendable, está muy deficientemente gestionada.
Se ha notado el aumento de la inversión en Atención Primaria en cuanto a equipos de atención domiciliaria, aunque limitada a casos puntuales, como también lo es la atención con personal específico a niños con problemas oncológicos. Por otro lado, en el marco de la concertación con empresas privadas del sector se da una inadecuación en la realización de pruebas, por mala gestión de las solicitudes, llegando a triplicarse pruebas, algunas no pedidas, como hacerse una colonoscopia en vez de una gastroscopia, o cambiando una ecografía por una resonancia con contraste en un centro privado… en suma, pruebas no indicadas o de indicación dudosa.
Desde luego, para hacer una gestión eficiente se precisa redimensionar las plantillas, bajando los cupos actuales de 1.500 pacientes por médico de familia a 1.300. En Canarias el personal es insuficiente, con más de un 60% sin una plaza fija, con contratos de días cuando no de horas o meses, con renovaciones constantes que en muchos casos llegan a más de 10 años de contratos encadenados, además con peores retribuciones y precios de alquileres y de la cesta de la compra y donde, a diferencia de otras CCAA, no se hacen ofertas de trabajo periódicas y con prontitud (aquí se ha tardado más de 10 años en resolver los concursos del 2007).
Por parte de la Consejería de Sanidad y de algunos colectivos que la apoyan, se habla de que estamos ante un cambio de modelo, no logramos entender qué supone tal cambio. No se menciona la intervención comunitaria, nos gustaría que se hablara de prevención de la enfermedad, así como de la promoción de salud, que es la forma genuina de evitar la ampliación de las listas de espera y el colapso de las Urgencias.
Lo que oímos nos suena a las clásicas “peonadas”, 50 millones de euros para contentar un poco hasta las elecciones y luego lo de siempre, si no se resuelve la bajada de cupos que señalamos para garantizar la continuidad en la atención a los pacientes por sus médicos habituales, evitándose que estén cambiando constantemente.
También es necesario protocolizar la relación de la AP con la Atención Especializada, de modo que no se tenga a los pacientes como pelotas de ping pong entre el médico de familia y el especialista, cuando este no quiere ver al paciente, retrasando o redireccionando la respuesta a la interconsulta al crear otra petición para la AP…
En cuanto a la saturación de Urgencias, ante una posible epidemia fuerte de, por ejemplo, gastroenteritis o de gripe, se podrá dar el caso, como ya está sucediendo en el Reino Unido, de que muera mucha gente en su casa por no poder ser atendido. Por ejemplo, en el Área Norte de Tenerife (HUC), se están dando esperas medias de 8 ó 9 horas para ser atendidos en el hospital desde que se llama desde el Centro de Salud.
Como se puede ver, estamos ante una situación alarmante que se puede resolver aumentando la inversión en AP hasta el 25% necesario, lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria no llega al mínimo imprescindible. Las deficiencias en la inversión se deben corregir sobre todo cuando la economía canaria creció un 8,2% en 2022, tres puntos por encima de la española, gracias a los privilegios fiscales. Pero debe acompañarse de una gestión profesional, eficaz y eficiente, alejada de su politización, en su peor acepción, que seguimos sufriendo en Canarias. Por cierto, gestión profesional pedida en la ILP que respaldaron 25.000 ciudadanas y ciudadanos de nuestras islas desde el año 2010 (ahora de nuevo en fase de enmiendas en el Parlamento de Canarias gracias a la intervención del Diputado del Común).
También se demandaba en dicha ILP la habilitación de los Consejos de Salud que contemplan las leyes sanitarias para la participación profesional y ciudadana en los asuntos sanitarios como el plan sobre AP de la Consejería de Sanidad que, desde luego, no tiene el aval participativo que debe tener, salvo el de algunos colectivos poco representativos del conjunto de profesionales y mucho menos de la población, auténtica dueña de la sanidad pública canaria.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) consideramos que la pendiente de deterioro que ésta sufre es muy peligrosa, que su causa es la falta de voluntad política parasolucionar un problema del que conocemos sus causas y sus soluciones, financiación y gestión.
Pedimos un compromiso real de todos los Partidos Políticos para sacar a la Salud y a la Sanidad Pública de Canarias del pozo en el que se encuentra, haciendo caso a profesionales y a ciudadanía que en primera línea demandan hechos y no palabras y promesas, pues como decía Esopo “ Las palabras sin hechos son mentiras”.