No podemos extrañarnos si la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso emplea gran parte de los presupuestos de la educación, en apoyar y beneficiar a la enseñanza privada, con becas incluidas para estudiantes de familias con alto poder adquisitivo.
¿La culpa es exclusivamente suya, o de los diversos gobiernos centrales, incluidos los del PSOE que han propiciado este sistema educativo?.
Desde el advenimiento de la democracia hemos tenido nada menos que ocho leyes educativas, empezando por la LODE y siendo la última y aún vigente la LOMLOE (ambas del PSOE) o como igualmente es conocida por Ley Celaá en clara alusión a la ministra que la implantó. habiendo sido con ligeras matizaciones igual a las anteriores, ya que sigue prácticamente intacta la enseñanza privada concertada, muy injusta y arbitraria pues a la misma, no pueden acceder niños y niñas de familias humildes, ni tampoco que sean inmigrantes o de diferentes etnias. Los filtros para acceder a la misma son muy injustos e intolerables.
¿Que pasó con aquella celebre frase que pronunció Felipe González en el mitin de cierre de campaña de las primeras elecciones generales en 1977, celebrado en el antiguo Estadio Insular, cuando dijo: “y quien quiera enseñanza privada, ¡que la pague”!? y todo el público puesto en pie dimos un amplio y muy sonoro aplauso y es que, en nuestra memoria estaba muy reciente la gran discriminación que se hacia con la enseñanza privada, que durante el franquismo estaba en manos de la reaccionaria Iglesia Católica y, se mantenía con todos sus privilegios Incluido el ideario religioso.
Habiéndose introducido igualmente en la enseñanza pública, en donde el profesorado que imparte esta asignatura es escogido y en muchos casos, injustamente despedido por los respectivos obispados, aunque sus nominas son pagadas por las comunidades autónomas o nacionalidades que tienen las competencias en esta materia. Sin embargo, hizo justo lo contrario y nada más llegar en octubre de 1982 a la Moncloa, acordó con la Conferencia Episcopal la llamada LODE (Ley de Ordenación del Derecho a la Educación).
La que fuera ministra de Educación Isabel Celaá como buena católica prácticamente, mantuvo en esos términos inalterable la enseñanza privada concertada. Por eso, no ha sido de extrañar la compensación que le han dado como embajadora de España en el Vaticano. «Seguro que ella solita, logrará desmontar el arbitrario e injusto Concordato que España tiene suscrito con el Vaticano” (ironía).
Lo malo es la hipocresía de los y las dirigentes “socialistas” que no han dudado ni dudan, en aprovecharse de esta retrograda enseñanza puramente privada o privada-concertada, para tener a sus hijos en las mismas. ¿Que podemos esperar con estos ejemplos?. Pues que, simplemente la situación continúe y la reaccionaria Iglesia Católica, siga mangoneando y campando a sus anchas con la enseñanza en este país, que según Pedro Sánchez goza de una democracia plena. Si, ¿pero para quien?.
Los privilegios de la Iglesia Católica van más allá del sistema educativo y abarca muchos otros como por ejemplo: no pagar el IBI (Impuesto Bienes Inmuebles), por sus tantas miles de propiedades. De estas, cerca de 15.000 publicas o privadas usurpadas mediante el instrumento de las inmatriculaciones, habiendo pasado la mayoría a ser ilegalmente de su propiedad y con las que suelen impunemente especular. Estas de carácter ilegal, ¿por qué el Estado no se las confisca y devuelve a sus legítimos propietarios?.
Son muchos más los privilegios que desde hace siglos y hasta la actualidad la Iglesia Católica viene disfrutando, con el objetivo de hacerle el juego sucio a la oligarquía de este país, que tenía a su favor el analfabetismo y atraso cultural y dependencia de sus trabajadores, como bien se expone en la película “los santos inocentes”, salvo el paréntesis que se produjo en la II Republica que, lamentablemente fue una gran ocasión perdida.
Antonio Aguado Suárez