En las próximas elecciones generales se juega, en mi opinión, algo más que la continuidad de un Gobierno progresista o la vuelta al poder del PP, de este PP y de todo lo que le rodea.
Se juega la continuidad de una democracia reconocible en nuestro país.
Desde el éxito de la Moción de censura liderada por Pedro Sánchez, en 2018, la reacción de los sectores conservadores ha sido la de deslegitimarle como gobernante. Estrategia que no ha cesado de radicalizarse a pesar de haber sido revalidado posteriormente en dos elecciones generales.
No puedo atribuir el protagonismo en el diseño e impulso de esta estrategia meramente a la dirigencia del PP. La desproporcionada amplificación que recibe entre los medios informativos, la sintonía en tiempo real no sólo en los enfoques sino hasta en la terminología son altamente indicativos. Hay una apuesta de importantes sectores empresariales y financieros para impedir la continuidad de las políticas que ha desarrollado el actual Gobierno. Y están jugando su carta a fondo.
La deslegitimación de Sánchez y el “sanchismo” es una de las principales líneas de ataque: como si el presidente fuera un okupa, como si no hubiera accedido al poder por medio de las dos vías previstas en la Constitución, la de la Moción de Censura constructiva que materializa la exigencia de responsabilidad parlamentaria al Ejecutivo y la voluntad popular expresada repetidamente en las urnas. La letanía de que Sánchez está dispuesto a todo (hasta pactar con los que quieren destruir España) con tal de permanecer en el poder, repetida hasta la náusea, pretende darle la vuelta a la realidad y a la pregunta que los
hechos suscitan a cualquier observador: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y los intereses que representa para recuperar el poder?.
Un candidato investido a través de la Moción de Censura o que haya obtenido el mayor número de escaños en el Congreso no sólo tiene la legitimidad constitucional para formar Gobierno, sino el deber político de intentarlo. Y una vez formado el Gobierno, la obligación de darle estabilidad parlamentaria para poder aplicar su programa legislativo.
No hay mayor enemigo del régimen parlamentario, como el establecido por la Constitución Española de la que los conservadores intentan apropiarse, que la inestabilidad o el bloqueo.
Es la eficacia el principal factor de fortalecimiento de un sistema de gobierno, de cualquier sistema de gobierno sea democático o autoritario, monárquico o republicano, centralista o federal, de cualquiera. Ni mayor factor de desapego social que la inestabilidad y el bloqueo de la acción de gobierno, porque impiden dar respuesta a las expectativas y resolver los problemas de la ciudadanía. Inestabilidad políticas y desapego especialmente peligrosos para los regímenes democráticos, que no se sustentan en la fuerza sino en el respaldo de la sociedad. El S. XX fue pródigo en experiencias al respecto. La mayor parte, con desenlaces
trágicos para la sociedad democrática.
El PP y los influyentes sectores a los que representa han optado por la desestabilización institucional y el boicot a cualquier decisión del Gobierno, sean cuales sean las circunstancias que haya tenido que afrontar España en estos años. Lo que, a estas alturas, ya no es ninguna novedad.
Para tratar de encubrir esa estrategia han tenido que improvisar un relato que repiten todos los días, en el que eslóganes como “Gobierno social-comunista”, asociado a los “herederos de Eta”, a los “golpistas catalanes”, a Podemos (al que, sin ir más lejos, un editorial acaba de tildar de “incidencia tóxica”) son ingredientes esenciales. Pero ese relato sería intrascendente si los apoyos mediáticos con que cuenta no hicieran sentir a los dirigentes del PP (que tampoco han sido grandes lumbreras en los últimos tiempos) que son dueños de la memoria y del olvido. De forma que da lo mismo lo que el PP haya dicho o hecho en relación a ETA, cuando existía, o a sus “herederos” (Aznar, Maroto…). Son indiferentes las concesiones competenciales, tributarias…hechas por Gobiernos del PP. Nada de eso existió.
El “negacionismo” incorporado a la insurgencia conservadora llega al cénit cuando acusan al Gobierno, un día sí y otro también, de quebrantar la separación de poderes y pretender ocupar el poder judicial y el Tribunal Constitucional. Los acusadores son simplemente quienes vienen quebrantando, en presente continuo, la Constitución para mantener una composición ya caducada de esos órganos que viene de legislaturas pasadas y reflejan, hasta donde la Constitución lo permite, el peso y las preferencias de las mayorías parlamentarias conservadoras de entonces. Y todo para utilizar esas instituciones como ariete contra el Gobierno y su programa legislativo. Peor estropicio a la Constitución, peor daño a la autoridad de esos órganos constitucionales -eso sí, desde los despachos y sin embarrarse en tumultos callejeros- es difícil imaginar. Pero lo estamos viendo, desde hace
más de tres años, en vivo y en directo. Y con una sensación de impunidad que es obscena.
A dónde quiero llegar con todo esto?
Pues ha expresarles mi indignación por el rumbo que la derecha pretende darle a nuestra convivencia, la que ha venido sustentada en los acuerdos de La Transición: que no sólo consistieron en garantizar la unidad de España y la Monarquía parlamentaria, que desde luego; sino la aceptación de las reglas de juego de la democracia, el pluralismo político , los
derechos sociales y laborales, el reconocimiento de la diversidad humana y territorial de nuestro país, el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre las personas y los pueblos de España. Todo eso y mucho más.
Si el PP y los intereses que representa logran mediante esta estrategia recuperar el poder, ¿cuáles serán las reglas de juego a partir de ese momento? ¿valdrá todo en la lucha política? ¿especialmente aquello de que no importa que a España le vaya peor, con tal de tumbar al Gobierno de turno?
Ni el PP va a cambiar en año preelectoral una estrategia que les hace avanzar en las encuestas, a pesar de la inanidad de sus líderes y de sus propuestas, porque un bandazo les resultaría perjudicial para sus objetivos. Y menos en un escenario internacional en el que sin el menor tapujo los grandes poderes de la globalización, que campan a sus anchas,
sin controles ni contrapesos, tratan a la democracia como un mero accidente, un tipo de sociedad y de gobierno perfectamente prescindibles.
No. No nos estamos jugando simplemente un cambio de Gobierno. Sino algo mucho más importante: una convivencia democrática reconocible.
Santiago Pérez, senador en representación de Canarias