La suspensión por parte de Argelia del Tratado de Amistad con España, que data de 2002, como respuesta a la posición fijada recientemente por el Gobierno de España sobre el contencioso del Sáhara Occidental, permite -en mi opinión- ampliar la perspectiva para el análisis del origen, la evolución y la situación de este conflicto.
La respuesta y los intereses de Argelia no son ni más ni menos comprensibles que las estrategias y aspiraciones del Reino de Marruecos en pos de consolidar su soberanía sobre un territorio y un pueblo, el saharahui que, según el Derecho Internacional, tiene derecho a la libre determinación.
En su planta y organización actuales, se trata de Estados “jóvenes” que acceden a la independencia durante el movimiento emancipador que sacudió África durante la segunda mitad del Siglo XX.
Dos Estados vecinos, con tradicional vocación de liderazgo en esta región de África, que han venido protagonizando en gran medida el contencioso del Sahara desde sus orígenes. Y utilizando las estrategias diplomáticas y los medios de acción característicos del Estado. De cualquier Estado, especialmente en su proceso de consolidación. De los Estados de hoy y de los del pasado.
La diferencia entre Marruecos y Argelia consiste en que desde el punto de vista formal, Marruecos es parte del contencioso y Argelia no ha aceptado serlo, a pesar de su extraordinario interés estratégico en cómo sea la solución del contencioso, y de los reiterados ofrecimientos que ha recibido del Secretario General de la ONU. Es más, los representantes de Argelia “declararon una vez más que Argelia nunca sería parte en las negociaciones y que el conflicto no debía vincularse con el estado de las relaciones entre Argelia y Marruecos, ni con el adelanto en la integración regional” (Informe del Sº General 258/2014).
Lo que no ha sido un obstáculo para que el gobierno argelino intervenga en cada uno de los hitos que han jalonado el contencioso, fijando una posición muy pormenorizada, bastante coincidente con la del Frente Polisario, ante propuestas del Secretario General o de sus Enviados personales.
De entre ellas, me llamó la atención que J. Baker se formara la opinión de que “Argelia y el Frente Polisario estarían dispuestos a debatir o negociar una división del Territorio como solución política a la controversia”, según el Informe de K. Annan al Consejo de Seguridad, al notificar su rechazo al proyecto de acuerdo marco (Informe 178/2002).
No menos consistentes fueron las objeciones de Argelia frente al Plan de Paz (Carta del presidente Bouteflika y Memorando, de 26 de febrero de 2003) , que incorporó por primera vez la propuesta de Autonomía como etapa transitoria previa a la celebración de un referéndum de autodeterminación, formulado en 2003 por el entonces Enviado Personal de Kofi Annan, James Baker III. Propuesta que acabó de encallar cuando Marruecos exigió que la autonomía dentro del Reino, cuyo contenido y garantías debían ser acordados por Marruecos y el Frente Polisario, fuera la solución definitiva.
Marruecos aspira a consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental con la misma intensidad que Argelia a la creación de un Estado independiente, liderado por el Frente Polisario, con el que mantendría una asociación estratégica.
En ese contexto, cada uno de los dos Estados esgrime los argumentos políticos y despliega las estrategias que consideran apropiadas.
Desde el punto de vista jurídico, la aspiración de Marruecos choca con el derecho a la libre determinación del Sáhara Occidental, tal y como se desprende de la Resolución 1514/1960 de la Asamblea General. Pero no con las reiteradas Resoluciones del Consejo de Seguridad, adoptadas desde 2007, que admiten que la solución de este conflicto “de larga data”, puede ser alcanzada a través de un modelo autonómico siempre que los saharauis “con garantías firmes” lograsen “tener y conservar un papel predominante en la gobernanza del Territorio” (Informe del Secretario General de NU, de 10 de abril de 2014) y así lo acuerden las partes, mediante una negociación en la que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Y en la que los “únicos jueces” serán las propias partes (Informe de Kofi Annan al Consejo de Seguridad 817/2006) .
De forma que las afirmaciones taxativas de Argelia sobre la ilegalidad de la posición fijada por el Presidente del Gobierno de España son muy discutibles, desde el punto de vista del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad en el ejercicio de sus competencias.
Y las invocaciones a las obligaciones legales de España como “potencia administradora”, que lo fue hasta que notificó y materializó su retirada del Territorio, el 26 de febrero de 1976 -pero que desde entonces no lo es-, carecen de fundamento. La condición de potencia administradora está vinculada a una situación de hecho: el dominio de un territorio sujeto a descolonización sin título jurídico. No he encontrado ninguna resolución de NU que trate a España como potencia administradora desde 1976 y le requiera el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 73 de la Carta; pero sí varios documentos de NU en los que se atribuye esa condición a Marruecos.
Creo que la reacción de Argelia hace aflorar la verdadera complejidad de este contencioso desde sus orígenes y ayuda a entender los obstáculos para resolverlo.
No olvidemos que en los años 70 la situación internacional estaba completamente enmarcada por la Guerra Fría, ni que en ese contexto Argelia y Marruecos estaban respectivamente alineados en los bandos liderados por la URSS y EEUU.
No va a ayudar en nada a colaborar en la solución de este conflicto la ya tradicional demonización “absolutista”, “feudal” y “autoritaria” de Marruecos y de su sistema político. Ni tampoco pasar a escudriñar a partir de ahora a la República de Argelia a la luz de los estándares democráticos de Estados europeos, como el nuestro, con siglos de trayectoria y de haber logrado dificultosamente su unidad nacional, periódicamente vuelta a cuestionar en países como el Reino Unido o en la propia España por movimientos que defienden la independencia de determinados territorios.
El compromiso de la sociedad española contemporánea con la democracia y los derechos humanos y con su promoción a lo largo y ancho del mundo es fundamental y ojalá sea irreversible; pero eso no nos da autoridad moral para convertirnos en jueces implacables de otros países, descontextualizándolos de sus circunstancias históricas, culturales, de su desarrollo económico y social. Y menos, para emplear un doble rasero, en función de nuestras simpatías ideológicas o de cualquier tipo.
Nadie excepto una derecha lanzada al monte, y las fuerzas que propugnan la autodeterminación de Cataluña o Euskadi, dejará de entender una posición del presidente del Gobierno que se sustenta en la voluntad de desatascar este conflicto, cuyo bloqueo al “prolongar el sufrimiento humano en los campamentos es cruel” (Cristopher Ross, Enviado Personal, 18 junio 2010) condena a generaciones de saharauis a no tener futuro, en un contexto de “crecientes amenazas a la seguridad de la Región Sahel-Sahara, incluido el posible nexo en el futuro entre la población de refugiados frustrados y las actividades ampliadas de grupos delictivos, extremistas y terroristas” (Ban Ki-moon, 10 abril 2015), en una Región que parece abocada a ser un escenario preferente de esta Nueva Guerra Fría, a escala mundial, entre el autoritarismo y la democracia.
La Unión Europea, a la que los efectos de la Pandemia y los de la Guerra han empujado a dar pasos de gigante en su proceso de consolidación y federalización, está involucrada en la necesidad de desatascar este contencioso en base a soluciones, al tiempo, realistas y acordes a la legalidad internacional. Y España y su Gobierno están desplegando una política comprometida, y a todas luces influyente, en la hora actual del proyecto europeo y en la necesidad de resolver el contencioso del Sáhara Occidental y de afrontar los problemas relacionados con desarrollo, migraciones e inestabilidad que padece esta inmensa y estratégica Región del continente africano. Y este es el escenario en que se enmarca la posición del Gobierno de España.
España tiene tradicionalmente que sufrir, aunque no sé si nuestra convivencia podrá resistirlo indefinidamente, una derecha que sólo respeta la democracia cuando gobierna. Y cuando no, su agresividad contra el gobierno legítimo tiene cada vez menos límites. Así ha sido y, por lo que se ve, va a continuar siendo con las deslealtades que el “moderado” Feijóo está exhibiendo desde la hora prima.
Por eso es evidente que en las estrategias y respuestas de los gobiernos de Argelia y Marruecos a cualquier iniciativa española que consideren que no coincide con sus intereses, no estuviera calculado de antemano el factor amplificador que en nuestro país va a tener la confluencia objetiva y previsible (por muy diversos que sean sus motivos) entre los dirigentes del PP y estas fuerzas a las que, un día sí y otro también, llaman golpistas y herederos de ETA.
Y el flamante Feijóo no debiera olvidar que Manuel Fraga, un gigante al lado de sus epígonos, se desacreditó ante todo el conservadurismo europeo e internacional cuando -para intentar dañar al Gobierno de España- se negó a apoyar la permanencia de España en la OTAN y propugnó la abstención en el referéndum. Parece que no tienen arreglo.
Santiago Pérez, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias (PSC-PSOE).