Las reformas de los estatutos de autonomía, se llevan a cabo en el Congreso de los Diputados y sus aprobaciones tienen carácter de leyes orgánicas.
Han sido muchos los que se han sometido a este proceso, e incluso en más de una ocasión y por regla general fueron aprobados sin grandes complicaciones.
Pero no ha sido así con el de Cataluña, que no contaba con el necesario consenso y desde sus inicios tuvo en el Partido Popular un férreo detractor, hasta el extremo de recusarlo y llevarlo al Tribunal Constitucional, el 31 de julio del 2006 y éste dirimió y resolvió, según la sentencia 31/2010 del 28 de junio en la que se anulaba 14 de sus artículos. Eso fue el resultado de las campañas burdas de movilización y desestabilizadoras, con manifestaciones y recogidas de firmas incluidas, que desde sus orígenes protagonizó el PP.
Tuvo más virulencia a raíz de la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral de las elecciones catalanas de noviembre del 2003, en las que manifestó que, apoyaría la reforma del Estatuto, que aprobara el Parlamento de Cataluña. Eso lo empezó a materializar al llegar a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de marzo del 2004. Estando al frente en todo su proceso desde 2003 a 2006 Pascual Maragall presidente de la Generalitat.
El 30 de septiembre de 2005 el pleno del Parlamento de Cataluña, aprobó por amplia mayoría de 120 diputados de 135 que componía la cámara . Los 15 restantes en contra fueron del PP. El 30 de marzo de 2006 fue aprobado en el Congreso de los Diputados. El 18 de junio de 2006, fue sometido a referéndum del Pueblo Catalán, obteniendo su respaldo con el 73,90 % de los votos afirmativos, siendo los negativos el 20,76 y votos en blanco 5,3.
En lo que respecta al Estatuto de Autonomía de Canarias, su reforma no ha sido tan compleja ni problemática, habiendo pasado el trámite en el Congreso de los Diputados sin grandes problemas Sin embargo, estos, incomprensiblemente se han originado en el Parlamento de Canarias, que ha incumplido el mandato contemplado en la ley orgánica que explicitaba, la responsabilidad del parlamento autonómico de darle contenido al nuevo estatuto y de que fuera acompañado de una nueva ley electoral. El plazo asignado fue de tres años contados desde su aprobación en Las Cortes el 6 de noviembre de 2018. O sea, que ese plazo se cumplió el pasado 6 de noviembre de 2021 y según parece, desde el Parlamento de Canarias, no se están dando los pasos oportunos y necesarios para que ese mandato se haga realidad.
El nuevo estatuto de autonomía es bastante amplio y muy completo en sus diversos apartados: político, social y económico. Marca las líneas generales y en caso de fijarse medidas concretas y objetivos, podría mejorarse aún más. Pero de todo lo que más sobresale, es lo concerniente a la nueva ley electoral, pues es lo que ha venido condicionando el devenir y bienestar de Canarias.
Por una nueva ley electoral canaria, con circunscripción única regional. Canarias tiene las mejores condiciones para estar a la cabeza de todo lo bueno, de entre las regiones o nacionalidades de España e incluso de gran parte de Europa: el mejor de los climas, paisajes y playas extraordinarias, situación geoestratégica entre tres continentes, Europa, África y América, posibilidad de autoabastecernos al cien por cien de energía alternativa que en la actualidad no llega su desarrollo al 16% y de una suficiente agricultura para el pleno consumo de los canarios y residentes en Canarias y de los turistas que nos visitan, sin tener que disponer para el consumo de productos mayoritariamente importados (más del 80%) haciendo que la nuestra sea la cesta de la compra más cara y de peor calidad en relación a los que desde aquí podríamos producir, aun teniendo el instrumento del REA (Régimen Especial de Abastecimiento), que en teoría fue creado para abaratar los productos importados, pero en la practica está sirviendo para el enriquecimiento de los importadores. Disponemos de un REF (Régimen Económico y Fiscal), que nos debería posibilitar diversificar nuestra economía, haciéndola más competitiva y con una mejor redistribución de la riqueza generada, redundar en un mayor Estado del Bienestar.Sin embargo, estamos a la cabeza pero en lo malo: paro, mayor precarización en el empleo y salarios más bajos, con la mayor cota de pobreza y exclusión social, alto índice de absentismo y fracaso escolar, mayores listas de espera para intervenciones quirúrgicas, atenciones medicas y pruebas radio diagnósticas y analíticas, los peores servicios socios sanitarios, embarazos de adolescentes no deseados y así un largo etc.
Parecería que somos una tierra gafada y sin soluciones, pero si las hay y depende de nosotros y nosotras mismos/as. Aunque siempre es más fácil recurrir al victimismo de afuera con Madrid y su Gobierno Central y no asumir propias responsabilidades. Todo se complicó con el originario modelo autonómico impuesto de la triple paridad por circunscripciones insulares muy desigual e injusto. Para acabar con todo este esperpento y atraso, la “solución” fue reformar la ley electoral y no hacer con todas las consecuencias y garantías una nueva, con circunscripción regional única.La reforma electoral aún vigente, contempló la ampliación del número de diputados de 60 a 70, incluyendo una circunscripción electoral regional de 9 parlamentarios y 1 que completa los referidos 70 se adscribió por el factor poblacional a Fuerteventura. Esto se vendió como un gran logro, para romper la nefasta triple paridad junto a las bajadas de los topes del 30 al 15 insular y del 6 al 4 regional.La mencionada bajada de los topes, podría complicar mucho más la situación llegando a ser peor el hipotético remedio que la enfermedad, con la aparición de más siglas no ya solo insularistas, sino incluso localistas y es que en las islas de Tenerife y Gran Canaria hay zonas y grandes barrios que duplican o triplican en habitantes a islas menos pobladas, fundamentalmente El Hierro y La Gomera. Cumpliendo con los topes establecidos, ¿que impide a lideres populistas localistas presentarse con sus organizaciones políticas a las elecciones y lograr representación parlamentaria?. De ocurrir y producirse una mayor fragmentación en el Parlamento, no cabe la menor duda que la gobernabilidad de Canarias se resentiría aún más.