La Coordinadora Estatal de Pensiones Públicas COESPE a través de un comunicado exige una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social para determinar fehacientemente el importe de las cotizaciones sociales, «saqueadas por los diferentes gobiernos para gastos ajenos a la Seguridad Social»
«El periódico EL País del día 6 de agosto informa de que el gobierno, según el Tribunal de Cuentas, debe resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por la inadecuada utilización de las cotizaciones sociales.
Esa es la punta del iceberg. Tenemos razón las organizaciones de pensionistas al lanzarnos a recoger miles de firmas para exigir una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social.
La COESPE aprobó entregar una carta a los grupos parlamentarios, y a sus diputadas y diputados, exigiendo la realización de una auditoría de la Seguridad Social para así determinar fehacientemente el importe de las cotizaciones sociales, saqueadas por los diferentes gobiernos para gastos ajenos a la Seguridad Social. Con esta práctica incorrecta, hicieron desaparecer los excedentes de cotizaciones que debían nutrir la hucha de pensiones para situaciones de paro y crisis como las actuales.
Igualmente, planteamos en la carta que las diputadas y los diputados exijan al gobierno que impida la continuidad de las manipulaciones contables, consistentes en cubrir las carencias actuales de cotizaciones con préstamos del Tesoro en vez de con aportaciones o transferencias del Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.
Con esta práctica incorrecta los gobiernos ocultan los déficits del Presupuesto del Estado, que a través de los préstamos aparecían en las cuentas de la Seguridad Social como falsas deudas.
Se trata de saqueos y manipulaciones contables ordenadas por las altas instituciones del Estado para tomar indebidamente las cotizaciones sociales de los trabajadores.
Los recursos y cotizaciones que han desaparecido de la caja de la Seguridad Social, que debían haber servido de reservas para tiempos peores, estaban protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del Patrimonio de la Seguridad Social, que pertenece a los trabajadores y ningún gobierno, ningún partido, puede utilizarlo para lo que mejor le convenga en cada momento. Pues su destino exclusivo es atender a las prestaciones de la Seguridad Social y no a otras necesidades.
La clase trabajadora actual y las personas pensionistas, a quienes ahora se les dice que no hay dinero cuando tanto ellas como ellos han cotizado durante más de 30 o 40 años, necesitan saber la verdad.
¡¡Queremos saber la verdad, cuánto dinero han sacado, desde cuándo y hasta cuándo se siguen esas prácticas irregulares y antidemocráticas¡¡
Y, sobre todo, ¿cómo se devolverán? Pues están todo el día diciendo que hay déficit, pero ocultan que lo han causado los gobiernos, con sus políticas de saqueos, sus políticas de reformas contra los derechos laborales y contra los salarios dignos.
¿Debemos acaso acostumbrarnos a que las autoridades y personalidades que deben gestionar lo público incumplan la ley y metan la mano donde no deben?
Como decíamos al principio, la noticia del El País muestra la punta del iceberg. Solamente se refiere a dos tipos de partidas, gastos sanitarios de algunos años y los complementos a mínimos. No se han computado ni intereses, ni las rebajas de cotizaciones por estímulo del empleo, tarifas planas de autónomos, descuentos en cotizaciones o ayudas a la natalidad y la prestación por paternidad o maternidad.
Desde la COESPE manifestamos desde hace años nuestro rechazo al Pacto de Toledo por su papel de teatro que oculta los problemas reales y ahora se va quedando desnudo de argumentos: si la causa de que, en la actualidad, la Seguridad Social tenga menos recursos, se debe al saqueo secular a que se la ha sometido y a las reformas laborales aprobadas que debilitan los salarios, la solución de los problemas no vendrán de lo que conocemos del Pacto de Toledo. Sólo puede venir por la devolución de lo sacado indebidamente y de la derogación de las reformas laborales y de pensiones.
Nuestra iniciativa de exigir al Parlamento el cumplimiento de la ley, sin manipulaciones contables, con transparencia y con una auditoría pública, apunta en el sentido correcto y tomamos la noticia del periódico como un impulso a las movilizaciones, a la IV Asamblea, a la recogida de firmas que apoyarán la carta a los diputados, a las diputadas y a los grupos parlamentarios.
Carta y firmas que, a finales del otoño, con una concentración de pensionistas, de trabajadoras y trabajadores de todos los rincones del estado, presentaremos en las Cortes junto con nuestras reivindicaciones.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden¡»