En materia de costas, el compromiso adquirido por el PSOE con la ciudadanía en las elecciones generales del año pasado consistía en actualizar la Ley de Costas ante la amenaza real que supone el cambio climático, para aumentar la protección y evitar que continúe la actual destrucción de ecosistemas costeros.
Aquella responsabilidad que adquirimos se concreta en parte en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
El Artículo 18 de dicho Proyecto de Ley hace referencia a la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre. Nuestro propósito es que la planificación y gestión de la costa persiga dos grandes objetivos. El primero es incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática, y el segundo consiste en integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española.
Por otro lado, el mismo Artículo 18 recoge que con el fin de garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas tendrá en cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones hidro-morfológicas, climáticas y de dinámica costera, así como la presión acumulada de los diferentes usos que soporta cada tramo de costa.
Con independencia de lo anterior, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante reside en la conciliación de la protección de las costas de nuestro país con las singularidades históricas de su gestión y disfrute por la ciudadanía. Han transcurrido más de treinta años desde que el Gobierno presidido por Felipe González identificaba los problemas en la costa española dando origen, en 1988, a uno de los hitos más destacados de intervención pública: la promulgación de la Ley de Costas.
Las y los socialistas afrontamos entonces el deterioro medioambiental, agudizado por la concentración de población y la permisiva privatización de la costa, así como por el incremento de la actividad económica en esta franja. Con el paso del tiempo, nuestro país se ha ido convirtiendo en una de las primeras potencias turísticas del mundo debido, entre otras razones, a nuestra incomparable ribera del mar. Pero, a la vez, ha ido más la presión sobre el litoral, poniendo en riesgo el uso y acceso público a la costa y su protección ambiental.
El alto grado de ocupación de las costas y el amplio impacto del sector inmobiliario y turístico, el reparto competencial en el litoral, la crisis económica ocasionada por la covid-19 y el calentamiento global nos obliga a revisar las estrategias. La situación actual ya era mala para el propio sector turístico, que se resiente del deterioro territorial y la masificación del litoral, perdiendo competitividad progresivamente frente a otros destinos, en territorios más vírgenes y atractivos. Pero, a la insostenibilidad ambiental se le une la insostenibilidad social, ya que se detecta muchos déficits en el disfrute colectivo de la costa.
Somos conscientes de que es preciso dar otro importante paso hacia la protección y conservación de la integridad del dominio público marítimo-terrestre y de los sistemas litorales y marinos, la garantía del acceso y el uso público de la costa por todos los ciudadanos, y la recuperación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados y a la protección del medio marino. Unido al reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, todo ello nos debe conducir a reenfocar la política de costas mediante un diseño sostenible en lo ecológico y lo económico, equitativo en lo social y participativo en lo político.
Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.