“El Banco de España cifra en más de 12 millones el número de personas en riesgo de pobreza en nuestro país. Las ONG alertan de que el Covid-19 podría arrastrar a la exclusión a seis millones de españoles. La situación es dramática y han lanzado un S.O.S. porque las familias vulnerables y los trabajadores pobres “sufren para comer”. Estos son algunos de los titulares que destacan la mayoría de los medios a los que habría que añadir una crispación política alarmante. En un mismo escenario, un informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) indica que, desde el inicio del confinamiento por la pandemia del Coronavirus, esa “clase media precarizada” es la que ha disparado las demandas de ayuda a Cáritas hasta llegar a triplicarlas en las últimas semanas. La primera y preocupante constatación del Informe FOESSA es que la exclusión social se enquista en la estructura social cada día más desgarradora en nuestro país.
Mientras España registra más paro, más pobreza y más subidas de impuestos abrumadores y desproporcionados a golpe de atraco a los españoles, el Gobierno canario distribuyó 529 millones de euros en subvenciones públicas en 2019. Según el “Comisionado de Transparencia” del Ejecutivo regional, 497 entidades recibieron más de 60.000 euros cada una del Gobierno que preside el “socialista” Ángel Víctor Torres, supuesto inspirador de la construcción de un sofisticado sistema populista de subvenciones generosas, ¿presuntamente camuflado y alejado del cuerpo legal de La Ley General de Subvenciones? Pues, no deja de ser llamativo, sospechoso y casi inverosímil que, entre los subvencionados, figuren sindicatos como UGT, Comisiones Obreras, Confederaciones y Asociaciones de Empresarios, Cámaras de Comercio, equipos deportivos, la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna o Ahumados Canarios, S.A., entre los 12.314 beneficiarios.
El mundo sufre mucho, señor presidente. Y cuando usted, como gobernante, nos envuelve en el manto oscuro de la duda y la sospecha, cabe preguntarle: ¿con qué criterios políticos y administrativos aplica el Gobierno de Canarias la Ley General de Subvenciones? ¿No es hora de debatir en el Congreso de los Diputados la reforma del Régimen Jurídico de las subvenciones públicas que se rigen por Ley 38/2003 de 17 de noviembre, así como el Principio de legalidad, las Bases reguladoras de la subvención, los Requisitos materiales y contenido de las bases reguladoras, la Publicidad de la subvención y otros aspectos legales?
El actual secretario general del PSOE en Canarias es un pequeño monarca al que le está gustando ejercer de pequeño caudillo. La entrega del poder absoluto a una sola persona en el Partido Socialista Canario (PSC) está provocando tensiones internas. Perteneciente a la facción oligárquica del ¿socialismo? neoliberal capitalista de Pedro Sánchez, el presidente Torres se ha convertido en un tahúr del folklore político criollo que representa una socialdemocracia bananera-tropical en un Archipiélago que registra la dramática cifra de 254.981 desempleados, datos oficiales confirmados por el Ministerio de Trabajo con fecha 5/05/2020. Tenemos el desempleo más alto de Europa que debilita y traumatiza aún más la economía canaria.
Ante un retrato social y económico tan devastador, Torres vive en una burbuja mediática retirado de la realidad social cuyo único objetivo es acaparar y controlar el poder personal absoluto. Para ello, parte de su tiempo lo dedica a promocionar su imagen pública utilizando a la folclórica Televisión Autonómica y otros medios afines y “comprados”, presuntamente, con publicidad institucional y otras “artimañas” de oscura o dudosa contratación de la apetitosa tarta publicitaria del Gobierno. Por lo visto, Torres, ignora que el hambre y el paro son las auténticas preocupaciones desestabilizadoras de un país. Sin embargo, parece no ser consciente de esta dramática realidad que provoca abandono social y miseria en la España de los casi cuatro millones de parados. (3.857.773 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados el 5/05/2020).
El presidente de Canarias sabe que la populista política de subvenciones públicas son una eficaz herramienta para abrir las puertas del cielo y perpetuarse en el poder. Su estrategia es contentar a las minorías que manejan las teclas de los diversos sectores económicos en Canarias que son los mismos grupúsculos de siempre, las mismas familias, las mismas camarillas, los mismos apellidos, los mismos clanes, los mismos poderes fácticos que controlan las empresas de la construcción, los concesionarios de automóviles, los negocios agrarios, los transportes aéreos y marítimos canarios, los negocios hosteleros y demás clanes de la avaricia de esta Canarias encanallada.
Y si les apetece encanallarse y cabrearse un poco más, quédense con el siguiente dato que, a lo mejor, les podría provocar un ataque cardiaco o una hemorragia intestinal. Como se sabe, los equipos UD Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, son Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Es decir, hablamos de empresas privadas. Pues, bien: ambos clubes privados también reciben subvenciones públicas del Gobierno. Así lo destaca una cosa a la que el Gobierno Folclórico ha bautizado con el nombre de “Comisionado de Transparencia Canarias en Claro”. (https://transparenciacanarias.org/)
A la Fundación Deportiva Club Deportivo Tenerife, el Gobierno le regala 1.500.000 euros. Por su parte, la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es obsequiada con 1.500.000 euros. Dinero público para negocios privados. ¿Con qué criterios se destinan tres millones de euros de las arcas públicas a dos entidades deportivas privadas cuyo negocio es vender y comprar futbolistas y la venta de entradas a los aficionados para poder hacer caja? El fútbol es un negocio.
Las ayudas económicas o subvenciones de los Gobiernos son el instrumento predilecto de los políticos para hacer negocios, comprar votos y voluntades. Las subvenciones públicas forman parte de la corrupción política que tanto abunda como si fuera la peste negra en la mayoría de las instituciones públicas. Es lo que algunos jueces denominan «Organizaciones Criminales» que actúan desde las entrañas de los aparatos de los partidos políticos, desde los resortes del Gobierno Central y desde los “chiringuitos” de los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Todo un diseño mafioso disfrazado de supuesta solidaridad para beneficiar a amigos, familiares directos e indirectos, empresarios, sindicatos y otras organizaciones que viven del “Plan Marshall del Amiguismo” existente en el Gobierno de Canarias y en otros gobiernos donde se protegen entre sí como si fueran miembros de una secta mafiosa y criminal. En España, las subvenciones públicas se han «institucionalizado» como algo «normal» para distribuir millones y riqueza selectiva no entre las mayorías, sino directamente entre grupos de poder que representan a las minorías conectados con el poder político, la patronal, ciertos medios de comunicación y la complicidad de los sindicatos cada día más desprestigiados.
Uno de los graves problemas que sufrimos los españoles es la desigualdad y las injusticias. Ya se ha alcanzado la dramática y vergonzosa «categoría» de la España del tercermundismo.
¿Cuál es la principal causa de que nuestro país ofrezca cifras alarmantes de hambre y pobreza? Sin duda, la respuesta forma parte de un oscuro entramado político y de una red clientelar de enorme complejidad sindical y empresarial que arranca con la instauración del «régimen de la subvención pública” en todas las Comunidades Autónomas, en los Cabildos y en los ayuntamientos.
Convendría que la Audiencia de Cuentas de Canarias, que es el órgano estatutario dependiente del Parlamento Canario al que le corresponde la fiscalización externa de la gestión econónomico-financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, abriera un proceso de investigación para conocer de manera pormenorizada y transparente con qué criterios se basa el Gobierno de Canarias para repartir tantos millones de euros entre sus conocidos y amigos y otros grupos de interés conectados con el poder político y otros poderes fácticos.
¿A que esperan los partidos de la oposición en el Parlamento Canario y la propia Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, para iniciar una batalla judicial y poner las cartas boca arriba?