El confinamiento a que estamos obligadas tiene consecuencias diferentes para los distintos colectivos sociales.
Y para las mujeres maltratadas que viven con su torturador son las más penosas, porque significa que no pueden huir del encierro a que las medidas sanitarias nos obligan.
Lo más decepcionante es que la protección de esas mujeres no entra en las medidas que imponen los expertos de la crisis sanitaria. Como si se tratara de una parodia, esa que tengo escrita como obra de teatro con el título de Medidas para tiempos de crisis, el Ministerio de Igualdad ha enviado telemáticamente unas instrucciones para que las víctimas primero detecten si realmente son maltratadas o no, dada la ingenuidad, la tontería o la demencia que se les supone, ya que al parecer muchas de ellas reciben insultos y golpes y no se enteran. Después de un muy detallado protocolo de actuación para auscultarse a sí misma y diagnosticar en qué nivel de conciencia se encuentran, el tratamiento que se les prescribe es llamar a un teléfono cuyo número 016 se difunde por la televisión hace años.
Aparte de que el dichoso número comunica constantemente -ya me dijo en la década pasada Blanca Hernández que fue Delegada de Violencia que «era un problema que estaban arreglando»- o ni siquiera contesta, es de suponer que la multitud de llamadas que recibe colapsa el sistema, muchas de las mujeres no tendrán acceso al teléfono o no estarán en condiciones de explicar lo que les sucede desde el domicilio común del maltratador. Un truco que se ha implementado en algunas comunidades, previendo que la víctima no pueda ni siquiera llamar desde su casa, es que acuda a la farmacia y con una contraseña la empleada del negocio sea la que se ponga en contacto con el tal número.
Pero lo que no he conseguido averiguar es lo que sucede después de que la llamada sea atendida. ¿Qué se le aconseja a la mujer necesitada de apoyo y solución? ¿Que tenga paciencia y espere a tiempos mejores o que denuncie a la policía? Si denuncia a la policía, se supone que por teléfono también dadas las restricciones de movilidad que nos rigen, ¿qué sucede después? ¿La policía acude al domicilio? Y allí, ¿qué hace? ¿Interroga al tipo y según las respuestas y las evidencias que observe lo detiene o simplemente abre atestado que pasará, en su momento, a dependencias judiciales, dejando a la denunciante inerme en compañía del maltratador? ¿O si la desdichada se encuentra en grave peligro para su integridad física se la meterá en una casa de acogida? El mundo al revés, la víctima encerrada y el criminal libre.
Si se presenta la denuncia ya conozco el procedimiento. Es el que prevé la ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Violencia de Género. Ambas absolutamente inútiles para proteger a las víctimas de esa violencia. Que no son todas las mujeres maltratadas, porque como ya he escrito hasta la saciedad, según un criterio estrambótico del legislador, las beneficiarias de la susodicha ley únicamente son las calificadas de «género»- término inventado por las feministas anglosajonas y aceptado con un entusiasmo incomprensible por las españolas- que son las que tienen una relación sentimental con el agresor. Las otras, que sólo son mujeres, se agrupan en el innumerable mundo de las madres, las hermanas, las hijas, las cuñadas, las vecinas, las amigas, las amantes esporádicas, las compañeras de trabajo, las desconocidas, las prostitutas. Éstas no tendrán que tener tantas precauciones para solicitar la ayuda de las instituciones del Estado porque la mayoría no suelen vivir con el agresor, pero en cambio tampoco recibirán la ayuda y el consuelo que merecen las «género», porque solo son mujeres.
Dejando aparte este rompecabezas legal, ¿cuál es destino de las «género» que verán atendida su llamada? Si las lesiones y amenazas son calificadas, ¿por quién?, de graves quizá se detenga al agresor, pero si no es así, según el criterio del funcionario que la atienda se esperará a que se celebre el juicio rápido, cuyo resultado es un enigma ya que depende de la declaración del acusado, de la petición del fiscal, de la habilidad del abogado que lo defienda, de la listeza o torpeza de la denunciante relacionada directamente con su cultura, estado emocional, capacidad de expresión o si dispone o no de abogado que la asista. Y mientras todos estos trámites y dispositivos que nuestra justicia democrática dispone para garantizarle al acusado un juicio justo –no tanto a la denunciante- esta permanece ¿dónde? ¿en la misma casa que el denunciado? ¿o tiene que buscarse un lugar seguro por sus propios medios? ¿o debe recurrir a refugiarse en una casa de acogida, último avance de nuestros tiempos modernos?
Miguel Lorente, experto en este tema por su profesión forense que le llevó a concienciarse de la dramática situación de las mujeres víctimas de maltrato, explicaba hace dos días en un debate sostenido telemáticamente en el Partido Feminista, que si bien han disminuido los feminicidios en esta época de confinamiento, sobre todo porque ahora el torturador está satisfecho teniendo a su víctima inerme encerrada con él y entregada a su omnímodo poder, cuando concluya este periodo puede temerse un aumento exponencial de los asesinatos de mujeres porque será cuando éstas puedan intentar liberarse de él.
La satisfacción con que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaba que se reciben muchas llamadas en el 016 porque las mujeres denuncian más, no tiene correlato con las soluciones que les ofrece ese ministerio después de la llamada.
La Ley de Violencia de Género ha sido un placebo, bien inventado, para hacer creer a las mujeres que estaban protegidas. Y una mala ley es peor que ninguna ley. Si no se hubiese aprobado ese engendro, tan alabado, todo el MF estaría unido en la batalla por lograr una legislación que beneficiara a las mujeres y sería de conocimiento público que estamos desprotegidas. Ahora se difunden consignas gubernamentales sobre la eficacia de nuestra Administración de Justicia que engañan a la ciudadanía y el MF permanece inquebrantable defendiéndola.
Esta ley se aprobó en el Parlamento por aclamación y una ley que obtiene el acuerdo de todos los partidos políticos no puede, por definición, ser una buena ley. El criterio de la derecha es bien conocido. Considera que las mujeres presentan denuncias falsas de maltrato para beneficiarse en un juicio de violencia y esquilmar económicamente al pobre marido, que tantas veces ha sido maltratado por ella. Como el género no tiene sexo –y de eso se han valido ahora los del transgénero para «transtocar» los conceptos de mujer y de hombre- los hombres también pueden ser víctimas de maltrato.
En definitiva, para no desorientar más a las lectoras con este relato de los despropósitos de nuestro ordenamiento y procedimiento jurídicos, la Ley de Violencia de Género, tan elogiada y cuidada por sus defensoras desde hace 16 años, ni protege a aquellas mujeres que no tengan vínculos sentimentales permanentes con el agresor ni le garantiza a la denunciante que detendrán al denunciado ni le proporcionará rápidamente una sentencia que le libere de él. Miguel Lorente, que es un hombre honrado, nos explicó que solamente el 5% de las denunciantes logra ver al denunciante en la cárcel. Y fundamentalmente porque no se ha aprobado invertir la carga de la prueba de tal modo que la declaración de la mujer tenga la consideración de veracidad y sea el acusado el que deba probar su inocencia.
Esta reclamación que repito inútilmente desde hace decenas de años, es repudiada con indignación por los juristas, los partidos políticos y los colectivos de hombres maltratadores, asegurando que yo pretendo la persecución nazi de los varones por el hecho de serlo. Ni siquiera las feministas la han apoyado, más temerosas de las críticas de sus enemigos que valientes para defender a sus compañeras.
El MF, con una ingenuidad que no corresponde a su veteranía, insiste en que se cumpla el Pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó por mayoría en el Parlamento hace tres años. No sólo no se ha cumplido, como era fácil prever, sino que el propio Pacto no contempla perseguir eficazmente la violencia que bate a las mujeres. Se limita a dar consejos, proponerse estudiar si es necesario cambiar algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a suprimir el privilegio familiar que le permite a la mujer no declarar contra su marido, y destinar unos cuantos millones de euros a los servicios sociales.
Las feministas insisten en que no se tienen fondos para ayudar a las mujeres y a los niños huérfanos, pero no se proponen frenar la violencia machista ni evitar que haya huérfanos. Todos sus esfuerzos se concentran en lograr una red de servicios sociales municipales mejor dotada, con profesionales preparados y bien pagados. Pero las asistentes sociales y los psicólogos únicamente pueden consolar a las víctimas y darles tranquilizantes. Si se deciden a tramitar la denuncia policial ya conocemos el recorrido que realizará.
Es el caso que esos mismos juristas que tan iracundos se muestran cuando pretendo la inversión de la carga de la prueba en el proceso de violencia machista, ocultan que en la legislación laboral hace un siglo que se aprobó tal ventaja para los trabajadores en sus reclamaciones ante los empresarios, lograda por las luchas sociales que aquellos protagonizaron. Y que, a mayor abundamiento, en la ley denominada pomposamente Ley de Igualdad –aunque sea absolutamente inútil, que nunca se ha sabido de proceso judicial alguno que la tenga de protagonista- también se acepta la inversión de la carga de la prueba cuando la trabajadora sea víctima de acoso sexual en el trabajo.
Pero lo que ya viene a ser escandaloso es que en el proyecto de ley Trans se establece el mismo principio para proteger a toda persona que denuncie ser víctima de transfobia o delito de odio, mientras nunca se ha aceptado en la Ley de Violencia de género. Porque la Ministra de Igualdad está mucho más preocupada por aprobar la ley Trans que por proteger a las mujeres maltratadas cuyo colectivo asciende a más de dos millones.
En esta dramática situación en que nos ha colocado la pandemia todavía se más puede ser más desgraciado que estando encerrado en casa y sin trabajo, que es viviendo con un energúmeno que te apalee, te insulte y te viole, y nadie acuda en tu ayuda.