Arcila reclama a Patricia Hernández que anule el expediente por ser contrario a la leyDenuncia que con los pliegos de la contratación aprobados le resultará más caro al Ayuntamiento la contratación de una empresa que lo que supondría la gestión de las instalaciones deportivas con personal propio
Sí se puede denuncia irregularidades en la licitación de los servicios de conserjería de las instalaciones deportivas municipales de Santa Cruz de Tenerife. Pedro Fernández Arcila, portavoz de la Asamblea Local de la organización ecosocialista en la capital tinerfeña, reclama a la alcaldesa, Patricia Hernández, que anule el expediente, por ser contrario a la ley.
Arcila dirigió un escrito a Hernández a principios de este mes de marzo, en el que le advierte que el proceso empleado prevé que el Ayuntamiento entregue directamente a la empresa licitadora 13.656,34 euros de sobrecoste respecto al costo del servicio en caso de que fuera gestionado de manera directa por la corporación, como ha sido habitual hasta ahora y como corresponde, porque poner instalaciones deportivas a disposición de la ciudadanía y su correcta gestión es una competencia de ejercicio obligatorio de los municipios, según establece la ley.
La cantidad señalada “se aproxima mucho a esos 16.322,98 euros que se entregarán a una empresa como ‘beneficio industrial’”, asegura el portavoz ecosocialista en el documento.
Tras una revisión minuciosa del Decreto elaborado en diciembre de 2019 por la Concejalía de Deportes de Santa Cruz para licitar la prestación externa del servicio auxiliar de portería, control de acceso, uso y recepción en instalaciones deportivas municipales, Arcila concluye que el decreto es “contrario a derecho”, porque no se cumplen dos requisitos fundamentales que la ley establece para que una corporación entregue a una empresa privada la gestión de servicios municipales básicos: la justificación de no disponer de medios propios y la comparación del coste de la prestación del servicio entre la gestión directa y la gestión a través de una empresa externa.
En su documento, la concejalía manifiesta que la corporación no dispone de recursos o medios propios suficientes para hacerse cargo del servicio que se demanda. “Esta afirmación, sencillamente, no es cierta, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí cuenta con medios para hacer frente a las prestaciones del servicio”, destaca el portavoz de Sí se puede. La ley prevé el encargo a empresas externas, aunque las administraciones públicas tengan medios propios, cuando los servicios se incrementen y no pueda atenderse la demanda con esos recursos. Sin embargo, esta situación no se produce en este caso.
Finalmente, el Ayuntamiento no solo no cumple con el requisito legal de justificar la oportunidad de la licitación al no ofrecer una comparación de los costes de los distintos modelos de gestión, sino que opta por el modelo más caro, según los cálculos que ha hecho Sí se puede.
El valor estimado del contrato asciende a 97.937,90 euros, a lo que hay que añadir el IGIC, por valor de 6.365,96, lo significa que finalmente el Ayuntamiento acabaría pagando 104.303,86 euros para cubrir 7.620 horas. En cambio, el mismo número de horas, cubiertas por empleados públicos, le cuestan a la corporación 90.647,52 euros, de manera que con la licitación el Ayuntamiento pagaría 13.656,34 euros de más, una cantidad que se aproxima mucho a los 16.322,98 € que se entregarán a una empresa privada en concepto de “beneficio industrial”.
“Sería inimaginable que el Ayuntamiento, entre una gestión directa o indirecta de un servicio, eligiera la segunda si esta fuera de mayor coste para las arcas públicas y esto es precisamente lo que ocurre en este caso”, concluye Arcila.