Traidor!. No importa que en un pasado, al parecer inexistente, Aznar metiera a España en una guerra ilegal, sustentada en la descarnada mentira de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, en contra de la opinión abrumadoramente mayoritaria de la sociedad española. El traidor es Sánchez.
No importa que algún día un imaginario líder del PP entablara negociaciones con la cúpula del “movimiento vasco de liberación nacional”, es decir de ETA, como es el deber de cualquier gobernante. El felón, Sánchez.
No importa que, en su día, el Gobierno de España —presidido al parecer por un PP fantasmagórico— cediera en el altar de Pujol el 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas. El aventurero es Sánchez.
No importa que el Jefe del Estado —de la Monarquía a la que dicen defender (cuando les conviene)— proponga al líder del partido que ha ganado las elecciones como candidato a la investidura. El usurpador, Sánchez.
No importa que la Junta Electoral Central, que es órgano de la Administración Electoral aunque mayoritariamente esté servido por jueces, cuyas resoluciones son recurribles jurisdiccionalmente y —al estar en juego derechos fundamentales, como el de participación política, aunque su titular sea Torra— hasta en amparo ante el Tribunal Constitucional. El prevaricador de una prevaricación imposible, cómo no, Sánchez.
No importa que la propuesta de 155 permanente, y por tanto la suspensión sine die del derecho a la autonomía de Cataluña, sea radicalmente inconstitucional. El detractor de la Constitución, Sánchez.
No importa que el término nacionalidades, sobre el que cualquier independentista (o hasta el indocumentado Clavijo, el del “Estado Libre Asociado”) puede intentar colgar el derecho a la autodeterminación de las “nacionalidades”, figure en el artículo 2 de la Constitución de 1978. El que está fuera de la Constitución, y con él todo el PSOE, es Sánchez.
No importa que el Pacto constitucional no se sustente sólo, aunque sea su premisa mayor, en la unidad de España como comunidad política y Estado soberano. Que también formen parte inescindible del proyecto de convivencia constitucional la cláusula de Estado Social (y la fiscalidad progresiva que, como en los países europeos, lo hace posible) y los derechos laborales frente a la precariedad y todo tipo de abusos de los contratos en prácticas y
temporales. La amenaza para la Patria se llama Sánchez.
No importa que la Constitución, artículo 92, y la Ley Orgánica 3/1980, reguladora de las diversas modalidades de Referéndum, exijan que para la convocatoria de cualquier referéndum, que no sea de los que formen parte de los procedimientos de aprobación o reforma de los Estatutos de Autonomía o de los de reforma de la Constitución (cuyos textos legislativos requieren previamente mayorías muy cualificadas en las Cortes Generales) sea imprescindible la autorización del Congreso por mayoría absoluta, sea cual sea el ámbito territorial de la consulta. Nada de eso importa. El peligro, Sánchez.
Ni importa tampoco que el Programa del gobierno de coalición subraye que en materia de organización territorial del Estado, el diálogo y las relaciones bilaterales “siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución” (pág. 41, apartado 9.1).
Ni que “El gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa” (pág. 41, apartado 10).
No importa que en el Programa de Investidura se explicite la derogación de la Ley Mordaza (inventada para maniatar la resistencia social frente a los recortes y las desigualdades fruto de las recetas antisociales aplicadas con la coartada de la Crisis). La plena rehabilitación del derecho constitucional de manifestación sólo puede ser obra de comunistas y gente de la misma ralea.
No importa que, como ocurrió en el rechazo a los Presupuestos del Estado para 2019 que determinó la disolución de la legislatura, voten conjuntamente PP, Ciudadanos y la CUP, ni que ahora se les sume Ana “Dramas”. El antisistema por antonomasia, Sánchez.
Nada de todo eso importa.
Pero a mí, y supongo que a muchos demócratas y constitucionalistas convencidos, sí nos importa que Casado —émulo caricaturesco del Gil Robles más protogolpista— nos amenace con que hará “todo lo que esté en su mano” para impedir el establecimiento de un gobierno progresista. Sin molestarse en precisar, al menos, “dentro del marco constitucional”.
Vienen Tiempos Recios, que diría Vargas Llosa. En los que el PP y la peor derecha van a tener muy claro, como el personaje Edward L. Bernays de la última novela vargasllosiana, que “quienes manipulan este desconocido mecanismo de la sociedad”, en referencia a la opinión pública, “constituyen un gobierno invisible que es el verdadero gobierno del país”. Tiempos recios, porque la derecha española siempre está impuesta a convulsionar la vida política desde que pierde el poder. Va en su ADN. Y no les importará que la tozuda realidad les arruine una buena mentira.
Por eso, el nuevo Gobierno —si acaba superando esta artificialmente crispada investidura— necesita el apoyo decidido y exigente de todos los demócratas, progresistas y constitucionalistas. De los de verdad.