Este año 2019, que ahora termina, ha venido marcado en el Estado español por una parálisis institucional preocupante.
Como no menos preocupante siguen siendo los múltiples casos de corrupción, que continúan llevando ante los juzgados a infinidad de políticos de diversos colores.
Paralelamente al descrédito de la vida política, hemos asistido al crecimiento de la ultraderecha española, que intenta hacernos retroceder en derechos y libertades.
En el panorama internacional han aparecido otras formas más sutiles de golpes de estado, como el ocurrido en Bolivia, o antes en Brasil o Venezuela. Todos ellos bajo la protección de las nuevas formas de imperialismo y negocios del presidente Trump y sus desavenencias arancelarias con China.
En Europa, no sólo no hemos avanzado hacia una Europa más social, sino que reaparecen los nacionalismos y la ultraderecha xenófoba colocando a la inmigración en el punto de mira de los miedos con los que manejan la política.
Y, mientras tanto, el Mediterráneo sigue acumulando cadáveres humanos de personas jóvenes que pretendían mejorar sus vidas intentando arribar a las costas de la rica Europa.
La Unión Europea, que ha sido capaz de afrontar de forma unida el Brexit, sin embargo no ha logrado un acuerdo para luchar contra el cambio climático.
Ambos fenómenos, el Brexit y el cambio climático, afectarán al Archipiélago canario, donde el 35% de nuestro PIB y un 40% del empleo dependen del turismo y donde la fragilidad de nuestro territorio insular no está preparada para mitigar y adaptarnos a los efectos de la subida de la temperatura en el planeta.
Sin embargo, en Canarias, desde la perspectiva política, estamos asistiendo a un importante y esperanzador cambio de ciclo. Después de más de un cuarto de siglo, los grupos que conforman el Pacto de las Flores (PSOE, Sí Podemos Canarias, NC y ASG) han aprobado unos Presupuestos de Canarias que no han sido elaborados por Coalición Canaria y sus socios del PP. Otro tanto ha ocurrido en la totalidad de los cabildos Insulares y en los ayuntamientos de las principales ciudades de nuestras islas.
Para poder desarrollar las políticas comprometidas con la ciudadanía, es urgente para Canarias que se conforme el Gobierno del Estado, que haya unos nuevos presupuestos que primen lo social y lo público y que el nuevo gobierno cumpla con lo adeudado con el Archipiélago.
En palabras de Javier Pérez Royo, el sistema político español está paralizado. Se han celebrado cuatro elecciones –diciembre de 2015, julio de 2016 y abril y noviembre de 2019–; unos presupuestos realizados por Rajoy y Montoro, que siguen prorrogados; la mayoría de la legislación son decretos del Gobierno y no legislación emanada del Congreso; tampoco se han renovado los órganos constitucionales del Estado porque exigen una imposible mayoría cualificada como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo.
Todos ellos son claros indicadores de la parálisis constitucional en que nos encontramos.
Desde la mayoría absoluta de Rajoy, el PP decidió inhibirse de la búsqueda de diálogo y negociación para encontrarle una salida razonable al problema territorial en Cataluña. Desde la política se decidió subcontratar al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para que resolvieran el asunto. Y todo ha empeorado.
Con el agravante de las preocupantes contradicciones entre la jurisprudencia europea y la española respecto a los presos políticos catalanes. Un auténtico fiasco que evidencia que algo no se ha hecho bien.
Desde que el 11 de noviembre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaran un preacuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la ‘brunete’ mediática no ha cesado de amplificar los intereses contrarios a este posible Gobierno, donde se han escuchado voces del empresariado, algún militar o incluso servicios de inteligencia que no aceptan los resultados de la voluntad popular y, por tanto no aceptan la democracia, llegando a amenazar con llevar a los tribunales a este futuro gobierno bajo la excusa de que Sánchez es un peligro para la seguridad.
A este coro se han llegado a unir algunos representantes del PSOE. Estamos asistiendo, pues, a una degeneración de la democracia, donde la mayoría de los medios de comunicación, sean públicos o privados, se están comportando como medios al servicio del golpismo, no están cumpliendo la función social del derecho a la información que tiene la ciudadanía, y claramente están posicionados de parte de sectores que temen perder alguno de sus sempiternos privilegios, si se conformara este gobierno de coalición.
Nos mantiene la esperanza de que 2019 ha sido un año con tres importantes movilizaciones: la de las personas pensionistas y jubiladas reclamando dignidad y blindaje de las pensiones; la de las mujeres exigiendo igualdad y seguridad; la de la juventud por el clima, reclamando que se pase del dicho al hecho y haya lugar para la esperanza.
Tres sectores movilizados, que continuarán en 2020, vigilantes y exigentes, defendiendo los intereses de la mayoría social y sirviendo de contrapeso a los sectores minoritarios, pero muy ruidosos, que controlan los medios de comunicación.
En Canarias y en el Estado español en 2020 hay margen para la esperanza y el optimismo.
Manuel Marrero Morales
Portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias