Rodríguez afirma que la ayuda para garantizar los servicios para una vida digna a 60.000 beneficiarios será una de las banderas de la próxima legislatura
La renta canaria de ciudadanía de Nueva Canarias (NC) ha superado finalmente en el Parlamento el veto del Gobierno presidido por Fernando Clavijo. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, confirmó que el debate de la toma en consideración de la proposición de ley tendrá lugar en el pleno ordinario que comienza mañana martes. Rodríguez afirmó que esta ayuda, destinada a garantizar los servicios mínimos para tener una vida digna a unas 60.000 unidades familiares de las islas, será una de las “banderas y principales compromisos” de los nacionalistas progresistas en la próxima legislatura.
A pesar del “insiste empeño” del Ejecutivo en minoría de CC para evitar que se pusiera en evidencia que el 40,2% de la población del Archipiélago en riesgo de pobreza “no es su prioridad”, Román Rodríguez hizo hincapié en que la proposición de ley de NC se discutirá a pesar del último informe negativo a que se debata su toma en consideración. La Mesa, explicó el portavoz, ha hecho prevalecer el derecho de la oposición a la participación política, en base a los antecedentes del Tribunal Constitucional.
Tras referir que esta proposición de ley supone un paso adelante tras los reiterados intentos de NC, durante los últimos años, por poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza, que incluyera recursos para afrontar la exclusión social; Rodríguez consideró que ahora la obligación es mayor ya que se trata de un derecho de la gente reconocido en el Estatuto de Autonomía.
Consciente de que la tramitación de la propuesta será rechazada por la mayoría de CC, PP y la ASG, el portavoz nacionalista manifestó que la creación de la renta canaria de ciudadanía será una de las “banderas y principales compromisos de trabajo” de los nacionalistas progresistas para la próxima legislatura.
Los niveles de exclusión social en el Archipiélago, para Nueva Canarias, “exigen que demos una respuesta y nuestra iniciativa legislativa articula los medios para hacer frente a este grave problema”. Recordó que los potenciales beneficiarios pueden llegar a ser unas 60.000 unidades familiares al final de los tres años de despliegue previstos.
Va destinado, añadió, a la gente que “no pueda sufragar unas necesidades básicas mínimas (agua, luz y comida, principalmente) para tener una vida digna” ya sean pensionistas, desempleados sin prestaciones, trabajadores con sueldos precarios o que se encuentren en riesgo de pobreza.
Recordó que la viabilidad financiera de la renta de ciudadanía está garantizada mediante el rescate de las irresponsables rebajas fiscales del Ejecutivo de CC, apoyadas por el PP y la ASG. También de los recursos del Servicio Canario de Empleo, los servicios sociales y los presupuestos estatales. Éstos últimos, precisó, “obligados a cumplir” con el Régimen Económico y Fiscal (REF), en el que “logramos blindar con nuestros acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 ayudas para combatir la pobreza mientras superemos los niveles medios del Estado”, observó.
El portavoz adjunto, Luis Campos, que defenderá la proposición de ley en el pleno, agregó que la ayuda económica varía entre los 563 euros de base y hasta los 812 euros mensuales en funciòn de los miembros de la unidad de convivencia y que estará condicionada a unos programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario.