El día 8 de marzo, como cada año, se celebra el día Internacional de la Mujer Trabajadora, lo cual no debe convertirse en una fecha más, sino en una oportunidad para elevar el tono reivindicativo en defensa de aquellos sectores más castigados por la triple discriminación: heteropatriarcal, capitalista y colonial.
Ni que decir tiene que, a nivel mundial, las mujeres tenemos menores salarios y más precariedad en la actividad laboral, dobles y triples jornadas, feminización de la pobreza y la enfermedad, menos oportunidades, casi exclusiva responsabilidad de los cuidados, tasas ínfimas de representación, somos violentadas por defender los derechos fundamentales, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual…
En el estado español las mujeres padecen una discriminación estructural dentro del actual sistema, donde el proceso de precarización de la vida nos explota, nos oprime y nos mata. La violencia machista hacia las mujeres persiste y no hay garantías legales, institucionales, ni jurídicas suficientes para poner fin a esta lacra.
En cuanto al desarrollo legislativo, y como prueba práctica de represión institucional, merecen mención solidaria las mujeres catalanas inculpadas por motivaciones políticas que se encuentran en prisión o procesadas en libertad y que ahora se juzgan. La exigencia de libertad para ellas y del conjunto de presos políticos soberanistas debe comprometer a todos los demócratas.
Además, el descuelgue de la negociación colectiva auspiciado por las sucesivas reformas laborales, deja sin efecto y en manos de empresarios sin escrúpulos la conciliación de la vida laboral y personal que favorezca la formación y promoción profesional.
Ejemplo clave de ello, lo tenemos en la nación Canaria, que como producto de un trato segregacionista y con una clase política criolla súbdita, las mujeres sufrimos y debemos luchar contra la triple discriminación: capitalista, heteropatriarcal y colonialista, en una situación socioeconómica con niveles de paro y pobreza que superan con mucho la media del estado español. No se habla de un marco Canario de Relaciones Laborales ni de una Ley de Residencia que permitan dignificar las condiciones de la clase obrera, sobre todo en el monocultivo de la Hostelería (Sector Servicios) en el que el número de mujeres es mayoritario. El modelo de desarrollo implantado desde el exterior, ha echado por tierra al sector primario, la defensa del medio ambiente y del territorio, empobreciendo nuestra soberanía alimentaria y las condiciones de vida en el medio rural, también con alta presencia de mujeres. Por otro lado se descapitaliza el acceso a una Sanidad pública, universal y gratuita y los índices de fracaso escolar contribuyen a perpetuar la discriminación.
Además de abogar por la erradicación definitiva de la violencia de género, debemos exigir que las mujeres tengamos derecho a la igualdad laboral, para lo que también es necesario exigir la elaboración y aplicación efectiva de los planes de igualdad y el desarrollo para Canarias de un Marco propio de Relaciones Laborales para construir una sociedad paritaria, libre y socialista. Abogamos, en definitiva, por un 8 de marzo de clase, combativo y de transformación social y nacional canario.