La incorporación de un relator-mediador-notario en una mesa de partidos no tiene, en mi opinión, particular entidad objetiva; pero tiene total trascendencia en medio de un clima de confrontación civil, como el que vienen tratando de crear “los más resueltos de sus miembros” (Elliot, sobre la revuelta de los catalanes de 1640) del independentismo catalán y de la derecha española.
Sobre todo, cuando quienes pregonan la noticia son una ministra y una consejera. Es decir, los Gobiernos.
El uso que pueda hacer el adversario de una decisión o de un mero gesto es algo que se aprende en la EGB de la política y, por tanto, debe saberlo un gobernante. Sobre todo cuando el adversario tiene una gran potencia de fuego mediático, como tiene la derecha aunque esté en la oposición. Así es la vida.
Debía saber también el gobernante que sus virginales predecesores que nombraron mediadores eclesiásticos o laicos para negociar con ETA en Euskadi, Francia o Argel –porque pensaron que era necesario– podían sumarse al coro.
En realidad, Sánchez, los independentistas y el bloque de las derechas están pensando en los Presupuestos: para sacarlos adelante, para aprovechar la negociación presupuestaria sacando contrapartidas a favor del procés o para impedir a toda costa que se aprueben. Porque Torras-Puigdemont saben que si se aprueban se les irá de las manos un gran instrumento de chantaje. Y el PP-Ciudadanos y la compaña, que tendrán gobierno PSOE para rato. Y Sánchez también lo sabe; pero parece que algunos “barones”, no.
El enfrentamiento político actual nació y se mantuvo como conflicto de baja intensidad durante varios años, abanado por el gobierno nacionalista de la Generalitat y por el PP desde el gobierno de España sencillamente porque les convenía: para tapar los casos de corrupción que les anegaban y los recortes sociales a los que ambos gobiernos se aplicaron con mal disimulado deleite. Y así hasta que se les escapó de las manos.
Entonces aparecieron los más resueltos de los dos bandos, la CUP y Ciudadanos-ahora-Vox para hacerse con las riendas del asunto. Y los que acunaban plácidamente aquel conflicto se han visto arrastrados. Siempre ocurre así.
El Pacto constitucional tiene como base la unidad de España, pero no termina ahí. Incluye, entre otros asuntos cruciales, el establecimiento del Estado Social y el sistema parlamentario como forma de gobierno.
Desmontar el Estado Social o negar la legitimidad de un presidente elegido a través de una moción de censura constructiva, son también graves quebrantos del orden constitucional. Que Sánchez es un okupa empezaron a decirlo Casado y Rivera. Ahora es Vox quien se ha apropiado de ese eslogan, que es el verdadero objetivo de la “mani” del domingo transporte- gratis-paga- PP: echar al okupa de la Moncloa.
Esa manifestación es fruto de un acuerdo, como lo son la nueva mayoría y el gobierno andaluz o la elección de un diputado de VOX para presidir la comisión parlamentaria que se ocupará de la Memoria Histórica en Andalucía.
Un acuerdo vergonzante entre Albert Rivera y Abascal como los de Andalucía, que Casado (cada vez más una patética caricatura de Gil-Robles que otra cosa) propone para todo el mapa institucional español. Y el PP ha sido y va a seguir siendo el mediador-relator-notario de esos acuerdos. Pero hay mediadores buenos y malos. Los designados por la derecha, los buenos: aunque el objeto real de la manifestación sea echar a un gobierno legítimo, como proclama Abascal. Un objeto tan contrario al orden constitucional como la secesión unilateral de un territorio. Porque la gravedad de un fin contrario a la Constitución no se mide al peso, como el queso o el jamón en el mercado, sino cualitativamente.
Yo tampoco iré a la manifestación.