La elaboración y posterior aprobación, si se dan las condiciones y el Gobierno cuenta con apoyos suficientes, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 está centrando buena parte de la agenda política, y lo continuará haciendo en los próximos meses.
Tendrá consecuencias en la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, quien puede ver reducidos los apoyos parlamentarios que recibió en la moción de censura que le llevó a la Presidencia. La permanencia de la crisis territorial catalana sobrevuela, también, sobre los presupuestos.
El nuevo proceso se abre tras dos cuentas públicas estatales, las de los años 2017 y 2018, en las que una buena gestión de la aritmética parlamentaria ha beneficiado mucho a Canarias, permitiendo que se corrigiera de manera significativa el maltrato padecido en años anteriores, especialmente al conseguir separar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los de la financiación autonómica.
Posibilitó que se superara el enorme déficit que nos causó la financiación aprobada en 2009 y nos colocó cerca de la media del conjunto de las comunidades. Además de consolidar importantes logros en movilidad y recuperar planes y convenios. Habrá que estar muy atentos en el nuevo período para consolidar lo avanzado en estos años.
Artículo 135
Continúan presentes los condicionantes que trajo la reforma constitucional que el PSOE y el PP impusieron, de forma exprés, el verano de 2011. Me refiero a la aprobación, sin refrendo de la ciudadanía y auspiciada por las presiones de algunas potencias europeas y de los mercados, de la reforma del artículo 135 de la Constitución. La misma reforma que da sustento a las políticas de austeridad y recortes que tantos estragos sociales han causado, que tanto daño han infligido a los servicios públicos, y cuyas consecuencias se siguen y se seguirán percibiendo.
En Nueva Canarias (NC) hemos venido defendiendo que se blinden en la Carta Magna los servicios públicos y los derechos ciudadanos, y no la deuda y el déficit, que sólo benefician intereses de minorías; eliminando, por tanto, el actual contenido del artículo 135.
En desarrollo y aplicación de esa auténtica contrarreforma constitucional neoliberal que supone el reformado artículo 135 vendría, posteriormente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada en febrero de 2012. En su articulado se establecen límites al déficit estructural y a la deuda pública, fijándose, así mismo, un techo de gasto para las administraciones públicas.
En el período reciente, hemos pasado de una larga etapa de recesión a varios años de crecimiento económico y de generación de empleo, aunque éste sigue siendo muy precario. Considero que la ley de estabilidad debe ser reformada de manera significativa. En su actual formulación constituye, en mi opinión, un importante freno para el crecimiento de la economía y del empleo.
Austeridad y recortes
Las medidas adoptadas al amparo de la nueva redacción del artículo 135, las políticas de austeridad y recortes han causado durante varios ejercicios un enorme daño a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales, que perdieron relevantes partidas económicas y redujeron personal. Se vio gravemente afectada la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos y ciudadanas y disminuyó sensiblemente los niveles de equidad social.
Desde NC hemos venido reclamando que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Posición en la que insistimos en medio del presente debate presupuestario. Nos parece, además, que en el actual marco de crecimiento económico hay que revertir la situación creada.
Entendemos que las propuestas de los cambios en el Plan de Estabilidad pactado por el Gobierno de Sánchez con la Comisión Europea mejoran modestamente la situación anterior, pero siguen insertas en la restrictiva normativa vigente. Coincidimos con el Ejecutivo estatal en que resulta tan conveniente como justo acabar con una norma, con grandes visos de inconstitucionalidad, impuesta por el PP: la que permite que el Senado pueda vetar el techo de gasto propuesto por el Gobierno, cuando en la legislación española existe una preeminencia del Congreso sobre la Cámara Alta; constriñendo además la potestad del Ejecutivo reconocida en la Constitución, de elaborar y presentar los presupuestos.
En la ley de presupuestos estatales de 2018 ya se incluyó la posibilidad de disponer del superávit de 2017, pero a las comunidades autónomas sólo se les permitió utilizarlo en inversiones financieramente sostenibles, excluyendo la opción de destinarlas a gasto corriente.
Considero que hay que dar un paso más. Es preciso lograr que, por ley, se establezca un nuevo marco diferenciado del reparto de la regla de gasto. Para que las administraciones públicas -tanto comunidades autónomas como entidades locales e insulares- que cumplan con los objetivos de déficit y de deuda pública acordados, así como con los plazos de pago a proveedores establecidos legalmente y que presenten superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional; puedan aplicar dicho superávit, en su totalidad, a la financiación de los servicios públicos y competencias que tengan atribuidas.
En el caso de Canarias, si se consiguieran esos justos objetivos de utilización del superávit de la comunidad y entes locales, supondría contar con significativos recursos añadidos para afrontar la grave situación social de unas Islas que, pese a la mejora global de los parámetros macroeconómicos, siguen presentando elevados niveles de pobreza y exclusión social, así como los peores servicios públicos.
Resulta, cuanto menos, incoherente que el Gobierno canario exija también ese uso del superávit para educación o sanidad. Por varias razones. Contrasta, por ejemplo, con su actitud cuando en 2016, con los servicios públicos peor financiados que hoy, se negó a dedicar un solo euro de los 160 millones de euros del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) a mejorar la situación sanitaria, educativa y de los servicios sociales. Prefirió gastarlo en plazas, farolas y aparcamientos.
Además, no resulta de recibo que el Ejecutivo de CC, al tiempo que reclama esos recursos al Gobierno estatal, exigencia que compartimos y apoyamos; anuncie oportunistas rebajas fiscales que reducen los ingresos de la comunidad canaria. Este planteamiento merma las posibilidades de rescatar los servicios públicos y conseguir que respondan a las exigencias de la ciudadanía, a las demandas de sus profesionales y, en definitiva, a la mejora de los niveles de bienestar de nuestra comunidad.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.